La venta de SanCor en vilo: una denuncia contra el juez podría frenar la licitación y complicar a productores y trabajadores

La disputa judicial que rodea a la quiebra de la cooperativa láctea SanCor escaló esta semana con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que pone en cuestión el proceso de liquidación de activos. La denuncia acusa al juez Marcelo Gelcich de irregularidades que, de prosperar, podrían suspender la venta de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas.

El recurso fue impulsado por el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor, integrado por productores, trabajadores y extrabajadores, y patrocinado por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bregarlo. Como medida concreta, presentaron una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar con el objetivo de paralizar el llamado a licitación forzada de los activos.

En el centro de la controversia están las alegaciones de subvaluación de activos, falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la presunta exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital. Los denunciantes sostienen además que el juez declaró la quiebra antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa se pronunciara y que se designó a un abogado no asociado para presidir esa asamblea, lo que, según ellos, violaría estatutos y la Ley 20.337.

La presentación ante la Corte reclama además que se evalúe la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra el magistrado y, en forma preventiva, la suspensión inmediata del juez y de los plazos procesales si la Corte lo estima necesario. La intención declarada por los abogados es evitar daños patrimoniales que podrían concretarse con una venta apresurada o por debajo del valor real de los activos.

Qué se cuestiona en la denuncia y el rol de la sindicatura

Uno de los puntos más delicados de la acusación es la afirmación de que el juez habría limitado la labor independiente de la sindicatura, sustituyéndola por una coadministración designada sin respetar el sorteo legal obligatorio. Esa situación, según los denunciantes, impediría el control externo sobre el proceso de quiebra y pondría en riesgo la transparencia del remate.

En paralelo, uno de los síndicos designados —entre Juan Tomat e Ignacio Pacheco— formalizó ante la Corte una denuncia contra el propio juez por presuntas irregularidades, mientras que el tercero, Oscar Epstein, renunció y su vacante no fue cubierta. La existencia de estos choques dentro de la sindicatura añade un factor de incertidumbre técnico-jurídica que podría ser determinante para el destino final de la empresa.

Los apoderados de los acreedores también señalan una supuesta denegación de justicia ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela, por entender que el juzgado clausuró el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra. Según la denuncia, un desfase de apenas 14 minutos en el sistema informático habría impedido la consideración de esa alternativa al desguace.

Si la Corte acepta la cautelar y ordena medidas urgentes, todos los pasos dispuestos por el juez de primera instancia quedarían congelados y el proceso de venta se suspendería hasta que se resuelva el fondo del conflicto. En ese escenario, la investigación sobre la conducta del magistrado y la posible reordenación de la sindicatura pasarían a ser determinantes para la continuidad del concurso.

Impacto económico y social: por qué importa la resolución

Más allá del debate jurídico, la resolución de este conflicto tiene efectos concretos sobre la cadena láctea y la economía regional de Sunchales y la zona oeste de Santa Fe, donde la cooperativa históricamente concentró empleo y compra de leche. Una venta apresurada o por debajo del valor de mercado podría significar pérdidas para proveedores, el cierre de plantas y ajuste en una industria ya tensionada.

La cooperativa arrastraba una deuda estimada en USD 120 millones y ocho meses de sueldos atrasados, según el juzgado que tramita el concurso; esa deuda se calculó a partir de 1.519 pedidos de verificación sobre un total de 2.702 acreedores. La composición señalada por el tribunal incluye USD 90 millones y $40.000 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores, además de una deuda adicional cercana a $6.350 millones posterior al concurso.

Para los productores de leche, la incertidumbre se traduce en dudas sobre el cobro de acreencias y en la continuidad de la demanda de su materia prima, mientras que para los empleados implica la posibilidad de reconversiones laborales o pérdida de puestos de trabajo. Por su parte, los grupos interesados en comprar activos de SanCor podrían verse obligados a revisar ofertas o retirarse si la operatoria judicial se prolonga o cambia de condiciones.

Escenarios posibles y próximos pasos

En lo inmediato, la Corte debe resolver sobre la medida cautelar y si admite la investigación sobre la conducta del magistrado; de prosperar, el proceso de licitación se suspenderá y el juez podría quedar apartado temporalmente. Si la Corte rechaza la demanda o demora su resolución, el remate podría avanzar aunque con el riesgo de nuevas impugnaciones que alargarían la incertidumbre.

Los plazos y la transparencia del procedimiento serán determinantes para evitar un resultado que perjudique a los acreedores pequeños y a las economías locales, por lo que la apelación y la fiscalización pública serán factores clave. Mientras tanto, las partes seguirán negociando y buscando alternativas judiciales y administrativas para proteger activos, empleos y la continuidad productiva de una de las marcas emblemáticas del sector lácteo argentino.