El debate sobre la adhesión de Argentina a UPOV-91 y la actualización de la ley de semillas volvió a poner en primer plano la tensión entre productores, obtentores y el Estado, con coincidencias en la necesidad de consensos pero profundas diferencias en el alcance y la metodología del cambio. En el centro de la discusión están el uso propio de semillas, la posibilidad de acercarse al estándar internacional UPOV-91, el temor a mayor burocracia o a la apertura a patentes y la urgencia de crear condiciones para atraer inversiones en mejoramiento genético y edición génica.
Contexto y actores
La discusión se desarrolló con la participación del Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Secretaría de Agricultura, representantes del sector productivo como Confederaciones Rurales Argentinas y CARBAP, y la industria semillera, entre ellos empresas como GDM. Martín Famulari, presidente de Inase, subrayó que el Estado debe actuar como árbitro y que el objetivo es encontrar una solución que deje a todos los actores “cómodos” dentro de una cadena clave para la economía argentina.
Tensión principal: UPOV-91 vs esquemas locales
UPOV-91 es un convenio internacional que establece estándares para la protección de obtenciones vegetales. Famulari advirtió que la discusión no puede limitarse a la dicotomía UPOV-78 versus UPOV-91 y planteó la búsqueda de consensos en cualquiera de las variantes posibles. Enfatizó además que el uso propio vigente en Argentina fue diseñado tomando criterios de UPOV-91 como referencia y que el país ya exige “origen legal de las semillas”.
La industria semillera sostiene que la adhesión a UPOV-91 o a un marco más sólido es necesaria para que Argentina compita en igualdad de condiciones con mercados como Brasil, Estados Unidos o Canadá. Desde GDM, Lucas Amadeo afirmó que un marco regulatorio más robusto impulsaría la inversión en edición génica y mejoramiento vegetal, y que la adhesión tendría un impacto directo en productividad y en la recuperación de capital de las empresas que desarrollan variedades.
Preocupaciones del sector productivo
Productores y asociaciones rurales mostraron reservas. Pablo Ginestet y otros dirigentes plantearon el riesgo de que un régimen con mayores controles y costos administrativos termine siendo perjudicial para los productores, quienes buscan un equilibrio entre el “0” (posición extrema de los productores contra mayores limitaciones) y el “100” (postura de los semilleros que privilegia la protección máxima). La experiencia de 2018, cuando hubo “casi un acuerdo” que no prosperó, fue citada como ejemplo de la dificultad para construir confianza entre las partes.
Un punto central es el uso propio de semillas: UPOV-91 deja a cada Estado la definición precisa del alcance de ese derecho, permitiendo desde mantener un uso propio amplio hasta imponer cobros por uso oneroso. Famulari explicó que esa flexibilidad delega en el Estado la facultad de ubicarse en el porcentaje que estime conveniente entre “0 y 100% de uso oneroso”, lo que abre el espacio para negociaciones sobre límites y compensaciones.
Riesgo de patentes y atraso genético
Entre las inquietudes del sector productivo figura el miedo a la “puerta a patentes”: aunque hoy la legislación argentina no lo permite, algunos temen que cambios profundos abran la posibilidad en el futuro. Además, se señaló el “atraso genético” del país como un factor crítico: hay pocas compañías dedicadas al mejoramiento genético en Argentina comparadas con Brasil, que cuenta con una mayor cantidad de empresas y programas. Desde esa perspectiva, las modificaciones parciales o los “parches” a la norma no serían suficientes para revertir una situación de competitividad inferior.
La mirada de la industria: atraer inversiones y tecnología
Para la industria de semillas, la adhesión a UPOV-91 o a un régimen más claro y moderno es una herramienta indispensable para atraer inversiones en genética, biotecnología y edición génica. Según representantes como Amadeo, un marco regulatorio sólido cambia la previsión de recupero del capital invertido en desarrollo de variedades y permite que empresas internacionales y programas de mejoramiento consideren a Argentina como un destino viable para sus inversiones.
Alternativas y soluciones propuestas
Varios oradores coincidieron en que avanzar solo con la adhesión a UPOV-91 sin reformar el sistema integral de semillas sería insuficiente. Famulari sostuvo que una reglamentación consensuada, moderna y orientada al futuro “casi deja sin efecto a la UPOV-91” porque la forma en que se implementa puede marcar la diferencia. En otras palabras, la letra del convenio importa menos que la aplicación práctica y las definiciones nacionales sobre uso propio, controles y recupero.
Se propusieron además herramientas tecnológicas y uso de inteligencia artificial para simplificar controles y cobros, reduciendo la burocracia y los costos administrativos que preocupan a los productores. La introducción de soluciones digitales podría facilitar la trazabilidad del origen legal de semillas y la fiscalización sin imponer cargas operativas excesivas.
Balance y desafío
El consenso básico entre las partes es la necesidad de actualizar el sistema de semillas para mejorar la competitividad y atraer inversiones. Sin embargo, persisten diferencias sobre el modelo: algunos buscan un esquema intermedio, otros abogan por una adhesión más decidida a UPOV-91 y la industria presiona por un marco que coloque a Argentina en igualdad de condiciones con países líderes en mejoramiento genético.
El desafío es construir una ley que permita acceder “a la mejor tecnología del mundo” sin generar costos administrativos insostenibles ni socavar la seguridad jurídica de productores. La construcción de confianza entre actores será clave, así como la definición clara del alcance del uso propio y de las garantías frente a potenciales aperturas hacia esquemas de patentes.
Impacto económico y perspectivas
Un cambio bien diseñado podría tener impacto directo en la productividad y en el bolsillo de los argentinos, según empresarios del sector. La adhesión a UPOV-91 o una ley moderna de semillas puede favorecer ganancia genética y mayor producción, pero su efectividad dependerá de detalles regulatorios y de la capacidad del Estado para arbitrar y garantizar condiciones equitativas.
En definitiva, la discusión en Argentina sobre UPOV-91 y la ley de semillas seguirá siendo un punto central para la política agrícola y la competitividad internacional. El resultado dependerá de la voluntad de las partes para ceder en posiciones extremas y construir un modelo intermedio que combine seguridad jurídica para la industria, protección y viabilidad para los productores, y mecanismos tecnológicos y regulatorios que fomenten inversión en genética y biotecnología. Sin acuerdos claros y confianza entre los actores, el riesgo es permanecer en un esquema de parches que no corrija el atraso genético ni potencie la entrada de nuevas tecnologías.
