Por qué la nueva ley de biocombustibles puede definir el futuro industrial de la soja argentina

El debate por una nueva ley de biocombustibles volvió a instalarse en las mesas técnicas y en el Congreso con argumentos que trascienden la mezcla obligatoria en las estaciones de servicio. La cuestión central es si Argentina apuesta a agregar valor en el país o sigue vendiendo materias primas sin industrializar.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), su presidente Gustavo Idígoras subrayó que se vive “una especie de revolución agroindustrial a nivel mundial” y que la respuesta local debe ser una nueva ley bioenergética. Idígoras plantea que sin un marco normativo claro quedará difícil captar inversiones que permitan transformar oleaginosas en combustibles y otros bioproductos.

El consultor Javier Preciado Patiño resumió en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que la norma no es solo energética, sino una política agroindustrial que incide en precios, empleo y competitividad externa. El debate influye en la capacidad de la Argentina para industrializar la soja, sostener el precio al productor y competir con Brasil y Estados Unidos.

Un ejemplo con datos del 17 de junio ilustra esa dinámica: el precio FOB de la soja fue de US$419 por tonelada mientras que el productor recibió US$326, y al sumar las retenciones del 24 % (equivalentes a US$101) el total ascendía a US$427. La industria, por medio del aceite, la harina y los pellets, es la que permite sostener ese precio que, de otro modo, sería inviable para el exportador.

Patiño enfatizó que no da lo mismo tener industria que no tenerla, porque el procesamiento genera demanda constante y mejora la capacidad de compra de las fábricas. La molienda permite pagar un mejor precio al productor gracias al valor agregado de los subproductos industriales.

Idígoras remarcó otro efecto concreto: la industria asegura demanda durante todo el año y para calidades diversas, lo que reduce la volatilidad de ingresos en el campo. Esta estabilidad es clave para la planificación de los productores y para mantener empleo en plantas y puertos.

Impacto del biodiésel en molienda, exportaciones y precios

Según los expositores, elevar el uso de biodiésel impulsa la molienda de soja y fortalece a las pymes extrusoras que trabajan con aceite y pellets. Más mezcla puede convertir las necesidades internas en un motor para la industria local y para plazas de trabajo en zonas portuarias.

Como contraste regional, Brasil aumentó su consumo de aceite de soja para biodiésel desde unas 800.000 toneladas hasta 7,3 millones de toneladas, lo que contribuyó a diversificar sus destinos comerciales y reducir la dependencia de China. El ejemplo brasileño muestra que el impulso a biocombustibles puede transformar la matriz exportadora de un país.

En zonas de alta capacidad de molienda como el Gran Rosario la soja cotizó entre US$322 y US$324, mientras que en Bahía Blanca se ubicó entre US$305 y US$310, lo que evidencia una brecha vinculada a la presencia o ausencia de demanda industrial sostenida. La diferencia en precios regionales refleja la ventaja competitiva que generan los polos industriales locales.

El margen teórico de exportar soja como poroto fue negativo durante buena parte del período analizado, con un promedio de -US$7 por tonelada, lo que indica que sin procesamiento la operación no tendría sentido económico en muchas ocasiones. Solo la industria que procesa permite sostener precios y cadenas de valor en Argentina.

En el plano global, Patiño recordó que la dinámica de la oferta y la demanda cambió: la población crece más lento, el consumo alimentario se desacelera y los rendimientos agrícolas superan la demanda. Un informe de S&P Global proyecta que hacia 2050 Estados Unidos podría tener un excedente equivalente al 31 % de su superficie maicera, un dato que obliga a repensar estrategias de valor agregado.

Las proyecciones del USDA muestran entre las campañas 2024/25 y 2026/27 un aumento en la molienda de soja de 12,3 % en Estados Unidos y de 11,7 % en Brasil, mientras que Argentina se mantendría prácticamente estancada. En harina exportada la tendencia es similar: crecimiento en EE. UU. y Brasil y leve caída en la Argentina.

Frente a ese contexto, los especialistas sostienen que Brasil y Estados Unidos usan los biocombustibles para fortalecer su industria y protegerse de riesgos de mercado externos, especialmente de una alta dependencia de China. Los farmers estadounidenses, según Idígoras, reclaman más biodiésel porque les otorga mayor independencia comercial.

La propuesta argentina: subir al 15 % y mirar más allá del transporte terrestre

Desde la industria se propuso elevar el corte obligatorio al 15 %, un salto que podría ampliar el uso interno de aceite de soja desde las actuales 700.000 toneladas hasta 1,5 millones. Idígoras aseguró que la capacidad instalada para ese aumento ya existe en el país.

El reclamo incluye que la ley fije un piso y no un techo, para dar previsibilidad a las inversiones y permitir que la industria crezca sin límites normativos artificiales. La certeza regulatoria es el elemento que habilita proyectos de ampliación de plantas, modernización y nuevas materias primas.

Además, Idígoras y Patiño advierten que el debate no debe limitarse al biodiésel para transporte terrestre, porque el mayor potencial puede estar en combustibles sostenibles para la aviación civil y el transporte marítimo. Esos mercados están en expansión y podrían generar una demanda varias veces superior a la del comercio actual de aceites vegetales.

Las industrias locales ya trabajan en alternativas de materias primas y tecnologías para abastecer una demanda creciente de biocombustibles, pero sin un marco claro las inversiones avanzan a paso lento. La oportunidad es posicionar a Argentina antes de que otros países ocupen ese espacio de mercado.

En definitiva, la discusión sobre la ley de biocombustibles no es solo técnica ni circunscripta al sector energético: impacta en el precio que recibe el productor, en la generación de valor y empleo y en la estrategia exportadora del país. La decisión que adopte el Congreso marcará si Argentina apuesta por industrializar su soja o por seguir siendo proveedora de commodities.