Diputados bonaerenses habilitan usar el 100 % del impuesto rural para obras hídricas y desatan tensión con el campo
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que autoriza a los municipios a disponer por seis meses del 100 % de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de drenaje y equipamiento hídrico ante el fenómeno El Niño. La iniciativa fue presentada por el diputado de Unión y Libertad, Sergio Vargas, y lleva la firma de su compañera de bancada Silvana Ventura.
La medida busca acelerar intervenciones como dragado de canales, reparación de alcantarillas y compra de bombas, pero generó rechazo en el sector rural por su impacto en el mantenimiento vial. Productores y asociaciones advierten que desviar esos fondos puede dejar sin recursos a una red de caminos ya golpeada por las lluvias.
La resistencia del sector agropecuario
La Sociedad Rural Argentina (SRA) sostuvo que es imprescindible atender la emergencia hídrica, pero alertó que no puede resolverse una crisis comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción. En idéntico sentido, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) rechazó la reasignación por el riesgo que implica para la transitabilidad en distritos rurales.
La SRA recordó que los caminos secundarios y terciarios son vitales para sacar la producción, garantizar el acceso a escuelas y servicios de salud y sostener la vida en el interior. La entidad advirtió que desviar recursos “sin garantías concretas de reposición” pone en riesgo la transitabilidad y la continuidad de las cadenas productivas.
Por qué importa: efectos en la producción y la respuesta a El Niño
En un escenario de intensas precipitaciones, las obras de drenaje pueden evitar que campos queden anegados y que actividades productivas se paralicen durante semanas. Sin embargo, la falta de mantenimiento de caminos rurales también puede impedir la salida de granos y hacienda, amplificando pérdidas económicas y sociales.
Quienes apoyaron el proyecto señalaron que la iniciativa ofrece a los intendentes herramientas para actuar con rapidez frente a inundaciones, y citaron la falta de transferencias del Fondo Hídrico desde la Nación como justificativo. El diputado peronista y exintendente Alejandro Acerbo defendió la medida como un auxilio necesario para municipios que, según él, no recibieron los fondos nacionales previstos.
Qué permite exactamente la norma y cómo está distribuido el impuesto
La propuesta permite que los municipios bonaerenses apliquen hasta el 100 % de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural para obras hídricas durante un plazo de seis meses. Los intendentes podrán optar por utilizar esa facultad según la evaluación local de la emergencia, ya que la reasignación no es obligatoria.
En la normativa vigente, la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural se distribuye así: 65 % al Ejecutivo provincial, 12 % al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, 3 % al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y 20 % a los municipios por la administración del tributo. Ese esquema explica por qué la medida impacta directamente en partidas destinadas al cuidado de la red vial rural.
Demandas, alternativas y el horizonte político
El sector rural reclama planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que no obligue a pagar una emergencia con el deterioro de otra red esencial. “Reclamamos planificación, financiamiento específico y una política de infraestructura que contemple las necesidades del sector productivo”, señaló la SRA.
Para productores y gobiernos locales, la discusión pasa por diseñar mecanismos que permitan ejecutar obras hídricas sin desfinanciar el mantenimiento vial, como transferencias compensatorias o compromisos formales de reposición. Mientras tanto, la medida habilita a los intendentes a actuar, pero deja abierta la tensión entre soluciones inmediatas y sostenibilidad de la infraestructura rural.
