La Sociedad Rural de Rosario encendió la alarma por el cobro de la tasa para caminos rurales que aplican municipios y comunas, y pidió transparencia sobre cómo se administran esos fondos.
El reclamo se centra en que los montos exigidos a los productores no tendrían una contraprestación de servicios acorde, lo que genera inquietud en el sector agropecuario y en las comunidades rurales.
La transitabilidad de los caminos es clave para la logística de la cosecha y para la vida cotidiana de las familias del interior, especialmente en situaciones climáticas adversas.
Cuando la red vial falla, se encarece el traslado de insumos y granos y se complica el acceso a servicios básicos, con impacto económico y social inmediato.
La entidad recuerda que, por definición legal, una tasa debe corresponder a un servicio efectivamente prestado y comprobable, lo que abre la discusión sobre el cumplimiento real de esas obligaciones.
Los productores denuncian una situación de indefensión frente a administraciones locales que, según la denuncia, no realizan el mantenimiento básico de la red caminera.
Como alternativa, la Sociedad Rural de Rosario propone esquemas de trabajo público-privado con mecanismos de control, planificación y seguimiento conjunto entre gobiernos y productores.
La entidad aclara que esta participación no puede reemplazar las responsabilidades indelegables del Estado en la prestación y supervisión de los servicios.
En un llamado a organizarse, la institución pidió a los productores que se unan, se asesoren y gestionen colectivamente para exigir que sus aportes se traduzcan en obras verificables.
Además, alertaron que el mecanismo actual de actualización automática genera un ingreso marginal de 23 % por encima del costo real del servicio, según su propio análisis.
ACTUALIZACIÓN POR EL PRECIO DEL GASOIL
Uno de los puntos más controversiales es la toma del litro de gasoil por hectárea como referencia para actualizar el valor de la tasa, un parámetro que la entidad cuestiona.
Los productores reclaman que ese criterio no refleja necesariamente los costos efectivos de ejecución de los trabajos viales en cada jurisdicción.
La Sociedad Rural de Rosario recuerda que la Ley Provincial N° 14.256 obliga a municipios y comunas a publicar mensualmente presupuestos, contrataciones y balances, y que esa información es de acceso público.
Sin embargo, denuncian que en muchos casos la respuesta administrativa ha sido “el silencio absoluto” ante pedidos de datos sobre recaudación y ejecución.
Los reclamos también se apoyan en la Ley Nacional N° 27.275, que garantiza el acceso a la información pública como herramienta de control ciudadano.
Para la Sociedad Rural de Rosario, sin datos públicos sobre cuánto se recauda y cómo se gasta, no es posible verificar si la tasa se aplica de manera justa y eficiente.
Entre las propuestas formales, la entidad exige que los fondos tengan una afectación específica y sean depositados en una cuenta exclusiva destinada al mantenimiento vial rural.
También reclama eliminar el litro de gasoil como referencia automática y establecer que la tasa responda a costos reales con una justificación técnica y financiera.
CUATRO EXIGENCIAS PARA CAMBIAR EL SISTEMA
Como hoja de ruta, la Sociedad Rural de Rosario presentó cuatro exigencias puntuales para reformar la administración de la tasa y garantizar mayor transparencia y eficiencia.
- Afectación específica de fondos: crear una cuenta única y exclusiva para el mantenimiento de caminos rurales.
- Revisión del índice de actualización: eliminar el litro de gasoil como referencia automática y adoptar un mecanismo técnico y verificable.
- Acceso a la información: publicar mensualmente recaudación, gastos y trabajos ejecutados en cada jurisdicción.
- Participación y control: instaurar comités público-privados para el seguimiento y verificación de las obras.
La entidad propone avanzar hacia una alianza de trabajo y control público-privado en la que los productores puedan supervisar que los recursos se traduzcan en mejoras concretas.
Insisten además en la necesidad de ordenar las administraciones, capacitar personal técnico y permitir que los municipios capitalicen maquinarias propias para sostener el sistema.
Para la Sociedad Rural de Rosario, la conectividad es un derecho fundamental y la participación del sector productivo debe integrarse en una estrategia de planificación y control.
Con ese marco, los productores reclaman medidas concretas que permitan verificar obras, optimizar recursos y asegurar la transitabilidad que sostiene la producción y la vida rural.
