Productores de Carlos Casares llevan a la Justicia el silencio del gobierno sobre obras antiinundaciones
Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense por no responder un pedido de información sobre obras hidráulicas en la cuenca del río Salado. La demanda busca obligar al Estado a detallar qué trabajos se hicieron, qué fondos se destinaron y qué obras están pendientes en la subregión A3.
El caso enlaza directamente con el Plan de Gestión del Riesgo Climático anunciado por el gobierno de Axel Kicillof, que promete inversiones para enfrentar eventos extremos como El Niño. La falta de información pública sobre ejecución y asignación de recursos genera incertidumbre en productores que ya sufren problemas de acumulación de agua e inundaciones.
Qué reclaman los productores
El reclamo judicial surge después de que los productores presentaran un pedido de información el 22 de julio y que, según denuncian, no obtuvieron respuesta dentro del plazo legal. Los demandantes explican que la petición apuntaba a documentos oficiales, contratos, comprobantes de pago e informes que permitan verificar el avance físico y financiero de las obras.
En el amparo presentado el 22 de octubre ante la Receptoría General de Expedientes de Trenque Lauquen, los productores enfatizan que no quieren respuestas genéricas ni remisiones imprecisas a páginas web. Piden información documental, verificable y trazable, vinculada a expedientes, partidas, contratos, pagos y responsables determinados.
Qué obras y fondos están en disputa
Entre los trabajos solicitados figuran intervenciones en el arroyo Saladillo, el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este y la laguna Municipal de Bragado, entre otros tramos claves de la cuenca. También demandan datos sobre sistemas de bombeo como el del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y controles sobre canales construidos sin autorización.
Los productores exigen aclarar si la inversión anunciada por Kicillof en agosto —por más de $2,3 billones según el anuncio oficial— ya estaba prevista en el presupuesto de 2026 o si proviene de nuevos fondos, créditos o préstamos internacionales. Quieren saber cuánto se destinó a cada obra, qué empresas fueron contratadas, cuánto se pagó hasta ahora y qué trabajos están concluidos o sin comenzar.
Plazos procesales y respuesta estatal
Según la presentación, el plazo legal de 30 días hábiles para responder venció el 3 de septiembre y el Ministerio no comunicó prórroga ni invocó excepción legal. Frente a esa omisión, los productores recurrieron a la Justicia para obtener el cese del silencio estatal y el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ante la consulta de este medio, indicaron que van a “contestar el pedido de informes a la brevedad”. Para los productores, recibir la información después de ejecutadas las partidas o finalizadas las obras reduce sustancialmente su utilidad para el control y para decidir medidas preventivas.
Por qué la información es urgente
Los demandantes advierten que la demora puede restar utilidad a la información porque muchas medidas de prevención dependen del momento en que se planifican y ejecutan las obras. Con lluvias previstas y la posibilidad de que eventos climáticos extremos se intensifiquen, conocer el estado real de los trabajos es clave para administrar riesgos y proteger la producción agropecuaria.
Además de la fiscalización, los productores sostienen que la transparencia es esencial para coordinar soluciones en caminos rurales, alcantarillas y canales que afectan la circulación y la operatividad de los establecimientos. La presentación no discute la idoneidad técnica de las obras, sino que reclama datos precisos para evaluar ejecución, plazos y responsables.
La causa suma un capítulo en la tensión entre productores y el Estado provincial por la gestión de eventos hídricos y las inversiones públicas, y pone el foco en la necesidad de información oportuna en zonas vulnerables. Firma: Pilar Vázquez, Palabra de Campo.
