El año 2026 cierra con una pelea pública que amenaza con fracturar la representación gremial del campo argentino y marca la agenda previa a la entrada en vigencia del reglamento antideforestación de la Unión Europea. La disputa sobre la plataforma VISEC tomó fuerza pública y plantea riesgos sobre la estrategia colectiva del sector frente a exigencias internacionales.
La discusión estalló luego de una entrevista televisiva difundida por Canal Rural en la que uno de los directores de la SRA, Andrés Costamagna, cuestionó con dureza la postura de CRA sobre el tema. Esos dichos encendieron una controversia que pasó de lo técnico a lo institucional entre las entidades que integran la Mesa de Enlace.
LA GRIETA DEL VISEC
Confederaciones Rurales Argentinas respondió con una carta pública en la que calificó las expresiones de Costamagna como “agraviantes” y pidió precisiones a la Sociedad Rural Argentina. El documento reclama que la SRA confirme si las expresiones del director representan la posición institucional o son apreciaciones personales.
La misiva, firmada por el presidente Carlos Castagnani y el secretario Adrián Luna Vázquez, exige una rectificación si las aseveraciones no reflejan la postura oficial. CRA considera que calificar a la entidad de “desinformar”, “comunicar erróneamente” y adoptar un “negacionismo extremo” excede el intercambio legítimo de ideas.
La carta también subraya que las diferencias gremiales deben resolverse con argumentos y respeto institucional, y no con descalificaciones públicas. En ese marco, CRA alertó sobre el riesgo de deteriorar una relación que afecta a asociados y al conjunto de la sociedad.
Qué está en juego para el agro
La fractura pública llega en un momento sensible porque el VISEC y las normas europeas demandan mayor trazabilidad y evidencia de ausencia de deforestación en las cadenas de suministro. Una Mesa de Enlace dividida podría debilitar la negociación y la capacidad de la industria argentina para presentar respuestas técnicas y coordinadas ante compradores y reguladores internacionales.
Si persiste la confrontación, las empresas y productores podrían enfrentar mayor incertidumbre sobre cómo articular cumplimiento, costos asociados y comunicación hacia mercados clave. Además, la dispersión de mensajes puede afectar la percepción internacional sobre la sostenibilidad del agro argentino, un elemento central para mantener el acceso y el precio de exportación.
En términos prácticos, el debate no solo es retórico: implica decisiones sobre sistemas de certificación, inversiones en trazabilidad y protocolos de verificación que tienen consecuencias económicas. Por eso, más allá de las diferencias políticas, el sector necesita presentar propuestas técnicas claras para no perder competitividad.
Escenario y próximos pasos
CRA pidió explícitamente a la SRA que ratifique o rectifique lo dicho por Costamagna y que exija la corrección en los mismos medios donde se formularon las expresiones. La respuesta de la SRA será clave para definir si el conflicto se encauza institucionalmente o escala hacia un quiebre más profundo.
En los próximos días se esperan gestiones internas y eventuales pronunciamientos formales que intenten restaurar el diálogo dentro de la Mesa de Enlace. Para muchos actores del sector, la prioridad es recuperar un frente común que permita negociar con actores internacionales y diseñar respuestas técnicas al reglamento antideforestación de la Unión Europea.
La lección inmediata es la necesidad de separar lo institucional de lo personal y priorizar la construcción de consensos técnicos frente a desafíos regulatorios internacionales. Si las entidades logran recomponer la conversación, el agro tendrá más herramientas para afrontar las exigencias de trazabilidad y sostener mercados estratégicos para la economía argentina.
