El debate sobre la Ley de Semillas volvió a encenderse con fuerza en Argentina. En los últimos días, distintas entidades del sector agrícola levantaron la voz ante lo que describen como un estancamiento de la cadena semillera y un retroceso en la utilización de semilla fiscalizada. La discusión, que se hizo visible en una tensa instancia de diálogo durante Expoagro entre representantes del Gobierno, la Mesa de Enlace y entidades como Aapresid y CREA, plantea decisiones que podrían afectar la inversión en genética, la práctica de uso propio y la competitividad del agro argentino.
En el centro del conflicto aparecen dos temas interrelacionados: la baja comercialización de semilla fiscalizada —la sembrada bajo controles de calidad, trazabilidad y certificación— y la posible adhesión a normas internacionales de protección de obtenciones vegetales, en particular el Convenio UPOV 1991. Distintas cámaras y asociaciones defenderán a partir de ahora propuestas contrapuestas sobre cómo actualizar el marco regulatorio.
Semilla fiscalizada: preocupaciones y pedidos de acción
La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) emitió un comunicado en el que advierte sobre “un momento crítico” para el segmento de especies autógamas —cultivos que se autofecundan, como la soja y el garbanzo— y reclama medidas para revertir la pérdida de dinamismo. Desde la entidad sostienen que la baja demanda de semilla certificada desalienta la inversión en investigación genética y en desarrollo tecnológico.
Desde CASEM piden un rol más activo del Estado, en particular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), para garantizar reglas estables y previsibles que fomenten la inversión y la competitividad. La cámara define a la semilla fiscalizada como un insumo estratégico: su calidad influye directamente en rindes, sanidad y trazabilidad, factores clave para los mercados nacionales e internacionales.
Resistencia a UPOV 91 y las críticas de productores
En paralelo, agrupaciones de productores como la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) volvieron a manifestar su rechazo a una adhesión plena al régimen UPOV 1991. Ese convenio refuerza la protección de las obtenciones vegetales y, según sus críticos, puede limitar el uso propio de semillas por parte de los agricultores y aumentar las exigencias de pago de regalías.
Apronor plantea que imponer un esquema similar al de UPOV 91 podría encarecer la semilla para pequeños y medianos productores y reducir su autonomía para conservar y reutilizar variedades adaptadas a microclimas locales. Señalan además casos de prácticas comerciales y de registro de variedades —incluida la incorporación de modificaciones genéticas leves o edición génica— que, a su juicio, generan distorsiones en precios y en el acceso a genética probada en regiones como el NOA.
Propuestas, tensiones y el camino hacia una mesa de diálogo
Ante este escenario, CASEM afirma tener “propuestas concretas” para destrabar el estancamiento y se declara dispuesto a participar en un espacio amplio de consenso que incluya a semilleros, productores, organismos estatales y entidades científicas. Las organizaciones coinciden en la necesidad de diálogo, aunque difieren en las prioridades: unos exigen seguridad jurídica para la protección de inversiones en biotecnología y otros priorizan la protección del uso propio y el acceso económico a semillas adaptadas.
El conflicto también ha puesto en el centro otras demandas sectoriales: mejor información sanitaria de semillas e híbridos, mayor transparencia en los costos de certificación y evaluación, y una política pública que equilibre recaudación con fomento productivo. Entre las controversias puntuales figura la Resolución 200/2024 del INASE, firmada en 2024 y cuestionada por sectores por su impacto práctico en el uso propio de semillas.
La resolución de estas tensiones tendrá impacto directo en la decisión de inversores, en la adopción de nuevas tecnologías y en la capacidad de los productores para mantener variedades locales de alto rendimiento. A corto plazo, la disputa promete mantenerse en la agenda política y agrícola: la apertura de una mesa multisectorial, con participación técnica y plazos concretos, aparece como la vía más aceptada para intentar acuerdos que preserven la innovación sin sacrificar la viabilidad de los productores.
En los próximos meses se esperan nuevas reuniones públicas y privadas que definirán si la actualización normativa avanzará por la vía de una mayor protección de obtenciones, por ajustes que preserven el uso propio, o por fórmulas intermedias diseñadas para conciliar ambas prioridades. Mientras tanto, el debate seguirá marcando la agenda del agro argentino.
