El ministro de Agricultura, Luis Basterra, reconoció que a partir de septiembre estará cerrado el sistema para el pago de compensaciones a productores de soja de hasta 1.000 toneladas, anunciadas en marzo y que beneficiará a 42.406 productores, que tributarán entre un 20 y 29%. De acuerdo a la segmentación determinada por el Gobierno, en cosechas de soja de 501 a 1.000 toneladas seguirán pagando el 30%; el 33% será sólo para las que superen ese volumen, es decir, unos 14.884 agricultores, que concentran el 77% de la producción total de la oleaginosa.
En el marco de una jornada virtual organizada por ACsoja, la entidad que nuclea a la cadena de valor de este cultivo, el funcionario señaló que el diferencial en los derechos de exportación en la cadena agroindustrial es una herramienta que “genera un efecto de inducción” a la industria para potenciar el desarrollo y sostuvo que buscan un punto intermedio que permita generar una relación virtuosa en la cadena. En la actualidad, el esquema de derechos de exportación en soja es del 33% para todo el complejo.
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En el evento, el presidente de la entidad anfitriona, Luis Zubizarreta, expresó el pensamiento de la cadena sojera, al sostener que “las retenciones no son un buen impuesto”; pero reconoció que la baja de este tributo se debe implementar de manera gradual, para “que la recaudación no sufra”. En este punto, la postura del directivo coincide con el trabajo conjunto implementado por el Gobierno nacional y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en donde sus referentes dejaron en claro que, al menos en el corto plazo, la idea de “retenciones cero” no es viable.
El secretario de Alimentos del Ministerio de Agricultura, Marcelo Alós, destacó que si bien la cadena sojera agrega valor a una gran parte de su producción granaria, hay ítems en los cuales se puede das una vuelta de tuerca, como el caso del biodiésel. Este sector, al igual que el bioetanol elaborado en base a maíz y caña de azúcar, atraviesa un escenario complejo, signado por la faltan de un precio de referencia y la incertidumbre por el futuro marco regulatorio de la actividad.
Con una Ley de Biocombustibles que vence en mayo del próximo año, el funcionario señaló que una posibilidad para abrir el juego a esta cadena de valor radica en el incremento del porcentaje obligatorio de corte, que en el caso de biodiésel es del 10%. “”El sector tiene la facilidad para absorber un aumento”, sostuvo Alós. De acuerdo a estadísticas privadas, el biodiésel cuenta con una capacidad instalada cercana a los 4,5 millones de toneladas y en 2019 cerró con una producción de 2,2 millones de toneladas, de las cuales un 50% se destinó al mercado externo.
El punto de coincidencia entre los empresarios de ACsoja y los funcionarios nacionales fue la necesidad de agregar valor a la producción primaria, con el objetivo de diversificar destinos y aumentar el ingreso de divisas. Además de una revisión en materia de política tributaria, la cadena sojera remarcó la necesidad de contar con acceso al crédito, seguros agrícolas, incentivos fiscales para el uso de fertilizantes y una nueva ley de semillas.
