La negociación entre los gremios aceiteros y los exportadores de granos y subproductos quedó ayer en un nuevo cuarto intermedio tras una reunión que se extendió doce horas y concluyó sin acuerdo, y la ronda se retomará el lunes 29 de junio a las 13:30 hs. Esta negociación se desarrolla en un momento clave para la agroexportación, con la cosecha gruesa en marcha y la infraestructura logística bajo tensión.
El conflicto salarial, con semanas de idas y vueltas, ya había activado una conciliación obligatoria y un breve paro que tensionó la mesa de diálogo. Los sindicatos habían advertido días atrás sobre la posibilidad de reactivar medidas de fuerza si no prosperaban las negociaciones.
En un comunicado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso reiteraron su compromiso “para alcanzar un acuerdo salarial que esté a la altura de las necesidades de cada una de las familias aceiteras”. La Secretaría de Trabajo solicitó mantener la paz social durante el cuarto intermedio declarado a las 2:00 hs del viernes 26 de junio.
El conflicto se inició a fines de mayo cuando la Federación y el SOEA lanzaron un paro nacional para reclamar una recomposición salarial, lo que motivó que la Secretaría de Trabajo dictara una conciliación obligatoria por 15 días. Desde entonces se sucedieron audiencias sin resolución y el Gobierno prorrogó la conciliación por otros cinco días hábiles para evitar medidas que afecten plantas y puertos.
Las posiciones están claras y distantes: los sindicatos reclaman una recomposición del 20 % para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, mientras que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) proponen una actualización mensual en función de la inflación que publica el Indec. Para las empresas, ese mecanismo de indexación asegura que los sueldos no pierdan frente al avance de precios, pero los gremios reclaman una recomposición por acumulación.
A pesar de las audiencias, las diferencias técnicas y de principio no se lograron salvar y la posibilidad de que la negociación defina o frene medidas de fuerza sigue abierta. En este marco, la negociación adquiere mayor complejidad por factores externos como la situación de la hidrovía y la logística portuaria en plena zafra.
Qué está en juego para la agroindustria
La potencial suspensión de actividades en plantas aceiteras o la paralización de cargas en puertos podría impactar rápidamente en los embarques y en la cadena de pagos del complejo sojero y oleaginoso. Los exportadores advirtieron que, según sus estimaciones, perderían alrededor de 150.000 pesos por día ante una medida de fuerza, cifra que refleja costos logísticos y productivos inmediatos.
Además, la negociación coincide con el vencimiento próximo de la concesión para la explotación de la hidrovía del río Paraná, un factor que suma incertidumbre operativa en corredores que van desde San Lorenzo hasta Timbúes. Pese a la bajante del Paraná, sigue operando gran cantidad de barcos, por lo que cualquier interrupción laboral puede agravar cuellos de botella y aumentar los costos de exportación.
Para los trabajadores, la discusión salarial no es sólo una reivindicación porcentual sino una demanda ligada al costo de vida y a la estabilidad laboral en plantas que operan con alta estacionalidad. Para las empresas, la discusión incorpora además la necesidad de previsibilidad contractual para mantener competitividad internacional en un mercado con márgenes ajustados.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, actúa como mediador y busca evitar que la disputa derive en una medida que afecte la cadena exportadora en un momento sensible del calendario agrícola. El cuarto intermedio convocado para el lunes será, por eso, una nueva prueba para medir si priman los acuerdos por fórmula o las recomposiciones directas.
Los próximos días serán decisivos para conocer si las partes acercan posiciones y optan por un mecanismo híbrido que combine un ajuste puntual con actualización por inflación, o si la brecha se mantiene y avanza el conflicto. Los actores del sector y las comunidades portuarias seguirán de cerca la negociación, que condiciona empleo, exportaciones y ritmo de la cosecha.
