La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del denominado “Caso Vialidad”. Esta causa se centra en irregularidades en la asignación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, considerado cercano a la familia Kirchner.

Contexto y Desarrollo del Caso

El caso, conocido como “Causa Vialidad”, aborda la supuesta adjudicación irregular de 51 contratos de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La hipótesis planteada desde la instrucción del expediente y ahora ratificada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, es que estos contratos fueron direccionados en favor de Austral Construcciones, propiedad de Báez, a través de mecanismos de licitación que habrían simulado competencia, incorporado sobrecostos y permitido una ejecución incompleta de los trabajos. De hecho, se estima que Báez llegó a recibir cerca del 86% de las obras viales nacionales en Santa Cruz durante ese período, una considerable cantidad de las cuales quedaron sin terminar, aunque se cobraron igualmente.

En el fallo de Casación, los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky expresaron que el manejo de los contratos, así como los pagos y adelantos financieros, se realizó en un marco de favoritismo que permitió a Austral Construcciones un “crecimiento económico exponencial”, al depender exclusivamente de fondos públicos nacionales para financiar sus operaciones.

La Decisión de la Cámara de Casación

El fallo de la Sala IV de Casación Penal respalda las conclusiones a las que había llegado el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) en diciembre de 2022. En esta instancia, los magistrados ratificaron la condena de Cristina Kirchner como autora de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el fallo también se impone una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El juez Gustavo Hornos propuso sumar el delito de asociación ilícita a la condena, argumentando que existió una red de corrupción estructural liderada por la expresidenta en su rol de funcionaria pública. No obstante, sus colegas Barroetaveña y Borinsky no coincidieron con esta acusación adicional, lo que evitó que Kirchner fuera condenada bajo este cargo específico.

Afectación al Estado y Sanción Económica

En relación con el impacto económico del caso, la Cámara de Casación estimó el perjuicio para el Estado en aproximadamente 85.000 millones de pesos, una cifra que los jueces ordenaron decomisar de los condenados, previa actualización de los montos. Este decomiso, que se ejecutará cuando la sentencia quede firme, representa uno de los mayores perjuicios económicos que se le ha atribuido a un caso de corrupción en Argentina.

El dinero en cuestión corresponde a fondos desviados a través de los sobrecostos y a la concesión de obras incompletas. Este circuito de irregularidades, según los camaristas, fue sostenido por una “alianza delictiva de funcionarios públicos” que ignoraron o, incluso, facilitaron el beneficio indebido del grupo empresarial de Báez, con fuerte vinculación comercial con la familia Kirchner.

Condenas y Absoluciones de Otros Funcionarios

Además de Cristina Kirchner, la Cámara de Casación confirmó las condenas de varios exfuncionarios y colaboradores cercanos, entre ellos:

• José López: exsecretario de Obras Públicas, condenado a seis años de prisión.
• Nelson Periotti: exdirector de Vialidad, sentenciado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
• Lázaro Báez: el empresario recibió también seis años de prisión, con la imputación de partícipe de administración fraudulenta.

Por otro lado, fueron absueltos otros acusados, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y Héctor Garro, mientras que Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner, fue sobreseído por prescripción de la acción penal.

Implicancias y Próximos Pasos Legales

Aunque la Cámara de Casación Penal ha ratificado las condenas, la expresidenta no será detenida de inmediato. La sentencia sólo se ejecutará una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre los recursos que las defensas han anunciado que interpondrán. Esto podría extender el proceso durante años, ya que el nuevo Código Procesal Penal Federal en vigencia establece que la pena se aplica una vez agotadas todas las instancias judiciales.

Kirchner, quien carece de fueros parlamentarios, podría pedir cumplir su condena en su domicilio por tener más de 70 años. Adicionalmente, si el Congreso aprueba la ley de “ficha limpia”, que busca impedir candidaturas de personas condenadas por delitos de corrupción, esta resolución de Casación podría afectar futuras aspiraciones políticas de la exmandataria.

En conclusión, la decisión de la Cámara de Casación Penal representa un paso significativo en el desarrollo de la causa judicial contra Cristina Kirchner y otros funcionarios de su administración. La causa, que gira en torno a la administración de fondos públicos destinados a obras viales en Santa Cruz, mantiene abiertos debates sobre la justicia y las implicancias de estos procesos en el ámbito político y judicial del país.