La multinacional Cargill reabrió de forma controlada su planta de acopio en Arribeños tras más de dos meses de paralización, pero el conflicto con un grupo de fleteros permanece sin resolverse y genera nuevas tensiones. La reapertura, ejecutada bajo un operativo especial de seguridad, alimentó advertencias del Sindicato Único de Fleteros que no descarta medidas de acción directa en los puertos bonaerenses.
La compañía había suspendido operaciones el 3 de julio al considerar que “no estaban dadas las condiciones de seguridad” para continuar funcionando, y comunicó la reanudación a partir del 10 de septiembre como una “reanudación controlada”. Cargill aclaró que la reapertura no implica una solución definitiva y que la continuidad dependerá de condiciones seguras, estables y sostenibles en el tiempo.
El origen del conflicto, según el Sindicato Único de Fleteros, involucra a alrededor de 30 transportistas que habrían sido apartados de la operatoria tras denunciar el supuesto cobro irregular de comisiones. Los denunciantes apuntan a dirigentes vinculados a la conducción de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas —entre ellos Sergio Larovere— y sostienen que las cargas fueron reasignadas a camiones con vínculos a otros referentes.
La amenaza de extender medidas gremiales a los puertos bonaerenses pone en alerta a la cadena logística y al sector agroindustrial, porque una conflagración en la operatoria portuaria puede retrasar embarques y encarecer costos de flete. Por eso la disputa trasciende la planta de Arribeños y obliga a actores privados y públicos a buscar una salida que evite daños crecientes sobre productores y proveedores.
La planta de Cargill en Arribeños genera empleo directo e indirecto y, según la empresa, trabaja con más de 70 proveedores locales y mantiene relaciones comerciales de largo plazo con alrededor de 130 productores de la zona. Esa red hace que la paralización afecte no solo la logística de granos sino también servicios locales como talleristas, contratistas y comercios vinculados al movimiento de cargas.
En su comunicado, Cargill valoró las medidas de seguridad implementadas por las autoridades y pidió a las partes alcanzar una solución definitiva y sostenible que permita superar la situación de manera duradera. La compañía informó además que las medidas extraordinarias serán monitoreadas permanentemente, condicionando la continuidad operativa a la existencia de condiciones seguras.
Desde el sindicato se denunció que, tras las quejas por comisiones, las cargas comenzaron a ser asignadas a unidades que tienen relación con la conducción desplazada de la Catac, lo que los fleteros definen como una desvinculación “arbitraria”. La Catac ya había enfrentado cuestionamientos públicos en meses previos y los protagonistas del conflicto mantienen versiones encontradas que complican un arreglo rápido.
Ramón Jatip, señalado por los fleteros como beneficiario de la reasignación de cargas, negó en marzo pasado las acusaciones y aseguró que “nunca nadie los echó” y que los pagos se realizaban mediante facturación convencional. Hasta el momento Jatip no respondió llamados de este medio sobre las nuevas tensiones generadas tras la reapertura de la planta.
Intervención y consecuencias legales
A fines de agosto el Ministerio de Justicia dispuso la intervención inmediata de la Catac por 180 días hábiles ante un cuadro de riesgo institucional y patrimonial, una medida que agrava el mapa institucional del conflicto. La resolución señaló un déficit promedio equivalente al 140 % de los ingresos y faltantes en la presentación de estados contables de ejercicios que incluyen 2012, 2014 y 2020 a 2025.
La intervención quedó a cargo del abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien deberá analizar la situación económica y patrimonial, administrar la entidad y evaluar la gestión desplazada con facultades para iniciar acciones civiles o penales si correspondiera. Ese proceso introduce un actor con poder de decisión que podría modificar acuerdos de representación y la forma en que se negocian tarifas y asignaciones en la región.
El control judicial-administrativo sobre la Catac puede influir en la negociación con empresas como Cargill y en la resolución de reclamos por parte de los fleteros, porque redefine la interlocución institucional válida. Además, la potencial apertura de causas civiles o penales agrega presión para que las partes busquen soluciones extrajudiciales pero firmes.
Qué está en juego para la región
El conflicto entre transportistas y la empresa activa un riesgo operativo para la salida de granos en una etapa crítica para la campaña y para la cadena de pagos del sector agropecuario, con posible impacto en plazos de embarque y costos logísticos. La reanudación de la planta mitiga en parte ese riesgo inmediato, pero la falta de resolución sobre los 30 transportistas mantiene latente la posibilidad de nuevos paros o acciones gremiales.
Productores, proveedores y actores locales requieren una solución que combine transparencia en las asignaciones de cargas, controles administrativos y garantías de seguridad para operar sin sobresaltos. En ese sentido, la apertura supervisada por autoridades y la intervención de la Catac son pasos institucionales que pueden contribuir a estabilizar la operatoria si se traducen en medidas concretas y en acuerdos verificables entre las partes.
En las próximas semanas será clave determinar si las medidas extraordinarias y la intervención permiten reconstruir canales de diálogo y restablecer la confianza entre fleteros y empresas exportadoras. Mientras tanto, la economía rural y la logística de la región esperan una salida que preserve empleo, comercio local y la normalidad en el flujo de granos hacia los puertos.
