La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputó a directivos de Bodega Norton y a un representante de Acindar Pymes SGR por una presunta maniobra de defraudación contra la Cooperativa San Carlos. Esta resolución convierte una disputa comercial en un caso con impacto directo sobre la confianza crediticia en la vitivinicultura mendocina.
El fiscal Alejandro Iturbide resolvió avanzar con la imputación de David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez como coautores, y de Carlos Moyano como partícipe primario. La causa se sustenta, en principio, en el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento.
Según el expediente, la operación comercial se instrumentó mediante un crédito gestionado por Banco Santander Río, con la cooperativa como tomadora del préstamo. Norton, en cambio, asumió la obligación de pago mediante una cesión de deuda que involucró la factura original de venta.
En 2024, la Cooperativa San Carlos vendió a Bodega Norton 375.000 litros de Malbec y 45.000 litros de Cabernet por un total de $503.250.000. Ese contrato y su instrumentación financiera son el eje del conflicto que hoy llegó a la Justicia penal.
En la operación, Acindar Pymes SGR actuó como garante del préstamo, con facultad de reclamar ante el banco en caso de incumplimiento de Norton. Además, la cooperativa cedió la factura a Acindar, lo que permitió a esa entidad subrogarse en los derechos del banco y reclamar directamente a Norton.
La presunta estafa de Norton
La fiscalía detalló que la disputa se centró en quién debía responder ante el banco cuando vencieron los plazos de las cesiones de crédito. La cooperativa sostuvo que Acindar perdió la posibilidad de trasladarle la responsabilidad, mientras que Acindar afirmó que la cooperativa era deudora solidaria y principal pagadora.
La obligación de Norton venció el 9 de septiembre de 2025 y no se hizo efectivo el pago en ese momento. El 21 de octubre la cooperativa se enteró de que Acindar había cancelado el préstamo frente al Banco Santander, lo que profundizó el conflicto entre las partes.
A su vez, la propia Bodega Norton decidió presentarse en concurso de acreedores tras una reunión de directorio llevada a cabo el 21 de octubre de 2025. La presentación judicial se formalizó el 31 de octubre, mientras Norton había señalado que su cesación de pagos comenzó el 17 de septiembre.
Los seis cheques y el concurso de Norton
El punto central de la investigación penal se concentra en una emisión de cheques por parte de Norton por un total de $955 millones, distribuida en seis documentos. Esos cheques fueron emitidos el 29 de octubre de 2025, un día antes de la presentación en concurso, según la fiscalía.
La fiscalía advierte que entre el 21 y el 30 de octubre se siguieron manteniendo negociaciones para reestructurar la deuda vinculada a la compra de vino. Por ello, no se limita a evaluar una incapacidad de pago posterior, sino la posible confección y uso de títulos para modificar obligaciones y posiciones crediticias.
Los cheques, según la investigación, no fueron entregados directamente a Acindar sino a la Cooperativa San Carlos, que debía endosarlos para que llegaran a quien indicara Acindar. Ese mecanismo de endoso y la construcción documental son elementos centrales para determinar perjuicios patrimoniales y nuevas obligaciones para la cooperativa.
La fiscalía interpreta que la operación habría incorporado a la cooperativa como endosante mediante engaño, generando compromisos que no la beneficiaron. También pondera indicios de una actuación coordinada entre Norton y Acindar en el tramo previo al concurso.
Implicancias legales y sectoriales
La acusación se apoya en presunciones que deberán acreditarse en la investigación y eventualmente en un juicio, con prueba documental y pericias contables. El fiscal fundamenta el avance de la investigación en el artículo 173 inciso 3° del Código Penal, vinculado a la suscripción engañosa de documentos.
En paralelo, Acindar inició un reclamo judicial contra la cooperativa en la vía comercial, expediente que hoy alimenta el análisis fiscal y civil. El impacto para la cooperativa incluye riesgos en su situación frente al Banco Central y limitaciones operativas derivadas de un juicio ejecutivo.
Para la vitivinicultura del Valle de Uco y el sector cooperativo, el caso trasciende el monto puntual y pone en discusión la gobernanza de las relaciones comerciales. La confianza entre proveedores, bodegas y garantes financieros es un activo crítico en un mercado caracterizado por ciclos de precios y necesidades de financiamiento.
Los próximos pasos procesales determinarán si la fiscalía logra reunir pruebas que confirmen la maniobra o si la controversia se resuelve en sede comercial y concursal. Mientras tanto, productores y cooperativas seguirán evaluando el efecto sobre su acceso al crédito y la gestión de facturas y cesiones.
El expediente obliga al sector a revisar prácticas contractuales y de respaldo patrimonial para evitar que problemas de una empresa arrastren a terceros. La investigación también subraya la necesidad de transparencia y asesoramiento jurídico y contable en operaciones de alto valor para proteger a comunidades productoras.
