El Gobierno derogó una normativa que regía desde 1935 y que imponía requisitos sobre el empaque y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación, en una nueva medida que apunta a reducir la burocracia en el comercio exterior. Según el Decreto 318/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se deja sin efecto el Decreto N° 71.178 del 20 de noviembre de 1935, que establecía pautas sobre control de calidad, embalaje y embarque de productos hortícolas.
La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y forma parte de un proceso más amplio de revisión normativa impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
Hacia una nueva etapa en la fiscalización hortícola
“La permanencia de normas desactualizadas genera confusión en los sectores alcanzados por la regulación y obstaculiza la eficiencia de los intercambios”, señala el texto del decreto. El objetivo, explican, es alinear el comercio hortícola argentino con estándares internacionales modernos, eliminando exigencias consideradas obsoletas.
Entre las disposiciones derogadas, se incluyen requisitos como la habilitación de plantas de origen y condiciones específicas para los envases utilizados en exportación. Desde el Gobierno aseguran que la medida no compromete la sanidad de los productos, ya que el control fitosanitario seguirá bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“El Senasa continuará garantizando la sanidad de los productos exportados, como lo establece su función esencial. Pero ya no evaluará aspectos como la calidad del empaque o el tipo de envase”, detallaron desde la cartera que lidera Sturzenegger.
Sturzenegger: “Dejamos de molestar al productor”
El ministro de Desregulación celebró públicamente la derogación de la norma de 1935 y la calificó como parte de la “transformación más profunda del Senasa en décadas”. En un extenso posteo en la red X (exTwitter), Sturzenegger explicó que el Estado había asumido históricamente funciones que, en su visión, exceden su rol legítimo.
“A lo largo de los años al Senasa se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”, escribió. Y agregó: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.
El funcionario criticó que durante décadas el organismo se dedicara a tareas como controlar el tipo de chapa de los techos en las plantas procesadoras o definir arbitrariamente la “calidad” aceptable de productos para la exportación. “Eso es cosa de militares”, ironizó, y señaló que el nuevo enfoque pone el foco exclusivamente en el control sanitario, para evitar plagas o infecciones y asegurar un comercio fluido.
“Literalmente dejamos de molestar al productor en las cosas que debe resolver por sí mismo y concentramos la tarea estatal donde hay valor útil: la salud pública y la trazabilidad sanitaria”, subrayó Sturzenegger.
Desregulación también en el sector frutícola
La eliminación del decreto de 1935 se suma a una serie de medidas orientadas a simplificar normativas que, según el Gobierno, han perdido vigencia o se convirtieron en obstáculos para el desarrollo agroexportador. En ese marco, también se avanzó recientemente con el Decreto 312/2025, que introdujo reformas similares en el complejo frutícola.
Sturzenegger destacó además el trabajo del nuevo subsecretario Legal y Técnico, Ignacio de la Riva, a quien agradeció por su rol en la redacción y coordinación del nuevo marco normativo. “Ya se ganó el corazón y el respeto de todos”, escribió el ministro en el cierre de su mensaje.
Con esta medida, el Ejecutivo da una nueva señal de que el camino de la desregulación no se detiene. En línea con su propuesta de reducir la injerencia estatal en los procesos productivos, el oficialismo busca redefinir el rol de los organismos técnicos como el Senasa, limitando su actuación a aspectos estrictamente sanitarios y desechando facultades que considera ineficientes o anticuadas.
