La discusión por una nueva Ley de Semillas volvió a acercar a productores, semilleros y funcionarios, pero todavía no existe un texto acordado. El punto más sensible sigue siendo cómo reconocer la propiedad intelectual y financiar la innovación sin eliminar, en la práctica, el derecho del productor a reservar semilla para la campaña siguiente.
El uso propio, en el centro
Pablo Ginestet, presidente de CARBAP e integrante de la comisión de Agricultura de CRA, explicó que las entidades rurales trabajan sobre una definición de pequeño productor que pueda quedar exceptuado del pago. Esa categoría no sería igual para todos los cultivos: debería contemplar superficies, escalas y realidades productivas diferentes.
“Todavía no hay acuerdo”, aclaró en Palabra de Campo. La precisión importa porque en los últimos meses distintos actores mostraron avances como si el entendimiento estuviera cerrado. Para Ginestet, el consenso debe reflejarse en la letra de la ley y no solamente en declaraciones generales.
UPOV 78 o UPOV 91
La Argentina mantiene como marco el convenio UPOV 78, que reconoce los derechos del obtentor y conserva un espacio amplio para el uso propio. La versión UPOV 91 amplía la protección sobre las variedades y, según las entidades, puede convertir ese uso en una excepción sujeta a condiciones más restrictivas.
Ginestet propuso mejorar el esquema vigente tomando experiencias de países vecinos, entre ellos Brasil y Uruguay, sin trasladar automáticamente un modelo que no contemple la estructura productiva argentina. La industria, en cambio, sostiene que una protección más fuerte es necesaria para atraer genética e inversión.
Innovación con reglas previsibles
El debate no enfrenta innovación contra producción. Los productores reconocen que el mejoramiento genético tiene un costo y que debe existir una retribución. La discusión pasa por quién paga, cómo se controla y qué ocurre cuando una variedad incorpora tecnologías protegidas por otros derechos.
Una ley duradera deberá evitar cobros superpuestos, establecer mecanismos simples y asegurar que las excepciones sean claras. También tendrá que definir el rol del Instituto Nacional de Semillas y garantizar trazabilidad sin sumar burocracia innecesaria.
Después de años de intentos fallidos, el sector vuelve a tener una oportunidad. El desafío será construir una norma capaz de promover nuevas variedades y, al mismo tiempo, preservar una práctica histórica del productor. Sin ese equilibrio, cualquier acuerdo será frágil.
