La ruralidad de Olavarría atraviesa una escalada de violencia que pone en jaque la seguridad y la rentabilidad del sector agropecuario local, y los productores denuncian una cadena de hechos que no encuentran respuesta efectiva. Según los relatos de los damnificados, los episodios incluyen más de 40 denuncias por robo y faena clandestina de animales, cortes en más de 1.100 metros de alambrado y cámaras de seguridad baleadas.
La reacción del municipio, que decidió bloquear con montículos de tierra un acceso utilizado por los productores, provocó rechazo y polémica entre vecinos y titulares de campos por considerarse una medida improvisada e insuficiente. La discusión puso en el centro la tensión entre acciones visibles y las estrategias de prevención que piden los productores.
Los ataques, según señalaron los afectados, ocurren incluso a plena luz del día y con personas armadas que luego vuelven de noche a retirar los animales faenados, una modalidad que aumenta la sensación de impunidad. Productores como Francisco Franco denunciaron pérdidas relevantes: en un mes sufrió la faena de 34 animales y estimó daños por alrededor de $40 millones, lo que lo llevó incluso a considerar abandonar el establecimiento.
Para los productores, el problema no es sólo económico sino también de seguridad personal y bienestar animal, porque se reportaron animales baleados y preñadas faenadas, hechos que afectan la sustentabilidad de las actividades rurales. Además de la pérdida de hacienda, las roturas de alambrados obligan a invertir tiempo y recursos en reparaciones y mayor vigilancia.
Bloqueo, críticas y críticas al intendente
El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, ordenó la colocación de montículos de tierra en un camino de unos 1.000 metros que da acceso a varios campos, una medida que según productores fue dispuesta sin aviso y en plena madrugada. Los afectados, liderados por productores como Alberto Mancusi, interpretan la maniobra como una acción que limita la circulación y no ataca la raíz del problema: la falta de prevención y patrullaje nocturno.
Mancusi contó que varios vecinos y productores habían presentado documentación en la comuna que respalda las denuncias, y que los números reales podrían ser mayores por la subdeclaración de hechos que muchos consideran inútil denunciar. En su relato insistió en que ya existen más de 40 denuncias formales y en que la respuesta municipal generó indignación porque dificulta el acceso de vehículos de emergencia y de proveedores a los campos.
Los críticos sostienen que cerrar un camino con tierra no impide que delincuentes pasen por otros accesos ni que borden vehículos y cámaras, y mencionan además que algunos automóviles ya circularon por encima de los montículos. La Sociedad Rural de Olavarría respaldó la demanda de los productores y reclamó medidas concretas de prevención, iluminación y vigilancia en los caminos rurales.
Además del pedido local, productores plantean la necesidad de una coordinación más amplia con fuerzas provinciales para reforzar los patrullajes nocturnos y el control de los accesos a las zonas rurales. La ausencia de respuesta rápida por parte del municipio a los reclamos dejó al sector expectante sobre si habrá un plan de trabajo conjunto y sostenido en el tiempo.
Impacto económico y medidas reclamadas
Los productores advierten que la repetición de estos episodios erosiona la rentabilidad de los establecimientos y la confianza para invertir en infraestructura y genética bovina, con efectos en la cadena de valor de la carne y los forrajes. En términos concretos, la faena clandestina de terneros y vaquillonas preñadas implica no sólo pérdida de kilos sino también de potencial reproductivo futuro, algo difícil de cuantificar en el corto plazo.
Entre las medidas reclamadas, los productores destacan la necesidad de mayor presencia policial durante la noche, instalación de cámaras y luminarias en accesos estratégicos, y operativos de inteligencia para desarticular las redes que actúan entre la periferia urbana y los campos. También piden protocolos para registrar y conservar evidencias en los casos de faena clandestina que faciliten las investigaciones judiciales.
En el plano tecnológico, los tamberos y ganaderos consultados no descartan adoptar soluciones complementarias como drones, sistemas de geolocalización del ganado y mayor control en los canales de comercialización de carne, pero subrayan que esas herramientas requieren inversión y coordinación con políticas públicas. La percepción común es que sin un plan integral que combine prevención, investigación y sanción, las acciones aisladas serán insuficientes para reducir el abigeato.
Mientras tanto, los productores intentan visibilizar la problemática convocando a vecinos y a medios para que constaten los daños in situ, una estrategia que ya generó repercusión comunitaria y críticas hacia la gestión comunal. Desde el municipio no se recibió, hasta el momento, una respuesta formal que detalle un plan de acción concreto y sostenido para abordar la inseguridad rural.
El episodio de Olavarría plantea preguntas sobre cómo proteger la producción agropecuaria en territorios periurbanos y sobre qué rol deben jugar los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad provinciales. La situación exige una respuesta coordinada que combine medidas de corto plazo para proteger bienes y personas y políticas de largo plazo que reduzcan la tentación del delito y fortalezcan la trazabilidad y control en el sector.
