Gobierno convoca a la Mesa de Enlace para presentar borrador sobre UPOV‐91 y control de semillas

El Gobierno citó a la Mesa de Enlace a una reunión el próximo lunes para entregar un proyecto de ley que impulsa la adhesión al convenio internacional UPOV‐91 y una actualización del régimen de propiedad intelectual sobre semillas. Al encuentro asistirán representantes de las entidades rurales junto a funcionarios de la Secretaría de Agricultura —encabezada por Sergio Iraeta—, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari. También participarán autoridades de CREA, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

Según fuentes del sector, la convocatoria será sobre todo una instancia de presentación formal: el Ejecutivo expondrá el texto inicial y abrirá el diálogo con las organizaciones antes de avanzar con su envío al Congreso. Las entidades rurales ya habían acercado en marzo una propuesta propia para ser analizada en la mesa de trabajo que se mantiene desde la última edición de Expoagro.

Postura de la Federación Agraria y foco en INASE

La Federación Agraria Argentina (FAA) estará representada por Andrés Domínguez; su presidenta, Andrea Sarnari, confirmó que no podrá asistir. Desde la FAA se pone el acento en fortalecer a INASE como órgano de control: reclaman mayor presencia territorial, capacidad de fiscalización y medidas concretas contra el circuito informal de semillas, conocido como “bolsa blanca”.

La FAA plantea que el uso propio de semillas —práctica permitida— debe diferenciarse claramente del comercio informal que deriva de fallas en los controles. Por eso exigen primero consolidar al organismo público antes de delegar funciones de inspección a actores privados, aunque aceptan colaboraciones puntuales en áreas técnicas como laboratorios donde el Estado podría complementarse con el sector privado.

Fuentes del sector recuerdan además que INASE no cuenta desde hace años con un consejo directivo completo, una estructura prevista por la ley que, sostienen, limita la institucionalidad del organismo.

Qué propone el Ejecutivo y los puntos en debate

El proyecto del Ejecutivo apuntaría a alinear la normativa argentina con UPOV‐91, un convenio que refuerza la protección de los obtentores de variedades vegetales y que suele incluir mecanismos de pago por el uso de tecnología en semillas. Ese enfoque abre el debate sobre cómo equilibrar los derechos de los criadores con las prácticas tradicionales de los productores, como el uso propio.

Las organizaciones rurales han planteado un esquema de compensación que busca combinar reconocimiento de la propiedad intelectual con facilidades para el agricultor: permitir que el productor guarde semilla adquirida legalmente para multiplicarla hasta tres veces, con la opción de pagar la retribución al momento de comprar la bolsa o mediante un mecanismo posterior; un umbral de exención de hasta 500 hectáreas por tres campañas; y soluciones “incrementales” que obliguen a tributar solo por el volumen adicional cuando la superficie sembrada aumente respecto de la original.

En la discusión también está la propuesta, mencionada públicamente por el ministro Sturzenegger, de transferir parte del control a contratos con privados. Las entidades rurales no descartan acuerdos puntuales, pero insisten en que el control en territorio debe seguir siendo responsabilidad central del Estado a través de INASE.

Implicancias para productores y la cadena de semillas

La adhesión a UPOV‐91 y la reforma del régimen de semillas pueden tener consecuencias directas: mayor formalización del pago por tecnología, cambios en la comercialización y la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección para reducir la oferta informal. Para los productores, el punto crítico será la previsibilidad del sistema y los límites que fijen los contratos privados para no exceder la normativa pública.

El Gobierno y las organizaciones acordaron avanzar en el intercambio técnico antes de tomar definiciones políticas. La reunión del lunes será la primera instancia pública de ese diálogo; de allí se esperan precisiones sobre el texto legal y el calendario para su tratamiento legislativo.

Próximos pasos: recepción del borrador, análisis técnico por parte de las entidades rurales y posibles reuniones de seguimiento para incorporar observaciones antes de cualquier envío formal al Congreso.