Esta iniciativa se enmarca en un intento oficial por “terminar con los ñoquis y la casta”, pero generó alarma en sectores del agro por el riesgo latente de “vaciamiento encubierto” del INTA. Entidades técnicas, gremiales y políticas coinciden en que la medida implica no solo un recorte presupuestario, sino una alteración profunda del rol que cumple el organismo en todo el país.
El INTA cuenta con más de seis décadas de trayectoria, presencia en todo el territorio argentino y un modelo de gestión que combina investigación aplicada, asistencia técnica y articulación público-privada. La preocupación es que, sin el respaldo de una estructura sólida, el desarrollo agropecuario federal quede expuesto a una centralización ineficiente y desinformada.
Postura de Córdoba: voz unánime del interior
El gobernador Martín Llaryora rechazó la reforma INTA Córdoba y manifestó que “al INTA hay que fortalecerlo, no ensuciarlo para vaciarlo”. Enfatizó que cerrar sedes regionales y recortar personal pone en riesgo la vinculación directa del organismo con la realidad del campo: “Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”.
Llaryora recordó que Córdoba aporta más de 3.500 millones USD en retenciones agroindustriales anuales y advirtió: “¿También quieren destruir nuestro talento?”. A su vez, Córdoba elevó una posición unificada: la Mesa de Enlace provincial, universidades y entidades rurales como Río Cuarto y Marcos Juárez expresaron respaldo al INTA, ratificando su papel central en el desarrollo agropecuario local.

En otras provincias como Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos también se manifestaron en defensa del instituto. El gobernador Pullaro, por ejemplo, sostuvo que “el INTA es ciencia y territorio, y eso no se improvisa desde una oficina porteña”. En Buenos Aires, Axel Kicillof directamente calificó la reforma como “un crimen contra el conocimiento aplicado”.
A nivel legislativo, representantes provinciales advirtieron que el cambio afectará la competitividad, sostenibilidad y acceso a tecnología para miles de pequeños y medianos productores que hoy encuentran en el INTA un soporte fundamental.
La reforma INTA Córdoba amenaza con modificar radicalmente la estructura que sostiene la producción en las zonas rurales. En Córdoba, el Centro Regional incluye dos estaciones experimentales y 26 agencias de extensión rural. Estas últimas conectan directamente la investigación con los productores de campo.
Desde el sindicato ATE advirtieron que la reestructuración impactó en un 10 % de la plantilla actual. La pérdida de personal técnico, sumada a la clausura de agencias, limita el acceso a herramientas tecnológicas, asistencia y capacitación. La falta de presencia territorial puede revertir décadas de trabajo en innovación, transferencia y redes de confianza.
Especialistas advierten que la disminución del INTA también afectará la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, como sequías o inundaciones. En esos contextos, el asesoramiento técnico y la provisión de datos regionales resultan vitales para evitar pérdidas masivas.
Además, los cambios generarían un retroceso en el monitoreo sanitario, un eje clave para prevenir enfermedades en cultivos y ganado. La eliminación de estructuras locales podría interrumpir programas de control y aumentar los riesgos fitosanitarios.
Qué sigue tras la definición presidencial
La firma definitiva del decreto se mantiene en pausa hasta el regreso del presidente Milei, previsto para el 14 de junio de 2025. Hasta entonces, Córdoba seguirá coordinando con otras provincias y entidades del agro para lograr una revisión del plan.
Una posibilidad es llegar a un acuerdo que modifique el borrador original, permitiendo ajustes necesarios sin comprometer la autonomía del instituto. Se espera que los diálogos incluyan representantes de la Mesa de Enlace nacional y provincial, así como técnicos del propio INTA. Desde algunos sectores del oficialismo aseguran que podrían incorporarse “correcciones menores” al texto antes de su promulgación definitiva.
Sin embargo, referentes técnicos del INTA advierten que las correcciones cosméticas no alcanzan. Sostienen que el problema es de concepción: una reforma que debilita al instituto, lo desfinancia y desarticula su esencia federal no puede resolverse con ajustes parciales.
Perspectivas desde el territorio
Productores del interior cordobés expresaron preocupación por la posible pérdida del acompañamiento técnico del INTA. En zonas como el norte de Córdoba, donde las condiciones agroecológicas son más desafiantes, el papel del organismo es clave para la adopción de buenas prácticas agrícolas, manejo de suelos y elección de variedades adaptadas al cambio climático.
“El INTA no sólo investiga, sino que baja a campo. Muchos de nosotros no tendríamos acceso a esa tecnología si no fuera por las agencias de extensión”, explicó un productor de Jesús María. “Es un instituto que nos ayudó a crecer, que nos conecta con la ciencia. Si lo achican, el daño es irreparable”, añadió otro chacarero de Villa María.
También desde las universidades agrarias se alzó la voz en defensa del organismo. Investigadores y docentes alertaron que sin el vínculo operativo con el INTA, la formación profesional y los ensayos a campo se verían limitados.
Conclusiones y caminos posibles
La reforma INTA Córdoba reavivó un debate profundo sobre el rol del Estado en la ciencia aplicada y la extensión rural. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de eficientizar el gasto y evitar estructuras superpuestas, sectores técnicos, políticos y productivos advierten que desfinanciar al INTA es desarticular uno de los pilares del desarrollo agropecuario argentino.
En un país cuya economía depende en buena parte del campo, y donde la competitividad está estrechamente ligada a la innovación, la decisión sobre el INTA será mucho más que un ajuste administrativo. Será una señal sobre el modelo productivo que se elige construir.
Por eso, las próximas semanas serán clave. La decisión presidencial podría incluir modificaciones de último momento, o bien consolidar el esquema original. En cualquiera de los casos, la sociedad agropecuaria ya está movilizada y espera ser escuchada.