Reelecto en la Sociedad Rural, Nicolás Pino busca cerrar el conflicto por el predio de Palermo y empujar la agenda de ahorro, crédito e infraestructura

Reelegido con más del 70 % de los votos, Nicolás Pino afirmó que uno de los primeros desafíos de su nuevo mandato será resolver el histórico conflicto judicial por el predio ferial de Palermo. La intención es “cerrar ese capítulo” que se arrastra desde los años noventa y que, según el dirigente, exige una solución política y jurídica en los próximos dos años.

El resultado electoral —1.441 votos para Pino frente a 592 para Marcos Pereda— mostró un respaldo amplio a la gestión actual de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Pino insistió en que la victoria no es sólo personal sino un aval a la estrategia institucional que desea profundizar durante su mandato hasta 2028.

El origen del conflicto por el predio se remonta a 1991, cuando el gobierno de Carlos Menem vendió el inmueble a la SRA por alrededor de US$ 30 millones, una operación que luego fue cuestionada judicialmente. En 2012 la venta fue declarada nula por un decreto del Poder Ejecutivo durante la presidencia de Cristina Kirchner y el proceso volvió a la Justicia, algo que Pino quiere zanjar en esta gestión.

Más allá de Palermo, el presidente reelegido colocó en primer plano la eliminación definitiva de las retenciones, el acceso al financiamiento y la mejora de la infraestructura productiva como ejes de su agenda. Para Pino, el campo es una herramienta central para que la Argentina salga “del atolladero” económico, y por eso busca condiciones que permitan a los productores invertir y ampliar la producción.

Qué está en juego para el sector agropecuario

La disputa por el predio de Palermo no es sólo patrimonial; implica debates sobre transparencia, gestión de bienes públicos y la relación entre el Estado y una de las entidades más representativas del campo argentino. Resolver esa controversia puede marcar un precedente sobre cómo se negocian los reclamos históricos entre organizaciones sociales y el Estado.

En materia económica, la propuesta de eliminar las retenciones por ley implicaría un cambio estructural en la política tributaria del agro y una posible mejora en los incentivos a la exportación y la inversión. Simultáneamente, el acceso a créditos razonables y el diálogo con el Banco Nación aparecen como medidas concretas para transformar esa intención en flujo de financiamiento hacia la producción.

Pino también resaltó la necesidad de reforzar la infraestructura logística y productiva, un punto clave para reducir costos, mejorar la competitividad y sostener el crecimiento de las exportaciones agrícolas. Esos cambios tendrían impacto directo en la cadena de valor, los precios al productor y la capacidad del sector para generar divisas.

La interna dentro de la SRA fue otro capítulo relevante de la elección; el dirigente reconoció que la campaña incluyó críticas duras y mensajes ofensivos en redes sociales que calificó como un “flagelo”. A pesar de eso, destacó que recibió saludos de funcionarios nacionales y gobernadores, y mencionó un intercambio con el presidente Javier Milei, quien lo felicitó públicamente.

Agenda y próximos pasos

En lo institucional, Pino adelantó que continuará el ordenamiento administrativo de la SRA y la incorporación de nuevos dirigentes a la Comisión Directiva para mejorar la gestión interna. Ese trabajo cotidiano será clave para sostener la credibilidad de la entidad frente a socios, organismos públicos y el sector privado.

En lo político y jurídico, la resolución del expediente de Palermo requerirá negociaciones multilaterales que incluyan a la Justicia, al Poder Ejecutivo y a actores relacionados con la gestión del predio; no hay plazos jurídicos automáticos, pero la SRA buscará acelerar el cierre. En paralelo, la entidad concentrará esfuerzos en lograr modificaciones legales sobre retenciones y en articular líneas de crédito con entidades públicas y privadas.

Para los productores y las economías regionales, las decisiones que impulsen desde la SRA durante este mandato definirán la capacidad de inversión y la expectativa de crecimiento en los próximos años. De aquí en adelante, la atención estará puesta en cómo se traducen las declaraciones de intenciones en medidas concretas que mejoren el acceso al financiamiento, la infraestructura y la competitividad del agro argentino.