La inseguridad rural volvió a instalarse entre las principales preocupaciones del agro argentino. El crecimiento de los robos de hacienda, la presencia cada vez más frecuente de cazadores furtivos dentro de establecimientos privados y la circulación clandestina de carne configuran un escenario que inquieta especialmente en la provincia de Buenos Aires, aunque también se repite en otras regiones productivas del país.
Para quienes siguen de cerca la problemática, el fenómeno responde a una combinación de factores. El fuerte incremento del valor de la hacienda convirtió al abigeato en un delito cada vez más rentable, mientras que las dificultades para investigar los hechos, recuperar los animales robados y lograr condenas efectivas siguen alimentando una sensación de impunidad entre los productores.
“Nos han robado la esperanza y la tranquilidad de vivir en el campo”, resumió Raúl Víctores, tesorero de la Sociedad Rural de San Pedro e integrante del Foro de Seguridad Rural, una organización que reúne referentes de casi once provincias y monitorea permanentemente la evolución de los delitos rurales.
El abigeato sigue creciendo y preocupa a las entidades rurales
Aunque el abigeato nunca dejó de ser un problema para la producción ganadera, durante los últimos meses volvieron a registrarse casos de gran magnitud que despertaron preocupación en distintas zonas del país. Uno de los episodios más resonantes ocurrió recientemente en el partido bonaerense de Lincoln, donde inicialmente se denunció el faltante de decenas de animales y posteriormente parte de esa hacienda pudo ser localizada por la Policía Rural.
Para Víctores, ese episodio también dejó al descubierto una debilidad que atraviesa al propio sector. Según explicó, todavía existen establecimientos que no mantienen correctamente actualizado su stock ni identifican adecuadamente los animales mediante marca y señal, una situación que muchas veces impide devolver la hacienda recuperada a su legítimo propietario.
“No le podemos echar la culpa a nadie si primero no nos ordenamos nosotros”, afirmó el dirigente, quien insistió en que la correcta identificación del rodeo constituye una herramienta indispensable para combatir el delito. “Muchas veces aparece la hacienda, pero resulta muy difícil restituirla porque faltan elementos para acreditar su propiedad”, explicó.
Las denuncias tardías complican las investigaciones
Uno de los aspectos que más preocupa al Foro de Seguridad Rural es que numerosos hechos nunca llegan a denunciarse o se informan varios días después de haber ocurrido. Esa demora reduce considerablemente las posibilidades de reconstruir el recorrido de los animales sustraídos y limita el trabajo de las fuerzas policiales.
Víctores sostuvo que muchos productores todavía subestiman la importancia de actuar rápidamente. “No se puede denunciar dos semanas después”, advirtió, al tiempo que recomendó recorrer periódicamente los establecimientos, controlar el rodeo con mayor frecuencia y comunicar inmediatamente cualquier irregularidad tanto a la Policía Rural como a las entidades agropecuarias que integran el Foro de Seguridad Rural.
La mayor crítica apunta al funcionamiento de la Justicia
Si bien reconoció que existen diferencias entre las distintas jurisdicciones, el dirigente consideró que la Policía Rural trabaja con compromiso y con los recursos disponibles. A su entender, el principal cuello de botella aparece cuando las actuaciones llegan al ámbito judicial.
“Tenemos un déficit tremendo con la Justicia”, aseguró durante la entrevista, al señalar que muchas causas pierden impulso con el paso del tiempo y terminan sin una resolución efectiva.
Incluso relató un episodio que, según afirmó, refleja las dificultades del sistema. En ese caso, una fuerza de seguridad recuperó carne proveniente de un presunto robo de hacienda, pero al no existir una identificación formal sobre los animales, la Justicia ordenó dejar esa mercadería bajo custodia de quien la tenía en su poder hasta tanto pudiera acreditarse la propiedad.
Para el dirigente, situaciones de ese tipo terminan generando una fuerte sensación de frustración entre los productores que sufren el delito.
La carne ilegal también representa un riesgo sanitario
Más allá de las pérdidas económicas que provoca el abigeato, desde las entidades rurales advierten que existe otro problema que suele recibir menos atención. Gran parte de la carne obtenida mediante el robo de ganado ingresa luego a circuitos informales de comercialización, sin controles veterinarios ni bromatológicos.
Víctores sostuvo que ese circuito clandestino es ampliamente conocido por distintos actores locales y cuestionó la falta de controles por parte de algunos municipios. “Todos saben que esa carne se vende y termina llegando al consumo humano”, afirmó, al advertir que la ausencia de inspecciones representa un riesgo sanitario además del perjuicio económico para los productores.
La caza furtiva agrava el clima de inseguridad
Otro fenómeno que, según el Foro de Seguridad Rural, viene creciendo en los últimos años es el ingreso ilegal de cazadores furtivos a establecimientos privados. El problema se concentra especialmente en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, como la Cuenca del Salado, aunque también existen denuncias en otros distritos.
Los grupos ingresan para cazar liebres, vizcachas, carpinchos, antílopes y ñandúes, provocando daños en alambrados y alterando la tranquilidad de quienes viven en los establecimientos rurales.
“Abrís la puerta de tu casa y encontrás un cazador en el patio”, describió Víctores al explicar el nivel de preocupación que existe entre muchas familias rurales.
Una discusión jurídica que todavía divide criterios
El tratamiento legal de la caza furtiva también genera controversias. Mientras algunos Juzgados de Paz aplican únicamente sanciones previstas en el Código de Faltas, desde el Foro de Seguridad Rural consideran que, cuando existe ingreso sin autorización a un establecimiento privado, corresponde avanzar por la vía penal debido a la violación de la propiedad.
Por ese motivo, la entidad mantiene conversaciones permanentes con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para intentar unificar criterios y fortalecer la respuesta judicial frente a este tipo de hechos.
Qué pueden hacer los productores para prevenir los delitos rurales
Aunque gran parte de los reclamos están dirigidos a la Justicia y a los distintos niveles del Estado, Víctores considera que el propio sector también debe asumir un papel más activo en la prevención.
Entre las principales recomendaciones figura identificar correctamente toda la hacienda mediante marca y señal, mantener actualizado el stock de animales, recorrer con mayor frecuencia los establecimientos, denunciar inmediatamente cualquier hecho delictivo y comunicar los casos a las entidades rurales cuando las investigaciones no avancen. También aconseja prestar especial atención cuando existen cambios de personal o conflictos con antiguos puesteros, ya que algunos hechos investigados presentaron antecedentes de ese tipo.
“No pidamos para afuera lo que no somos capaces de hacer puertas adentro”, resumió el dirigente, al insistir en que el orden interno constituye el primer paso para mejorar la seguridad en los establecimientos rurales.
Mientras el abigeato, la caza furtiva y otros delitos rurales continúan afectando a productores de distintas regiones del país, las entidades insisten en que la respuesta deberá construirse a partir de un trabajo coordinado entre las fuerzas policiales, la Justicia, los municipios y el propio sector agropecuario. Para quienes conviven diariamente con esta problemática, recuperar la tranquilidad en el campo dependerá tanto de mejorar las políticas públicas como de fortalecer las herramientas de prevención y denuncia dentro de cada establecimiento.
