La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que permite a los municipios disponer, por un plazo limitado, de recursos destinados al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras hídricas, y la medida despertó un fuerte rechazo del sector agropecuario. La decisión, que habilita cambios temporales en la asignación de fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural, llega en medio de advertencias por el riesgo de que los caminos rurales pierdan inversión crítica.
La norma regirá por 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial y autoriza utilizar hasta el 100 % de los montos transferidos para mantenimiento vial en obras como drenaje, dragado y reparación de alcantarillas. Sus impulsores justifican la medida como una herramienta urgente para prevenir inundaciones, especialmente frente a episodios de El Niño y la saturación de la red de canales bonaerense.
El proyecto había sido presentado por el senador Sergio Raúl Vargas junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi y obtuvo media sanción del Senado el 6 de octubre antes de llegar a Diputados. Los fondos que se podrán reasignar provienen de la Ley 13.010 y sus modificaciones, y son montos coparticipados o transferidos, no la tasa vial que cobran algunos municipios.
Qué cambia la nueva ley
El primer artículo autoriza a los municipios a destinar “hasta el cien por ciento (100%)” de los recursos coparticipados con destino al mantenimiento de la red vial rural a proyectos de infraestructura hídrica, compra de equipamiento y obras de defensa. En la práctica, esos fondos podrán usarse en limpieza de canales, ampliación de alcantarillas, dragado y otras intervenciones vinculadas al control de excesos de agua.
Actualmente, según la fundamentación oficial, el porcentaje destinado al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales es de 12 % de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, aunque organizaciones del sector rural citan cifras cercanas a 12,5 % en ciertas referencias normativas. Los promotores sostienen que, sin intervenciones en alcantarillas y canales, cualquier inversión en el alteo de caminos resulta ineficaz y desperdicia recursos públicos.
Las voces del campo y los cuestionamientos
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Productores y entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carbap expresaron rechazo porque la norma no aclara que los recursos se destinen exclusivamente a obras en ámbitos rurales, lo que abre la puerta a usos urbanos. Los dirigentes advierten que eso deja a los caminos rurales sin los recursos indispensables para su conservación y afecta la operatividad productiva.
Gustavo Frederking, de la Comisión de Servicios de Carbap, planteó que la redacción habilita a intendentes a ejecutar obras hídricas fuera del ámbito rural y recordó que la asignación para caminos fue reducida con el tiempo, lo que aumenta la preocupación. La diputada provincial Silvina Vaccarezza y el diputado Luciano Bugallo también criticaron el tratamiento legislativo y la falta de debate en comisión, recordando que el proyecto se votó sobre tablas con el apoyo de una mayoría de dos tercios.
Impacto concreto: caminos, producción y servicios
Las organizaciones advierten que afectar fondos creados para el mantenimiento vial pone en riesgo la posibilidad de sacar la producción de los campos, asegurar el acceso a escuelas y garantizar servicios de salud en el interior provincial. Carbap enfatiza que los caminos rurales están hoy en condiciones “desastrosas” y que la solución no puede consistir en trasladar la inversión de una infraestructura crítica a otra sin garantías de reposición.
Productores recuerdan que antes parte de la recaudación se destinaba en mayor proporción al mantenimiento —según su referencia, hasta un 25 % en periodos previos— y que la reducción a alrededor del 12 % llegó acompañada de demandas crecientes por más inversión. Además, señalan que los municipios ya recaudan por tasa vial y que la clave es mejorar la administración de esos recursos antes que reasignarlos.
Alternativas y supervisión: qué piden los productores
Entre las propuestas que surgen del sector figura la creación de un fondo específico para infraestructura hídrica con reglas claras de asignación y control, en lugar de permitir la afectación temporal de los recursos viales. También se reclama mecanismos de participación de las entidades rurales y auditoría pública para garantizar que las obras prevengan inundaciones sin hipotecar la red vial.
La polémica pone en evidencia un dilema de políticas públicas: priorizar acciones urgentes para mitigar inundaciones o preservar la financiación de una infraestructura que sostiene la producción cotidiana. Organizaciones y legisladores opositores piden que, si se habilita la reasignación, al menos se estipulen condiciones de destino y plazos de reposición del dinero.
Cómo sigue: plazos y controles necesarios
La ley entra en vigencia una vez publicada y rige por 180 días, plazo durante el cual municipios podrán reasignar los fondos sin necesidad de modificar la Ley 13.010 de forma definitiva. Para el sector agropecuario y las entidades rurales, el desafío inmediato es exigir transparencia en la ejecución de esas obras y la garantía de que no se comprometerá el mantenimiento futuro de los caminos.
Más allá del corto plazo de vigencia, la discusión promete extenderse al terreno político y técnico, con reclamos por mayor participación ciudadana y controles sobre la administración de fondos. En un contexto donde las lluvias y las crecidas son cada vez más frecuentes, la tensión entre la atención a emergencias y la preservación de infraestructura clave exigirá acuerdos y reglas claras entre municipios, provincia y productores.
