El Gobierno nacional dio un paso clave en la transformación del mercado veterinario al permitir la importación de vacunas contra la fiebre aftosa, un producto que hasta ahora era producido y comercializado por un pequeño grupo de laboratorios bajo fuertes cuestionamientos por su rol dominante. Esta decisión surge tras una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que encendió alarmas sobre prácticas restrictivas y precios abusivos.
En respuesta a este planteo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió la Resolución 333/2025, que habilita el ingreso de vacunas desde países con estándares sanitarios similares a los argentinos, bajo un nuevo régimen ágil de aprobación. El objetivo central: promover la competencia y reducir los costos que enfrenta la cadena productiva ganadera.
Resolución 333/2025: comienza la importación de vacunas contra la fiebre aftosa
La Resolución 333/2025 modificó profundamente las reglas de juego. A partir de su publicación, el Senasa reconoció certificaciones sanitarias internacionales emitidas por autoridades de control equivalentes a las argentinas, eliminando exigencias técnicas locales que, según la CNDC, generaban barreras de entrada artificiales. Entre ellas, se encontraba el requisito de la prueba de Protección Generalizada Podal (PGP), considerada costosa, obsoleta y desalineada con los estándares vigentes en países como Brasil, Uruguay o Paraguay.
El nuevo esquema también establece un plazo máximo de 90 días hábiles para autorizar una importación, cuando anteriormente el trámite podía demorar más de dos años. Esta agilización administrativa, destacada por el propio Ministerio de Economía, apunta a dinamizar un mercado que factura millones y del que dependen campañas sanitarias estratégicas para la exportación de carne bovina.
Tecnovax y una denuncia que activó la revisión del mercado
La CNDC emitió su dictamen tras analizar una denuncia presentada por el laboratorio Tecnovax, en conjunto con la Sociedad Rural del Sur de Salta. Ambas entidades acusaron a Biogénesis Bagó y al Centro Diagnóstico Veterinario (CDV) de conformar un esquema de cartelización y abuso de posición dominante.
Según la denuncia, estas dos firmas controlaban el mercado mediante una estructura que impedía el ingreso de nuevos competidores y mantenía precios artificialmente elevados. De hecho, mientras que en Argentina una dosis podía costar hasta 1,70 dólares, en Paraguay el precio oscilaba entre 0,35 y 0,45 dólares, y en Uruguay alrededor de 0,75 dólares. Las diferencias resultaban más alarmantes al constatar que el propio laboratorio que vendía a precios bajos en el exterior mantenía precios mucho más altos en el mercado doméstico.
Fuerte respaldo oficial a la importación vacunas fiebre aftosa
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consideró que la resolución forma parte de un paquete más amplio de reformas para eliminar “regímenes cerrados, caros y poco transparentes”. Subrayó que la Argentina era el único país de la región que no permitía la importación de vacunas contra la fiebre aftosa, lo que reducía la oferta y perjudicaba al productor.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue más contundente aún: estimó que la medida permitirá un ahorro anual de hasta 100 millones de dólares para el sector ganadero. “La apertura a productos con certificaciones internacionales mejora la competitividad y permite bajar costos sin comprometer la sanidad”, afirmó.
Ambos funcionarios coincidieron en que se trata de una reforma estructural con impacto en toda la cadena, desde productores hasta exportadores, que enfrentan márgenes cada vez más ajustados por costos locales superiores a los de la región.
Cambios en la aplicación y distribución de la vacuna
La CNDC no solo observó irregularidades en la provisión del producto, sino también en su distribución y aplicación. Hoy, las campañas de vacunación están gestionadas por entes sanitarios locales con personería jurídica sin fines de lucro, que tienen zonas de cobertura exclusivas y tarifas reguladas por el Estado. Según el informe, este modelo impide que veterinarios particulares matriculados compitan en igualdad de condiciones, lo cual limita aún más la posibilidad de reducir precios.
En su dictamen, el organismo recomendó abrir el sistema, permitiendo que cualquier veterinario certificado pueda ofrecer el servicio sin restricciones geográficas ni precios fijados centralmente.
Una transición sin afectar la actual campaña sanitaria
Desde el Senasa aclararon que estos cambios no afectarán la campaña de vacunación en curso. Las primeras importaciones autorizadas podrían comenzar a registrarse hacia 2026, a medida que se concreten los trámites de habilitación y los controles sanitarios. Tecnovax ya habría iniciado gestiones para importar dosis desde Brasil bajo el nuevo marco.
El desafío en esta etapa será garantizar el equilibrio entre apertura y control sanitario, un punto en el que coinciden incluso los laboratorios nacionales. El gobierno asegura que no se reducirá el nivel de exigencia, sino que se adecuarán los mecanismos a parámetros internacionales modernos y más accesibles.
Reacción de los productores y próximos pasos
Diversas entidades del agro, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), celebraron la medida como un paso hacia la transparencia y la libre competencia. Sin embargo, advirtieron que se mantendrán atentos a la implementación y a posibles resistencias por parte de actores que hoy tienen privilegios en el sistema.
Por su parte, los laboratorios afectados por la denuncia aún no emitieron declaraciones públicas, aunque se espera que en los próximos días presenten sus descargos técnicos ante el Senasa y la CNDC.
