La reforma del INTA generó una advertencia colectiva que resonó en todo el país. Consorcios como CREA dejaron en claro que el organismo “necesita una transformación profunda”, pero advirtieron que el camino elegido no necesariamente garantizará “el INTA que Argentina necesita”. Universidades y la Mesa de Enlace refrendaron esa postura en comunicados propios, que resaltaron el riesgo de subordinar la estructura técnico-científica por motivos políticos o de ajuste.

La discusión nacional giró en torno a tres ejes que encienden las alarmas:

1. Autonomía operativa y financiera: miembros como el director Ariel Pereda resaltan que el INTA responde a necesidades reales del campo, desde pequeños hasta grandes productores; perder independencia significaría retroceder en su capacidad de acción por región.
2. Modelo federal de gestión: cualquier centralización afectaría la capacidad de respuesta local. Organizaciones de 21 consejos regionales ya rechazaron “ajustes unilaterales” por falta de diálogo.
3. Composición del Consejo Directivo: el proyecto oficial busca reducir los representantes de 10 a 8, eliminando puestos de universidades y CREA, e incrementando la influencia del Estado o de entidades como Aapresid.

Riesgos latentes detrás del ajuste

El proyecto genera preocupación por supuesto vaciamiento institucional: se comenta que podrían recortarse 1.500 puestos, cerrar agencias y despedir personal de planta y becarios en el NOA. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) denunció un “control unilateral” sobre el organismo, y calificó la iniciativa como un riesgo para un modelo democrático de gobernanza. Técnicos locales describen la reforma como “irracional y violenta”, ya que no considera las realidades regionales ni sus consecuencias sobre la producción.

Ariel Pereda hizo hincapié en que si el Ministerio de Economía toma el manejo financiero, el INTA quedará sujeto a los vaivenes políticos. Además recordó otros hitos institucionales: su rol en variedades como Malbec o en la agricultura antártica, y advirtió que la centralización podría minar esas capacidades.

Lo que representa el INTA para el agro

Desde su creación en 1956, el INTA ha sido un actor central en la innovación agropecuaria: extensión rural, desarrollo de variedades adaptadas y transferencia tecnológica. Su estructura federal y sus vínculos con universidades lo posicionaron como un puente entre ciencia y campo.

En la actualidad, cuenta con una red extensa de Centros Regionales, Estaciones Experimentales y Agencias de Extensión, con presencia provincial que explica su impacto directo en la producción local. Su modelo de gobernanza promueve la participación equilibrada entre Estado, academia y productores.

¿Qué cambios propone el sector técnico?

Los signatarios de la carta pública no rechazan los cambios; promueven una reforma técnica inteligente, que respete:

• Autonomía institucional y financiera, para evitar oscilaciones políticas.
• Estructura territorial, evitando cierres de estaciones o despidos masivos.
• Composición plural del Consejo Directivo, con representación de universidades, CREA y Mesa de Enlace.
• Presupuesto focalizado en investigación aplicada, con perspectiva prospectiva, no meramente de ajuste.

Ellos proponen una transformación que fortalezca capacidades y jerarquice la misión científica del organismo, en lugar de desarmarla.

Llamado a un diálogo urgente

Desde Córdoba hasta el NOA, 21 consejos regionales demandan una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y autoridades del Ministerio de Economía, antes de tomar decisiones que afecten la estructura institucional. Dos altos cargos provinciales también expresaron claridad:

• El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, defendieron la continuidad del INTA y su autonomía.
• La Mesa de Enlace exigió asegurar la autonomía administrativa y financiera, planteando que su eliminación podría representar un perjuicio al desarrollo agropecuario nacional.

Por su parte, instituciones universitarias advirtieron que una intervención directa “rompería con el modelo de gobernanza democrática” que ha sostenido el organismo durante 70 años.

El futuro de la reforma del INTA difiere según el camino: si sigue un diálogo ordenado, con criterios técnicos, federalismo y autonomía, puede convertirse en una modernización sólida. Si avanza sin debate ni construcción conjunta, corre el riesgo de ser percibida como un ajuste regresivo que diluye sus capacidades estratégicas.