Diputados aprobó ajustes al Código Penal para agravar el vandalismo rural; ahora el proyecto va al Senado
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó este miércoles con 162 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención un proyecto que agrava las penas por vandalismo rural y la entrada no autorizada a establecimientos agropecuarios. La iniciativa, impulsada por el PRO y con respaldo de organizaciones del campo como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ahora debe ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
El proyecto busca diferenciar daños a la producción y a la infraestructura rural de las infracciones comunes, una reclamo histórico del sector que denuncia pérdidas millonarias por ataques a silobolsas, alambrados y bombas de agua. Un ejemplo habitual en el debate parlamentario es una silobolsa de 200 toneladas, cuyo contenido puede perderse con un solo tajo y cuyo daño hoy recibe penas equivalentes a rayar un vehículo.
Los productores aseguran que la normativa vigente no contemplaba la magnitud económica ni el impacto productivo de estos hechos, lo que dejó muchos casos en manos de procesos contravencionales con sanciones leves. La discusión en Diputados reflejó esa preocupación y la búsqueda de herramientas legales que reconozcan el valor de la inversión y el trabajo rural.
Qué cambia el proyecto para el vandalismo rural
El texto aprobado introduce dos figuras nuevas en el Código Penal para tipificar la intrusión y el daño a la producción agropecuaria como delitos con penas específicas. El objetivo es evitar que hechos que comprometen cosechas, sistemas de riego o almacenamiento queden subsumidos en infracciones de baja gravedad.
El proyecto incorpora el Art. 150 bis, que convierte en delito entrar sin permiso a un establecimiento rural cercado o señalizado con penas de 1 a 12 meses, y agrava la pena a 2 años si la intrusión obstaculiza la actividad productiva. Además crea el Art. 184 bis para el daño a la producción y a la infraestructura agropecuaria con penas de 2 a 8 años y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño.
La nueva figura alcanza cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes y productos en transporte, así como infraestructura vinculada con la actividad: silos, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas. La inclusión de estos rubros pretende reflejar la diversidad de activos que sostienen la producción agroindustrial y su vulnerabilidad frente a actos vandálicos.
Apoyos, consensos y argumentos del sector
El respaldo a la iniciativa provino no solo del PRO, sino también de bloques como La Libertad Avanza y representantes de la coalición oficialista en provincias, según el recuento de la Fundación Barbechando. Desde el espacio legislativo del agro se destacó la casi unánime adhesión y la voluntad de clarificar el marco legal para proteger inversiones productivas.
Barbechando resumió la preocupación central al señalar que “detrás de cada uno de estos delitos hay algo más que un bien material dañado: puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y el trabajo de muchos años”. Entidades como CARBAP celebraron la media sanción y subrayaron la necesidad de herramientas jurídicas eficaces para resguardar a productores y familias rurales.
Por qué importa al país y qué desafíos quedan
La aprobación en Diputados abre un debate más amplio sobre las condiciones para el desarrollo de la agroindustria, ya que la seguridad jurídica y material impacta directamente en la inversión y la continuidad productiva. En un sector con ciclos productivos largos, un acto vandálico puede traducirse en pérdidas que afectan empleo, comercio y abastecimiento.
Quedan por resolver preguntas prácticas sobre la aplicación de la norma: cómo se medirá y acreditará el valor del daño, qué recursos tendrán las fuerzas de seguridad para intervenir en zonas rurales y cómo se articulará la respuesta criminal con medidas de prevención. También se anticipan críticas sobre posibles riesgos de criminalización de conflictos rurales, por lo que el debate en el Senado probablemente incluirá parámetros de proporcionalidad y garantías procesales.
Impacto y vías complementarias para reducir los ataques
Productores y especialistas destacan que endurecer penas es una pieza del rompecabezas pero no la única solución para reducir el vandalismo rural y sus consecuencias económicas. Medidas complementarias como mayor patrullaje rural, sistemas de monitoreo remoto, seguros para granos y campañas de concientización pueden combinarse con la norma para mitigar riesgos.
La iniciativa llega en un momento político en que el Congreso prioriza temas vinculados con la producción y la seguridad en el interior, y su sanción definitiva en el Senado marcará si el Estado logra ofrecer una respuesta integral. Para los productores la expectativa es que la ley no sólo castigue, sino que contribuya a generar un entorno donde invertir y producir sea predecible y seguro.
