CRA llevó al Gobierno el rechazo a la implementación del VISEC y el impacto del Reglamento 1115 de la UE
La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer su preocupación por la implementación del VISEC y el cumplimiento del Reglamento 1115 de la Unión Europea.
El encuentro, en el que participaron el presidente de CRA, Carlos Castagnani, el vicepresidente José Ignacio Colombatto y el delegado de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Messina, se realizó tras una intensa polémica pública.
La entidad insistió en que no cuestiona plataformas específicas sino el modo en que se está aplicando el sistema, que según los productores suma trámites y costos.
En un comunicado y en un tuit fechado el 6 de noviembre de 2026, CRA afirmó que la certificación no puede transformarse en una herramienta para reducir el precio pagado al productor.
Qué está en juego para el productor
El núcleo del conflicto es la exigencia de trazabilidad y pruebas de no deforestación que impone el Reglamento 1115 para acceder al mercado europeo.
Si la implementación obliga a usar plataformas concretas o genera costos adicionales, la carga administrativa podría afectar especialmente a pequeños y medianos productores.
CRA pidió que todas las plataformas reconocidas puedan operar libremente y en igualdad de condiciones, y que sea el productor quien elija cuál utilizar.
Además alertó sobre el riesgo de que la certificación sirva de argumento comercial para aplicar descuentos sobre el valor de la producción en origen.
El choque con la Sociedad Rural y la dimensión política
La disputa escaló a un conflicto público entre CRA y la Sociedad Rural Argentina (SRA) luego de declaraciones del director Andrés Costamagna.
CRA presentó un reclamo formal para que la SRA ratifique o rectifique dichos considerados irrespetuosos, lo que puso la discusión en la agenda política nacional.
La reunión con Sturzenegger muestra que el tema dejó de ser sólo sectorial y requiere definición estatal sobre regulación, reconocimiento de plataformas e interoperabilidad.
En ese sentido, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado podría articular soluciones técnicas para simplificar trámites y evitar solapamientos regulatorios.
Posibles soluciones y riesgos para la cadena exportadora
Entre las alternativas están la homologación clara de plataformas, reglas de interoperabilidad y protocolos de verificación que no dupliquen exigencias.
Otra opción es establecer mecanismos que garanticen un adicional sobre el precio de mercado para quienes acrediten prácticas sostenibles, en lugar de descuentos por certificación.
Si no se resuelve con rapidez, el sector corre el riesgo de enfrentar fricciones comerciales en plena temporada de ventas externas, con impacto en exportaciones y competitividad.
Los frigoríficos y compradores internacionales también participan de la ecuación, porque su forma de exigir cumplimiento puede condicionar la elección de plataformas.
Qué reclaman los productores y los pasos inmediatos
CRA demanda libertad de elección, igualdad de condiciones para plataformas y que la implementación no agregue costos innecesarios a los productores.
En paralelo, solicita salvaguardas para evitar que la certificación sea usada como pretexto para pagar menos por la producción local.
Los próximos pasos incluyen mesas técnicas, definiciones regulatorias y diálogo público-privado para producir una respuesta operacional y legal.
La resolución que acuerden Gobierno y entidades del campo definirá si la adaptación al Reglamento 1115 se traduce en una oportunidad para agregar valor o en una nueva carga administrativa.
CRA anunció que continuará llevando la voz de los productores a los ámbitos de decisión hasta obtener soluciones que respeten la transparencia y el valor de la producción argentina.
