Las lluvias de las últimas semanas volvieron a mostrar la vulnerabilidad de la red vial rural bonaerense y la capacidad limitada para movilizar producción e insumos en momentos críticos. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la presencia de El Niño y anticipa que durante la primavera podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte, un escenario que obliga a anticipar medidas y recursos.
La provincia de Buenos Aires concentra aproximadamente 20 % de la red de caminos rurales del país, por donde circula gran parte de la producción agropecuaria y la vida cotidiana de las comunidades rurales. Esa magnitud convierte a los caminos rurales en infraestructura estratégica que impacta directamente en la economía, la educación, la salud y la logística del transporte agropecuario.
El financiamiento actual combina recursos provinciales y municipales: la Ley 13.010 destina 12 % de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural al Fondo Compensador, mientras que cada municipio percibe además una tasa vial propia. En la práctica, productores, transportistas y vecinos usan una red con financiamiento y responsabilidades fragmentadas, lo que complica la coordinación frente a eventos climáticos extremos.
El debate público suele concentrarse en cuánto dinero falta, pero la cuestión previa es la administración: planificación, controles y participación ciudadana son igualmente determinantes. Existen instrumentos normativos que plantean soluciones, pero su aplicación efectiva es la asignatura pendiente.
Propuesta
El Decreto 130/07 establece la creación de una Comisión Asesora Local en cada municipio comprendido por la Ley 13.010, integrada por el Ejecutivo, entidades de productores y Vialidad provincial, con funciones de planificación y control. Sin embargo, en muchos distritos la comisión no funciona con la regularidad ni la transparencia que exige la gestión de una red tan extensa.
Proponemos condicionar la continuidad del financiamiento provincial a la prueba del funcionamiento efectivo de esa comisión, de modo que recibir fondos implique contar con participación, planes y reportes públicos. Además, cada municipio debería elaborar un Plan Director Vial Local plurianual con inventario georreferenciado, clasificación por tramo, estado, volúmenes de tránsito y obras hidráulicas pendientes.
La gestión debería incluir criterios de priorización que identifiquen corredores indispensables, accesos a escuelas y centros de salud, puentes críticos y puntos inundables, así como la dotación prevista de maquinaria, operadores y materiales. Los planes deben actualizarse regularmente y acompañarse con informes trimestrales que permitan el seguimiento público de ejecución y costos.
La tecnología disponible facilita la información georreferenciada en tiempo real sobre transitabilidad, cortes y alternativas viales, una herramienta clave para minimizar el impacto cuando aumentan las precipitaciones. Implementar sistemas de monitoreo y plataformas públicas mejora la respuesta operativa y reduce el aislamiento de comunidades y la pérdida de actividades productivas.
Debate
Existe una discusión legítima sobre aumentar el porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural destinado al Fondo Compensador, pero más recursos sin mejores reglas de administración sería una oportunidad perdida. La experiencia demuestra que la eficiencia en la gestión, la transparencia y los controles hacen que cada peso rinda más en la disminución del riesgo y la reparación de daños.
El desafío climático es claro: un episodio de El Niño de alta intensidad no puede encontrar a los municipios resolviendo sobre la marcha qué camino priorizar o dónde enviar la maquinaria disponible. Planificación plurianual, participación de usuarios y acceso público a la información son condiciones para transformar el financiamiento en resultados concretos.
Los caminos rurales son patrimonio público y obras de ingeniería que requieren una política de Estado, no decisiones ad hoc. Si la próxima lluvia intensa nos encuentra con planes, equidad en la distribución de recursos y sistemas de información operativos, se reducirá el costo económico y social de cada emergencia.
Convertir normas existentes en práctica institucional efectiva exige voluntad política y profesionalización técnica, además de mecanismos de rendición de cuentas. Solo así la inversión en mantenimiento vial y obras hidráulicas se traducirá en mayor transitabilidad, seguridad y continuidad productiva para el interior bonaerense.
Los autores que impulsan estas propuestas son especialistas y referentes del sector rural, con experiencia técnica en caminos y representación de productores, y plantean estas reformas como pasos concretos para mejorar la resiliencia ante eventos climáticos. Implementarlas podría marcar la diferencia entre improvisación y preparación cuando llegue la próxima lluvia intensa.
