La cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada presentó ante la justicia provincial un pedido de apertura de quiebra que deberá ser ratificado por la asamblea de asociados convocada para el 30 del mes en curso en la sede de Sunchales. La empresa arrastra una deuda aproximada de US$120 millones y emplea cerca de 850 personas. Tras la confirmación de la asamblea, el juez a cargo, Marcelo Gelcich, evaluará si admite o rechaza el trámite.
Cómo sigue el trámite judicial
En la normativa concursal argentina (Ley 24.522) se exige que la solicitud de quiebra sea promovida por el representante legal con una resolución previa del órgano de administración y que esa decisión sea ratificada por la asamblea de socios dentro de los 30 días; si no se cumple ese requisito, la petición puede quedar sin efecto. Mientras tanto, la presentación hecha por el directorio se considera una petición en suspenso hasta que la asamblea se pronuncie.
El juez podrá denegar la apertura si considera que la documentación o los requisitos formales no están completos. Abogados que representan a exempleados de SanCor han señalado además que aún no está claro cuántos asociados integran hoy la cooperativa, un dato que influye en la decisión colectiva y en el control sobre el proceso.
Consecuencias económicas y posibles interesados
El paso de concurso preventivo a quiebra cambia el objetivo: mientras el concurso busca reestructurar y preservar la actividad y el empleo, la quiebra es un procedimiento liquidativo orientado a satisfacer a los acreedores mediante la venta de la unidad productiva o de activos por partes. En el caso de SanCor, eso implica que la empresa puede ponerse a la venta total o por lotes para atender la deuda pendiente.
El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, ha afirmado que, aunque la situación es compleja, ya existen oferentes interesados por la compañía, en principio con capitales nacionales, y que podrían presentarse otras posturas. Entre las preocupaciones del sector se destaca la dificultad para financiar compras de insumos: por la situación financiera de la cooperativa, los proveedores exigen pagos por adelantado, cuando lo habitual en la industria es negociar plazos de hasta 90 días.
Propuestas alternativas y el rol de los trabajadores
Representantes de exempleados han planteado opciones destinadas a preservar continuidad productiva y garantizar pagos a productores y acreedores, como la creación de un fideicomiso administrado por un banco local que sirva de garantía. Además, el sindicato de trabajadores ha impulsado la idea de una “cooperativización” —que implicaría que los trabajadores participen en la gestión y en la propiedad— como una vía para mantener la operación y los empleos. El gremio se ha presentado como actor clave en las negociaciones y en la búsqueda de soluciones.
El calendario inmediato sitúa la asamblea el día 30 en Sunchales; tras esa reunión el expediente volverá al juzgado para que el magistrado decida si procede la apertura de la quiebra o si se rechaza la solicitud. Hasta entonces, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, sus puestos de trabajo y la situación de proveedores y acreedores.
