El conflicto salarial entre los gremios que representan a los trabajadores de la industria aceitera y las empresas agrupadas en CIARA-CEC continúa sin un acuerdo, aunque la última ronda de diálogo generó expectativas moderadas.
La disputa no es sólo una pelea por porcentajes: afecta la operativa en los puertos, la cadena de exportaciones y el ingreso de miles de familias vinculadas al complejo oleaginoso.
Contexto de la disputa
La medida de fuerza fue convocada a fines de mayo por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación FTCIODyARA, que reclamaron mejoras salariales frente a la pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno dictó una conciliación obligatoria por 14 días y luego la extendió por una semana, por lo que el plazo de la mediación vence dentro de dos días y empuja a las partes a apurar una resolución.
Desde las cámaras empresarias insisten en que durante 2024 ya aplicaron un incremento cercano al 14 %, frente a una inflación que oscila alrededor del 15 %, y por eso consideran que no existe un atraso salarial significativo.
La propuesta que hoy ponen sobre la mesa es un ajuste mensual atado al Índice de Precios al Consumidor del INDEC para evitar la pérdida de poder adquisitivo en forma retroactiva.
Los sindicatos, sin embargo, mantuvieron una postura intransigente y rechazaron esa fórmula como respuesta suficiente a sus demandas, por lo que las conversaciones siguen trabadas.
En el último encuentro en la Secretaría de Trabajo la cámara empresaria valoró que “No hubo acuerdos salariales, pero se inició el diálogo”, una frase que busca bajar la tensión sin confirmar avances concretos.
Propuesta empresarial y riesgo de paro
CIARA-CEC advirtió que, ante un paro, las empresas aplicarán descuentos en la jornada y el salario mensual, lo que estiman equivale a $ 150.000 diarios por cada día de actividad interrumpida en una planta.
La cámara acusa a los dirigentes de impulsar una presión con motivaciones políticas más que económicas, y exhortó a los trabajadores a no secundar una medida que, según su criterio, perjudicaría a toda la comunidad aceitera.
Por su parte, las fuentes sindicales trascendieron la posibilidad de avanzar con una medida de fuerza a partir del viernes si no se cierra un acuerdo, aprovechando además que la autoridad laboral no puede extender indefinidamente la conciliación.
Como señal del impacto inmediato de la tensión, algunas terminales agroexportadoras ya suspendieron turnos de descarga de forma preventiva, una acción que puede complicar logística y comercio en las próximas jornadas.
El efecto de un paro se sentiría sobre exportadores, transportistas y productores, y podría repercutir en precios y plazos de entrega de granos en un contexto de mercados internacionales ajustados.
En el plano humano, cualquier suspensión de actividad implica ingresos menos previsibles para trabajadores y sus hogares, lo que incrementa la presión social sobre las partes para encontrar una solución.
El próximo capítulo se jugará en la reunión prevista para el jueves en la Secretaría de Trabajo, donde se intentará cerrar una propuesta que evite la ruptura.
En las próximas 48 horas se definirá si prevalece la negociación basada en ajustes mensuales indexados al INDEC o si el conflicto escala hacia un paro con efectos en puertos y exportaciones.
