La medida de la Superintendencia de Salud generó bloqueos en las cuentas bancarias y una crisis sanitaria para más de 700.000 personas afiliadas.

La falta de soluciones por parte de la intervención ha derivado en una escalada de demandas judicialesen todo el país. En Córdoba, se denunció la interrupción de una cirugía de cadera por falta de prótesis; en Salta, una menor con cáncer quedó sin tratamiento; y en Buenos Aires, un paciente judicializó la suspensión de su medicación. Estos casos reflejan el abandono que sufren los afiliados desde la intervención.

En paralelo, prestadores como la Asociación de Anestesia de Córdoba anunciaron la suspensión de sus servicios a los afiliados de la obra social, profundizando el impacto de la crisis.

Consecuencias económicas de la intervención

El bloqueo de las cuentas bancarias no solo afecta la prestación médica, sino que también genera costos adicionales por intereses, embargos y multas. A pesar de contar con recursos inmovilizados, la inacción de la intervención ha agravado el desfinanciamiento y la incapacidad de cumplir con los compromisos asumidos.

La situación también contradice las normativas del Decreto 1045/2024, que regula las intervenciones en agentes de salud, exponiendo falencias en la gestión de la Superintendencia.

Una intervención bajo la lupa

Realizada fuera del horario administrativo y sin permitir el derecho a defensa, la intervención de Osprera ha sido señalada por irregularidades. Aunque la medida fue justificada como necesaria, sus consecuencias han dejado a miles de trabajadores rurales sin acceso a atención médica ni medicamentos.

El conflicto evidencia la necesidad urgente de una revisión de las políticas aplicadas durante la intervención para evitar que los trabajadores rurales sigan siendo los principales perjudicados en esta crisis.