Proyecto para permitir la siembra junto a rutas nacionales espera dictamen y promete sumar más de 50.000 hectáreas a la producción
Un proyecto impulsado por legisladores del PRO que busca autorizar nuevamente la siembra en franjas de tierra públicas ubicadas a los costados de las rutas nacionales aguarda por un dictamen en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que según sus promotores podría volcar más de 50.000 hectáreas a la producción agrícola, ya tuvo una reunión informativa pero quedó detenida por la falta de convocatoria de las comisiones pertinentes.
El autor del proyecto, el diputado nacional Javier Sánchez Wrba, dijo que la Comisión de Transportes no se reúne desde hace tres meses y que desde su espacio reclaman insistentemente su convocatoria para avanzar con el tratamiento. Según el legislador, la medida contaría con apoyo transpartidario del oficialismo, la UCR, el MID y otros bloques interesados en recuperar un régimen que funcionó entre 1996 y 2008.
Los impulsores sostienen que permitir la siembra en esas franjas no incluiría las banquinas ni los espacios obligatorios por seguridad vial, sino otras áreas que Vialidad Nacional administraba mediante permisos. En su estimación, aplicada sobre una red vial nacional de 40.000 kilómetros, se llegó al cálculo de más de 50.000 hectáreas potenciales disponibles para cultivo, conscientes de que no todas las rutas cruzan zonas productivas y que las franjas varían en tamaño.
Como ejemplo productivo, Sánchez Wrba afirmó que si se destinara esa superficie a soja se podrían generar más de 120.000 toneladas adicionales en volumen de cosecha, aunque también planteó la posibilidad de sembrar cereales y pasturas según la vocación regional. El diputado agregó que los recursos que se recauden por los permisos se destinarían al mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales que no están concesionadas, mientras que en las concesionadas los ingresos se incorporarían a los contratos vigentes.
Por qué importa la iniciativa para el campo y la infraestructura
La propuesta despierta interés porque combina un potencial aumento de la oferta agropecuaria con una fuente adicional de financiamiento para la conservación vial en el interior del país. Ese doble objetivo conecta la lógica productiva con la necesidad de mejorar la transitabilidad y reducir costos logísticos para los productores rurales.
Sin embargo, la reapertura de estas franjas de cultivo plantea preguntas operativas y ambientales que deberán resolverse en el debate legislativo y en las reglamentaciones posteriores. Entre los puntos a definir figuran los requisitos de seguridad vial, las distancias mínimas respecto a la calzada, los mecanismos de control de agroquímicos y la coordinación entre Vialidad Nacional y las jurisdicciones provinciales.
Cómo funcionaría
El proyecto propone que los productores que ya tengan campos junto a las rutas tengan prioridad para obtener permisos, siempre que acrediten las condiciones exigidas y participen en convocatorias públicas. Esos permisos serían temporales, renovables y sujetos al pago de un canon que contribuye al mantenimiento de las vías, además de estar condicionados al cumplimiento de normas de seguridad para no afectar la visibilidad ni la circulación.
Los impulsores también buscan dejar sin efecto la resolución de Vialidad Nacional que prohibió la actividad en 2008, cuando ese régimen se cerró en el contexto del conflicto por la resolución 125 entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. En el proyecto se cita como antecedente la existencia de marcos similares en la provincia de Buenos Aires, donde ya hay leyes que permiten el uso de franjas junto a rutas y caminos provinciales para producir.
Desde el punto de vista político, Sánchez Wrba asegura que hubo conversaciones con funcionarios como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y con representantes de distintos bloques para buscar apoyo. Aun así, la iniciativa necesita que las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda se reúnan para dictaminar y avanzar hacia el recinto, lo que por ahora no tiene fecha definida.
Entre los riesgos que mencionan expertos y organizaciones vinculadas al ambiente están la erosión de suelos, la deriva de agroquímicos sobre la calzada y la necesidad de corredores de seguridad que eviten impactos en la circulación. Para mitigar esos problemas será clave que el diseño del régimen incluya estudios técnicos por cuenca, exigencias sanitarias y controles permanentes por parte de Vialidad y las autoridades ambientales.
El calendario legislativo determinará si el proyecto llega a convertirse en ley en el corto plazo, y los productores y transportistas seguirán de cerca las definiciones que surjan en las próximas convocatorias. En caso de aprobarse, tanto la magnitud del efecto productivo como el balance entre beneficio fiscal y riesgos ambientales dependerán de la precisión de la normativa y de su implementación local.
