La provincia de Santa Fe impulsó la idea de crear un fideicomiso financiado con un cargo de 1,5 dólares por cada tonelada que ingrese a los puertos del Gran Rosario. El objetivo es financiar obras de infraestructura vial para garantizar el acceso de los camiones a esa zona portuaria, hoy afectada por caminos en mal estado. La iniciativa busca, además, reemplazar tasas municipales existentes y fijar que las exportadoras —no los productores— sean las responsables de absorber ese aporte. La propuesta abrió un fuerte debate con entidades del agro y municipios involucrados; el proyecto aún está en diálogo y, en caso de aprobarse, no se implementaría antes del segundo semestre de 2027.
Qué propone el fideicomiso y por qué
La idea central es crear un mecanismo financiero específico —un fideicomiso— alimentado por un aporte de 1,5 dólares por tonelada que entre a los puertos del Gran Rosario. Los fondos se dedicarían exclusivamente a obras de infraestructura: pavimentación, mantenimiento de rutas de acceso, señalización y obras complementarias para mejorar la circulación de camiones y reducir el desgaste de la red vial local.
La motivación oficial es clara: la infraestructura actual no soporta de manera adecuada el volumen y la naturaleza del flujo pesado de camiones vinculados a la actividad exportadora. Con la previsión de un mayor tránsito por la profundización de la hidrovía y el crecimiento de las exportaciones, el déficit vial podría agravarse, afectando costos logísticos, tiempos de carga y seguridad vial.
Quién pagaría y quién se beneficiaría
El diseño planteado por la gobernación implica que el cobro recaiga sobre las toneladas que ingresan a los puertos y que el aporte sea abonado por las empresas exportadoras. Además, la gobernación asegura que, de materializarse, el fideicomiso permitiría eliminar algunas tasas municipales que hoy gravan la actividad y que son percibidas por los municipios por donde pasan los transportes. En teoría, esto implicaría una reordenación de cobros en la cadena logística: un cargo único —administrado por un fideicomiso— en lugar de múltiples tasas locales.
Los beneficiarios directos serían los conductores y las empresas de transporte, la cadena logística exportadora y, en términos generales, la competitividad de los puertos del Gran Rosario. Indirectamente, se verían beneficiados los productores agropecuarios si el costo no fuese trasladado íntegramente a ellos; sin embargo, esa condición es uno de los puntos de conflicto.
Reacciones del campo y de las entidades rurales
La propuesta generó un rechazo inmediato por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Rosario (SRR). Estas entidades interpretan que se trata de un nuevo costo para el sector productivo, en un contexto en que los productores ya soportan una elevada presión impositiva, en particular por las retenciones a las exportaciones. Su preocupación principal es que el aporte termine trasladándose a los productores a través de cadenas de comercialización o tarifas logísticas, incrementando los costos de la actividad agrícola y ganadera.
Por su parte, representantes de exportadoras y cámaras vinculadas al comercio exterior —entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)— mantuvieron reuniones con la provincia para conversar sobre el diseño. Esas conversaciones buscan evitar impactos adversos en la competitividad de la cadena exportadora y establecer mecanismos de administración y transparencia del fideicomiso.
Diálogo institucional y etapas previstas
Hasta el momento la Provincia avanzó en dos reuniones: una con las cámaras y entidades relacionadas con la exportación y otra con los municipios por donde transitan miles de camiones hacia los puertos (Timbúes, General Alvear, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Puerto General San Martín, entre otros). Está prevista una tercera reunión con representantes del sector agropecuario y de los acopios para intentar consolidar una propuesta consensuada.
Cristian Cunha, secretario de Cooperación de la Gobernación de Santa Fe, aclaró que la iniciativa aún está en diálogo y que su implementación no sería inmediata. En el mejor de los casos, si se aprobara, la aplicación no ocurriría antes del segundo semestre de 2027, lo que deja margen para negociaciones técnicas, jurídicas y políticas.
Puntos críticos y riesgos políticos
– Traslado de costos: la mayor inquietud es que el aporte termine siendo transferido del eslabón exportador al productor, ya sea vía menores precios pagados en origen o mediante aumentos en tarifas de servicios logísticos. La credibilidad de la promesa de que las exportadoras absorberán el aporte será clave para la aceptación.
– Competitividad: cualquier cargo adicional por tonelada podría afectar el atractivo de los puertos del Gran Rosario frente a otras alternativas logísticas regionales, además de incrementar costos para empresas que operan en mercados internacionales competitivos.
– Transparencia y administración: la forma en que se administren los fondos del fideicomiso, su gobernanza y control serán determinantes para evitar desvíos, mala gestión o percepción de opacidad.
– Reemplazo de tasas municipales: aunque la eliminación de tasas locales puede simplificar la cobro, los municipios preocupados por sus recursos exigirán garantías sobre cómo se compensará la pérdida de ingresos y cómo se priorizarán las obras.
Beneficios potenciales si se logra consenso
– Mejora en la infraestructura de acceso: mejores caminos reducirían tiempos de transporte, costos de mantenimiento de vehículos y accidentes viales.
– Mayor eficiencia logística: un acceso más fluido optimiza la operativa portuaria y puede traducirse en menores costos logísticos por tonelada.
– Ordenamiento de cobros: un mecanismo único y transparente puede reemplazar multiplicidad de tasas locales, simplificando trámites y reduciendo litigios.
– Preparación ante mayor tránsito: con la proyección de mayor calado en la hidrovía, la infraestructura preventiva es una inversión estratégica para sostener volúmenes crecientes de exportación.
Qué sigue y qué esperar
El proceso seguirá en la mesa de diálogo entre la provincia, cámaras exportadoras, entidades del agro y municipios. La negociación técnica tendrá que despejar cómo se instrumenta el cobro, quién administra los fondos, cómo se garantiza que el costo no recaiga sobre los productores y qué mecanismos de control y transparencia se aplicarán. Policías de implementación, cronogramas de obra y compensaciones a municipios serán temas centrales.
Para quienes siguen la agenda agroindustrial y logística del país, la propuesta de Santa Fe es una señal del intento por resolver cuellos de botella viales críticos para la cadena exportadora. A la vez, expone la complejidad de equilibrar financiamiento de infraestructura con la presión fiscal y la competitividad del sector exportador. El acuerdo final, si llega, marcará un precedente sobre cómo se financian y gobiernan obras vinculadas al comercio exterior en regiones clave como el Gran Rosario.
