GTA desvinculó a 1.730 trabajadores y deja a la industria avícola en alerta
El grupo Granja Tres Arroyos (GTA) confirmó un proceso de desvinculaciones que, según el relevamiento del sindicato, suma cerca de 1.730 empleados afectados y paraliza varias plantas clave en Buenos Aires y Entre Ríos, en medio de una situación financiera y operativa crítica. Esta crisis impacta no solo en puestos de trabajo en zonas rurales y suburbanas sino también en la cadena de valor avícola y en la oferta de alimentos en el mercado interno.
La dimensión del conflicto quedó en evidencia cuando el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles para las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, medida que alcanza a unos 1.200 trabajadores. Se fijó además una nueva audiencia entre las empresas del grupo y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves con el objetivo de intentar preservar puestos de trabajo.
En Entre Ríos, la histórica planta conocida como La China, en Concepción del Uruguay, fue paralizada a fines de mayo y el gremio calcula unos 480 despidos sobre una plantilla estimada en 930 trabajadores, una medida que la empresa encuadra en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese artículo permite pagar una indemnización equivalente a la mitad de la prevista para un despido sin causa cuando existe fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al empleador, un punto central de la disputa legal y sindical.
Distribución de los despidos y argumentos en disputa
El sindicato consignó además que en la provincia de Buenos Aires las desvinculaciones se estiman en torno a 1.250: aproximadamente 750 en Capitán Sarmiento, 450 en la planta Wade 2 de Esteban Echeverría y cerca de 50 en Pilar, lo que representa más de 25 % de la dotación total del grupo. La empresa, por su parte, atribuye la caída de la actividad a la disminución de las exportaciones, a las consecuencias sanitarias de la gripe aviar y a una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado doméstico.
Desde el STIA el argumento empresarial fue rechazado por considerarlo un riesgo propio de la actividad y una estrategia para reducir costos laborales, y su secretario general afirmó que la medida podría responder a una maniobra para aliviar pasivos ante una futura reestructuración. Hasta ahora no existe un anuncio oficial de concurso de acreedores, aunque el pasivo total del grupo fue estimado en US$ 350,9 millones por fuentes gremiales y la empresa mantiene actividad con unos 2.500 trabajadores en unidades secundarias.
La controversia adquiere mayor gravedad por la existencia de deudas salariales, ya que los trabajadores denuncian haberes impagos correspondientes a una parte de abril y a los salarios de mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo, situación que agrava la vulnerabilidad de las familias afectadas. El sindicato asegura que muchos acuerdos previos, incluidos retiros voluntarios y planes de reducción, no se cumplieron cabalmente y que en algunos casos se entregaron cheques que rebotaron.
Impacto en las comunidades y alternativas sobre la mesa
Los efectos de esta crisis se perciben más allá de las plantas: las economías locales que dependen de la faena avícola —proveedores de insumos, transportistas y comercios— enfrentan menor actividad y riesgo de pérdida de ingresos. La magnitud de la deuda y la paralización parcial de operaciones elevan la posibilidad de un reacomodamiento de capacidades productivas en el sector avícola nacional.
Frente a este escenario, el STIA propuso alternativas temporales como turnos rotativos y una reducción transitoria de jornadas antes que nuevos despidos, y manifestó su disposición a evaluar inversores o esquemas de viabilidad que permitan reabrir plantas. El sindicato reclama asimismo que, si las desvinculaciones se confirman, se respeten las indemnizaciones y los criterios legales por antigüedad y cargas de familia, y exige la entrega de la nómina completa de desvinculados, pedido que hasta ahora la empresa no atendió.
Qué sigue y señales a vigilar
La próxima audiencia entre las partes y la vigencia de la conciliación obligatoria serán clave para definir si hay acuerdos que mitiguen el impacto laboral o si el conflicto escala a instancias judiciales y procesos concursales. En los próximos días habrá que vigilar la presentación de documentación que aclare la magnitud real de los pasivos, la lista completa de trabajadores desvinculados y eventuales oferentes interesados en relanzar plantas.
Para los lectores interesados en la economía rural y la seguridad alimentaria, este caso funciona como termómetro de la salud de la industria avícola y del empleo en cadenas productivas regionales; cualquier reconfiguración del sector tendrá efectos sobre precios y abastecimiento en el mediano plazo. Palabra de Campo continuará el seguimiento con datos oficiales, repercusiones en las comunidades afectadas y las decisiones que adopten autoridades, empresas y sindicatos en las próximas semanas.
