El Gobierno impulsa una modificación normativa que busca permitir un mayor porcentaje de ventas de tierras argentinas a manos extranjeras, una iniciativa que provocó controversia incluso dentro del propio oficialismo.
El texto que concentra la polémica se conoce como proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada” y debía tratarse en el Senado, aunque el debate se postergó hasta el 6 de agosto después de que La Libertad Avanza (LLA) admitiera no contar con los votos necesarios.
De qué se trata el proyecto y quién lo impulsa
El núcleo de la propuesta es reformar la regulación vigente sobre adquisición de suelos por extranjeros para ampliar los márgenes de compra y delegar decisiones sobre rechazarlas a las provincias o al gobierno nacional.
El impulso legislativo proviene del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y fue motivo de fuertes reparos tanto en el Congreso como en los sectores rurales organizados.
Por qué importa: soberanía y seguridad
Para la Federación Agraria Argentina (FAA) la aprobación del proyecto significaría un impacto negativo sobre la soberanía nacional y la seguridad, especialmente por la eliminación de restricciones en zonas fronterizas.
Esas preocupaciones alcanzan también a la gestión de recursos estratégicos y a la capacidad del Estado para regular el uso del suelo en áreas sensibles del país.
Críticas puntuales de la Federación Agraria
La FAA, presidida por Andrea Sarnari, denunció que el texto eliminaría límites establecidos por la ley vigente y dejaría la facultad de control en manos que podrían favorecer la concentración de tierras.
Además advirtieron que la norma desestima las protecciones para las tierras con cuerpos de agua, lo que comprometería no solo el suelo sino también los recursos hídricos.
Consecuencias para productores y mercados
Productores regionales y entidades del interior temen que un mayor ingreso de capitales foráneos derive en procesos de concentración que afecten el arraigo y la viabilidad de los pequeños y medianos productores.
La transferencia de derechos sobre tierras productivas también puede alterar cadenas de valor y la estructura de propiedad en rubros clave del sector agroindustrial.
Marco legal e historial
La ley 26.737 de 2011 fue diseñada para poner límites y condiciones a la adquisición de tierras por extranjeros y contó con el apoyo de parte del sector agropecuario por considerarla protectora.
En el pasado el Ejecutivo ya intentó derogar la norma por DNU, por lo que el actual proyecto reaviva un debate legal y político que no es nuevo.
Qué puede ocurrir en el Senado
El retiro temporal del tratamiento por falta de votos deja en evidencia la existencia de tensiones internas en la coalición oficialista y la necesidad de buscar apoyos para el próximo intento en el recinto.
Los Senadores deberán ponderar la atracción de inversiones frente a las advertencias sobre soberanía, seguridad y ordenamiento territorial cuando se reanude el debate el 6 de agosto.
Qué debería observar la sociedad
Los ciudadanos y los actores rurales deben seguir con atención si el proyecto incorpora salvaguardas sobre zonas fronterizas, cuerpos de agua y mecanismos que eviten la concentración de tierras.
Estos puntos son relevantes porque afectan la seguridad alimentaria, la disponibilidad de recursos y el futuro de las comunidades rurales.
La FAA ya anticipó su rechazo y reclamó a los legisladores que no avalen una iniciativa que, a su juicio, atenta contra los intereses nacionales y la producción local.
En los próximos días el Senado tendrá la oportunidad de transparentar el diálogo, incorporar modificaciones y definir si prima la apertura a capitales extranjeros o la defensa de límites regulatorios en el acceso al suelo.
