Durante la Jornada de Carnes y Granos en Palermo el Gobierno confirmó que busca avanzar hacia un nuevo marco normativo de semillas que incluya la adhesión al protocolo UPOV 91.
La posibilidad de modificar la Ley de Semillas se consolidó como uno de los temas más relevantes de La Rural 2026, con amplia atención del sector agropecuario y los decisores públicos.
Plazos y actores en la mesa
Por ahora no hay plazos definidos para elevar un proyecto al Poder Legislativo, aunque los funcionarios advirtieron que el tiempo para acordar no es ilimitado.
En el debate participaron representantes del Estado, la industria y el campo, entre ellos Martín Famulari (INASE), Andrea Sarnari (FAA), Tomás Palazón (SRA), Lorena Basso (ISF) y Ricardo Fernández Pancelli (ASA).
Qué está en discusión
El centro de la controversia es la eventual adhesión a UPOV 91 y las limitaciones que ese régimen podría imponer sobre el uso propio de semillas por parte de los productores.
Familari despejó dudas sobre la voluntad del Gobierno al afirmar que “vamos a ir con una nueva ley de semillas y vamos a impulsar UPOV 91 en el Congreso”, pero enfatizó la búsqueda de consenso con el sector.
Puntos de conflicto y consensos
El reclamo del sector primario se centra en preservar la autonomía del productor y evitar reglas que se perciban como restrictivas para economías familiares y modelos de producción regionales.
Por su parte, la industria semillera plantea que un nuevo marco favorecería la inversión en investigación y desarrollo y, en consecuencia, podría traducirse en mayores rindes y disponibilidad tecnológica.
Búsqueda de acuerdos a largo plazo
“Lo que decidamos ahora, probablemente nos legisle por los próximos 50 años”, señaló Tomás Palazón, subrayando la necesidad de consenso y previsibilidad normativa.
Desde la Federación Agraria, Andrea Sarnari pidió aggiornarse ante cambios en las reglas de juego, mientras que Ricardo Fernández Pancelli remarcó la voluntad de diálogo y objetivos compartidos sobre productividad por hectárea.
Impacto económico y tecnológico
Los defensores del cambio argumentan que un régimen más claro para la protección de variedades estimularía inversión privada en biotecnología y mejoramiento genético.
Sin embargo, los críticos advierten que esos beneficios deben compatibilizarse con la seguridad alimentaria, la diversidad de modelos productivos y los derechos de los productores locales.
Rol del Estado y próximos pasos
El presidente del INASE llamó a que la redacción final surja del diálogo multisectorial y que el Estado acompañe el proceso para asegurar equilibrios técnicos y sociales.
En ese sentido, Lorena Basso remarcó la idea de que la solución no puede significar que “uno gane y el otro pierda”, sino un marco que resulte útil para toda la cadena.
Por qué importa para el productor y la cadena
La modificación de la Ley de Semillas define reglas de juego para la innovación, las inversiones y el acceso a tecnología que impactan costos y productividad en el mediano y largo plazo.
La negociación que viene determinará si esos cambios se implementan mediante consenso técnico y social o si profundizan tensiones entre actores clave del agro argentino.
