La vuelta de las retenciones a los granos puede derribar la inversión, desplomar la producción y golpear el empleo rural, advierten CRA y Mesa de Enlace. El Gobierno planea reactivar alícuotas al 33 % (soja), 12 % (maíz, trigo), mientras persiste una caída en los precios, sequía y altos costos de insumos.
Impacto sobre inversión, precios y tecnología
Productores y especialistas aseguran que las retenciones inhiben compras de maquinaria, uso de biotech y mejoras en infraestructura en cada campaña. Según Fundación Mediterránea, si retenciones suben al 33 % en soja y 12 % en maíz, la rentabilidad caerá entre un 11 % y 12 % en la zona núcleo y hasta 74 % en regiones extra‑pampeanas, equivalente a pérdidas de USD 30‑60 por hectárea en la primera y USD 32‑43 en la segunda.
FADA reporta que en marzo el Estado absorbió el 58 % de la renta agrícola, cifra inferior al promedio histórico solo gracias a la baja transitoria, pero aún alta para incentivar nuevas inversiones. Cuando la presión fiscal supera el 50 %, los productores evitan programas de siembra intensiva, rotación de cultivos y tecnología de precisión que aumentan rindes y abren mercados.
Caída de producción y economías regionales
El incremento de retenciones reduce superficie sembrada y ralentiza el comercio de insumos y cosechas. Organizaciones como CRA, FAA, SRA y Coninagro declararon la crítica situación debido a sequía, precios deprimidos y costos altos, y solicitaron al Gobierno eliminación inmediata de dichos tributos.
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que el agro aportará cerca de USD 8 400 M en retenciones durante 2025, un 75 % más que en 2024; al mismo tiempo se espera que las exportaciones de granos lleguen a 53,5 Mt, generando ingresos de divisas por más de USD 30 800 M, sin retenciones permanentes.
Sin incentivos fiscales, los productores del interior postergan inversiones, lo que deriva en menos maquinarias operativas, transporte, trabajo en acopios y cooperativas. CRA estima que volver a alícuotas plenas acarreará cierre de pequeños productores que ya operan con márgenes mínimos.
Empleo rural y presión fiscal
Cada cascada de retenciones reduce la actividad económica rural y la creación de empleos directos e indirectos. Desde sembrador hasta transportista, los eslabones sufren menores volúmenes, menor uso de logística y menor demanda de servicios.
Además, la caída de la actividad implica menor recaudación fiscal: una menor masa crítica significa menos IVA, menos impuestos provinciales y menos generación de divisas. El efecto fiscal podría ser contrario al objetivo recaudatorio, según advierten economistas del sector.
Contexto político-económico vigente
Baja transitoria vigente hasta el 30 de junio de 2025: retenciones bajaron de 33 % a 26 % en soja, de 12 % a 9,5 % en cereales, y de 7 % a 5,5 % en girasol, además eliminaron retenciones para economías regionales en productos como arroz y maní.
Prórroga para trigo y cebada hasta marzo de 2026: Gobierno extiende reducción solo a cosecha fina, manteniendo retenciones plenas para soja, maíz y girasol tras junio.
Gobierno defiende posición fiscal: Caputo argumenta que repunte de recaudación y ajuste en gasto permitirían alivio temporal, pero retenciones completas no se pueden eliminar mientras el superávit fiscal y negociación FMI dependen de ingresos estables.
Mesa de Enlace exige diálogo y segmentación: La alianza de CRA, FAA, Coninagro y SRA reclama retenciones móviles, reducción por tamaño de productor, flete zona remota y eliminación para pequeñas producciones.
Contraargumentos y tensiones fiscales
El Estado legítimamente necesita ingresos: desde 2002 las retenciones sumaron USD 130 000 M, 80 % de los cuales provinieron del agro; sólo en 2021 recaudó USD 10 128 M (11 % del presupuesto nacional). Eliminar el impuesto sin una fuente de reemplazo compromete el acuerdo en curso con el FMI y las metas de déficit.
Economistas y legisladores analizan opciones de transición gradual: retenciones móviles (según cultivo, productor, región), amortizadas con créditos fiscales; compensaciones por flete; y exenciones dirigidas a economías regionales seleccionadas. Un proyecto en el Senado debatirá un fondo de redistribución social y alícuotas móviles desde julio.
¿Qué escenarios se abren a corto plazo?
Retorno pleno de retenciones: Gobierno primero restaurará 33 % soja y 12 % en cereales tras junio. Esto impactaría la campaña gruesa 2025/26.
Campaña fina protegida: trigo y cebada seguirán con alícuotas reducidas hasta marzo de 2026.
Negociación público‑privada: Mesa de Enlace presionará por retenciones móviles, segmentación por tamaño y zona, flete diferencial y créditos con aval estatal.
Diputados y Senado en debate: Proyecto propone alícuotas variables y fondos de redistribución. Se espera dictamen antes de julio
Un camino hacia la previsibilidad
El balance de cifras, impacto rural y presión fiscal revela que el campo necesita un sistema de retenciones que promueva en lugar de castigar. CRA lo resume claro: “Producimos más y mejor, pero necesitamos condiciones”; volviendo a retenciones plenas, se “volvería al fracaso” .
El agro ya entregó USD 8 400 M en retenciones y promete volcar USD 30 800 M en divisas este año. Falta un marco regulatorio que acompañe ese compromiso con reglas claras, diálogo eficiente y segmentación inteligente, que impulse empleo rural, exportación y diversificación productiva.
Hoy, el campo no solo exige: propone. Quiere ser protagonista de una Argentina que crece con inclusión, no víctima de cargas que limiten su potencial. Y ese camino debe comenzar con retenciones a los granos que incentiven y no ahoguen.
