La Corte Suprema de EE. UU. frena demandas contra Roundup y cambia el mapa del litigio sobre glifosato

La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo clave que limita las demandas contra el herbicida Roundup, usado ampliamente en la producción de soja y otros cultivos. La decisión, adoptada por 7 a 2, establece que la ley federal de etiquetado de plaguicidas FIFRA prevalece sobre demandas estatales que exigen advertencias adicionales distintas a las autorizadas por la EPA.

El pronunciamiento anula el veredicto de un jurado de Misuri que había otorgado US$1,25 millones a un demandante que aseguró haber desarrollado un linfoma no Hodgkin tras exponerse al herbicida. Tras conocerse la resolución, las acciones de la compañía matriz Bayer subieron alrededor de 16 %, reflejando el impacto inmediato en los mercados y en la evaluación del riesgo legal para la empresa.

Desde 2018, Bayer —que compró a Monsanto, creadora de Roundup— destinó cerca de USD 10.000 millones para resolver litigios vinculados al producto, una cifra que explica por qué la decisión del máximo tribunal tendrá efectos económicos y operativos relevantes. La compañía celebró el fallo al señalar que confirma la determinación de seguridad de la EPA y evita sanciones derivadas de un mosaico de normas estatales contradictorias.

En su comunicado, Bayer sostuvo que las principales agencias regulatorias del mundo respaldan la seguridad del glifosato, mientras que el fallo deja claro que una exigencia estatal de advertencia sobre cáncer habría sido un requisito “adicional” y “diferente” al autorizado por la FIFRA. La resolución, por tanto, reduce la vía judicial más utilizada en los litigios masivos hasta la fecha, aunque no extingue todas las posibles causas legales.

Qué significa esta decisión para el agro y los productores

Para los productores, la sentencia ofrece mayor previsibilidad sobre la disponibilidad de herbicidas a base de glifosato, puesto que atenúa el riesgo de que cambios regulatorios estatales encarezcan o restrinjan productos certificados a nivel federal. Esa estabilidad puede influir en decisiones de manejo de malezas y en la planificación de campañas agrícolas, sobre todo en economías intensivas en soja.

Sin embargo, el fallo no elimina las preocupaciones sociales y sanitarias en torno al uso de plaguicidas, ni cierra los debates sobre prácticas de manejo integrado de malezas y rotación de cultivos. Muchos agricultores y técnicos seguirán evaluando alternativas y mezclas, tanto por razones agronómicas como por la presión pública y las políticas de compras de los mercados internacionales.

Impacto económico y regulatorio

El costo acumulado del litigio —cerca de USD 10.000 millones— muestra por qué la resolución del tribunal tiene consecuencias directas en las cuentas de las empresas y en la estructura de precios de insumos agrícolas. Menos litigios por falta de advertencias podrían traducirse en menores contingencias financieras y en una menor presión sobre los márgenes de proveedores de fitosanitarios.

En paralelo, el fallo pone de relieve la tensión entre el criterio federal y las iniciativas estatales; recordemos que en 2015 la IARC catalogó al glifosato como “probable carcinógeno”, clasificación que alimentó demandas y discusiones regulatorias. Esa dualidad entre evaluaciones científicas internacionales y decisiones judiciales seguirá marcando la agenda pública y política.

Qué sigue: litigios, regulación y confianza pública

El veredicto de la Corte es definitivo respecto a la preeminencia de la FIFRA sobre demandas estatales por falta de advertencias, pero no cierra la puerta a otras teorías jurídicas ni a investigaciones regulatorias futuras. La EPA continuará siendo el actor central en la determinación de etiquetas y autorizaciones, y cualquier cambio en sus evaluaciones tendrá repercusiones inmediatas en el mercado y en la litigiosidad.

La resolución fue celebrada por el CEO de Bayer, Bill Anderson, quien pidió dejar atrás el conflicto que, según dijo, afectó la confianza pública y las finanzas de la empresa; no obstante, defensores de la salud pública y grupos ambientales mantienen reservas y demandan transparencia y más estudios. En el campo, la decisión permitirá a muchos productores operar con mayor certeza a corto plazo, aunque la demanda social por prácticas agrícolas más sostenibles y por alternativas al uso intensivo de herbicidas seguirá siendo un motor de cambio.