En la Sociedad Rural Argentina se discutieron los desafíos para financiar una ganadería compatible con las exigencias ambientales y la productividad regional, en el marco del Evento Regional de Finanzas Sostenibles para la Ganadería en América Latina. El debate reunió a funcionarios de Argentina, Brasil y Bolivia y puso en evidencia la tensión entre cumplir normas internacionales y no convertirlas en una barrera para los productores.
Ese cruce entre regulación, mercado y acceso al crédito es clave porque define la capacidad de la región para aumentar la producción sin perder competitividad en los mercados externos. Si el financiamiento no se ajusta a la realidad productiva, los más afectados serán los pequeños productores y las iniciativas de recuperación de tierras degradadas.
Rentabilidad, crédito y desregulación
Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, planteó que el financiamiento sostenible debe partir de la rentabilidad del productor y de la solidez del negocio, condiciones que los bancos evalúan antes de prestar. Además, vinculó esa posibilidad con la estabilidad macroeconómica y citó como prioridades la baja de la inflación, la unificación del tipo de cambio y el equilibrio fiscal.
Chiappe destacó la desregulación de los warrants sobre animales en pie como medida para ampliar el acceso al crédito, y explicó que el monto pasó de US$1000 millones en 2024 a US$2000 millones en 2025. También señaló la intención de usar información sanitaria y de trazabilidad del Senasa, con autorización de los productores, para respaldar garantías y reducir el riesgo crediticio.
Entre las herramientas financieras, mencionó préstamos cuyo pago se calcula en función del producto, una modalidad desarrollada junto al Banco BICE para las cadenas bovina, porcina y láctea que expresa las cuotas en kilos o litros. Al mismo tiempo, el trabajo regional en el Consejo Agropecuario del Sur busca coordinar respuestas frente a normas internacionales como las europeas sobre deforestación y límites de residuos, con argumentos basados en ciencia y práctica productiva.
Recuperar tierras degradadas
Desde Brasil, Pedro Cunto explicó que el país dispone de aproximadamente 100 millones de hectáreas de tierras degradadas y que cerca de 40 millones podrían recuperarse para una agricultura o ganadería más intensiva, mientras conserva 584 millones de hectáreas de vegetación nativa, equivalentes al 66 % de su territorio. Esa combinación plantea un desafío: aumentar la producción y reducir emisiones sin tocar más bosque nativo.
Como respuesta, el gobierno promueve iniciativas como Caminho Verde Brasil para restaurar hasta 40 millones de hectáreas de pastizales degradados en 10 años y mecanismos financieros como Ecoinvest. En una subasta que esperaba captar US$1000 millones se consiguieron compromisos por US$6000 millones de diez bancos, fondos suficientes para recuperar cerca de 1,4 millones de hectáreas con potencial de llegar a entre 2 y 2,5 millones según los proyectos, aunque para escalar se necesita capital público catalítico y garantías que reduzcan el riesgo.
Brasil también negocia una nueva subasta con capital catalítico de Japón por alrededor de US$500 millones destinada a facilitar crédito a pequeños productores, y articula instituciones como Embrapa, Bndes y Banco do Brasil con actores privados y científicos. Ese esquema busca combinar mapas de áreas prioritarias, cálculo de costos y mecanismos que rebajen el precio del capital para acciones de restauración productiva.
Acceso de los pequeños productores
Karel Rivero, viceministro de Bolivia, insistió en que la sostenibilidad debe integrar producción, seguridad alimentaria, protección del capital natural y desarrollo territorial, y que el Estado debe ofrecer reglas claras y estables para reducir la incertidumbre. En su visión, las condiciones institucionales son fundamentales para que el financiamiento sostenible llegue efectivamente a los pequeños y medianos productores.
Los ponentes coincidieron en que las altas tasas de interés y la falta de instrumentos de largo plazo limitan proyectos de restauración y adaptación, por lo que hay que buscar fondos internacionales y esquemas de riesgo compartido. Además, subrayaron la necesidad de sistemas de medición y verificación de impacto ambiental y productivo transparentes y adaptados a la realidad regional para que la trazabilidad no sea una barrera al crédito.
El debate mostró que la región puede conciliar productividad y requisitos internacionales si se articulan políticas públicas, capital catalítico y soluciones técnicas que contemplen a los más vulnerables del sector. Por Mariana Reinke.
