La Justicia ordenó embargos sobre cuentas de Metalfor y de dos directivos por una demanda ejecutiva promovida por el Banco Ciudad, una medida que expone la crisis financiera de una de las principales fabricantes de maquinaria agrícola del país. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, requirió el pago de US$98.895,77 más US$10.000 calculados provisoriamente y dispuso trabas sobre fondos presentes y futuros.
La decisión judicial llega semanas después de que la compañía reconociera ante la CNV pérdidas millonarias, restricciones de crédito y dificultades para financiar materiales y salarios, un cuadro que golpea la cadena de provisión del sector agroindustrial. La empresa y sus directivos optaron por no declarar ante este medio, pero los datos públicos permiten trazar un diagnóstico sobre el impacto operativo y financiero.
En el expediente figura que las medidas alcanzan, entre otros, a María Rosa Miguel y a José Luis Ramón Dassie, ambos integrantes del directorio designados este año, cuyos fondos fueron intimados en el Banco Supervielle y en el Banco Macro, respectivamente. El Banco Macro informó que las cuentas del señor Dassie estaban sin saldo y que el último movimiento se registró el 7 de octubre de 2024, aunque dejó el embargo vigente sobre eventuales ingresos futuros.
El expediente que motivó la ejecución revela que Metalfor arrastra atrasos de diversa magnitud en el sistema financiero y numerosos cheques rechazados, lo que complica su normal relación con proveedores y empleados. Según reportes del BCRA, en agosto la empresa registró 172 cheques rechazados por un total de $565,8 millones, una señal clara del estrés de liquidez.
Los números de endeudamiento escalonados muestran la magnitud del problema: a julio pasado la compañía presentaba un pasivo financiero declarado de $51.672 millones con compromisos mensuales por aproximadamente $1890 millones. De ese total, apenas el 4 % figuraba en situación normal ante la central de deudores del BCRA, mientras que el 55 % estaba en situación 2, el 35 % en situación 3 y el 6 % en situación 4, esto es con riesgo alto de insolvencia.
La caída en la operativa acompaña al deterioro financiero: en el primer trimestre de 2026 la compañía vendió 56 máquinas frente a 116 en el mismo período del año anterior y la producción se redujo de 86 a 38 unidades, trabajando cerca del 50 % de su capacidad instalada. Esa combinación de menor actividad y falta de acceso a crédito profundiza la presión sobre caja y compromete plazos comerciales con clientes del agro.
Impacto laboral y negociación con gremios
En julio la empresa presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba por atrasos en salarios y negoció con la UOM, un proceso que incluye despidos y propuestas drásticas de reducción de personal. La firma despidió 35 empleados de la planta de Noetinger y llegó a plantear una reducción de alrededor del 70 % de una dotación cercana a 600 trabajadores, oferta que el gremio rechazó.
El deterioro en las obligaciones sociales y laborales también figura en los registros: cargas sociales y contribuciones aparecen impagas desde 2025, lo que puede derivar en sanciones y mayores costos para una empresa con liquidez restringida. Ese pasivo laboral se suma a las exposiciones financieras con bancos públicos y privados que, en conjunto, complican el camino de una eventual reestructuración ordenada.
Entre sus principales acreedores aparecen el Banco Nación con $12.623 millones, el Banco de Córdoba con $8875 millones, Supervielle con $8018 millones, el Banco de Servicios y Transacciones con $7671 millones y Galicia con poco más de $4071 millones. El propio Banco Ciudad, que inició la acción ejecutiva, figuraba en julio con una exposición de $147 millones clasificada en situación 3.
De la securitización al reclamo judicial
La compañía desarrolló en los últimos años una estructura financiera basada en la securitización del crédito que otorgaba a compradores de maquinaria, canalizada a través de los fideicomisos Metalcred y de un fideicomiso de garantía constituid o junto a TMF Trust Company (Argentina). En mayo, la fiduciaria Rosfid denunció ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe la posible mala administración de activos fideicomitidos, lo que agrega un capítulo judicial complementario al del Banco Ciudad.
En su último balance anual cerrado el 31 de diciembre de 2025, Metalfor todavía mostraba activos por $324.444 millones, pasivos por $166.177 millones y un patrimonio neto positivo de $158.267 millones, pero ya había señales de estancamiento en ventas y caída del resultado. Las ventas netas se mantuvieron casi planas en $134.757 millones contra $135.994 millones en 2024 y el resultado final se redujo un 57,3 %, lo que anticipó la pérdida reportada entre enero y junio de 2026 por $26.484 millones.
Que una empresa vinculada de forma directa con la provisión de equipos para el agro llegue a este escenario tiene efectos en la cadena productiva, desde la disponibilidad de maquinaria hasta los plazos de financiamiento para productores. Para el sector, la combinación de restricciones crediticias, falta de stock y reajustes productivos puede traducirse en costos adicionales y menores inversiones en tecnología agrícola.
Los próximos pasos estarán marcados por el desarrollo de las ejecuciones judiciales, las negociaciones con acreedores y las decisiones que adopte la administración de la firma en búsqueda de liquidez o de reestructuración. Mientras tanto, el caso Metalfor se perfila como un ejemplo de cómo la tensión financiera se transmite desde los balances hasta el terreno y la economía real del campo.
