Entre Ríos pone en vigor un protocolo obligatorio de buenas prácticas para el uso de fitosanitarios
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos aprobó mediante la Resolución No 34/2026 el Protocolo de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios, norma exigible en todo el territorio provincial según lo establecido en el Artículo 14 de la Ley Provincial No 11.178. El documento, trabajado durante 2025 y aprobado el 10 de diciembre en el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano de Paraná, busca ordenar la aplicación de productos fitosanitarios incorporando recomendaciones técnicas nacionales y provinciales, y responde también a un contexto de debate público sobre su uso en zonas periurbanas y fallos judiciales recientes.
Qué establece la Resolución No 34/2026 y el alcance del protocolo
– La Resolución No 34/2026 formaliza el Protocolo de Buenas Prácticas y hace su cumplimiento obligatorio en la provincia de Entre Ríos.
– El protocolo fue elaborado por el Consejo Asesor Fitosanitario y aprobado por la Secretaría provincial competente, lo que lo convierte en un instrumento normativo de aplicación directa para productores, aplicadores, comercializadores y autoridades locales.
– Aunque el texto oficial del protocolo contiene el detalle técnico, la guía se apoya en marcos y manuales reconocidos a nivel nacional para estandarizar procedimientos y minimizar riesgos asociados a la aplicación de fitosanitarios.
Referencias técnicas en las que se basa el protocolo
El protocolo provincial incorpora y adapta recomendaciones de documentos y organismos nacionales, entre ellos:
– Resolución Conjunta N° 1/2018 (Ministerios de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
– Manual de uso responsable de productos fitosanitarios de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).
– Manual de buenas prácticas agrícolas del INTA, SENASA y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
También fue enriquecido con las aportaciones de las entidades y estamentos que integran el Consejo Asesor Fitosanitario.
Principales medidas y recomendaciones que incorpora el protocolo
El protocolo integra estándares y prácticas habituales en la gestión responsable de fitosanitarios. Entre las medidas y recomendaciones generales que contempla o promueve —de acuerdo con las fuentes técnicas citadas— se encuentran:
– Uso conforme a la etiqueta: respetar dosis, cultivos autorizados, plazos de carencia y condiciones de aplicación indicadas por el fabricante y por la normativa vigente.
– Capacitación obligatoria: formación de aplicadores y responsables técnicos en manejo seguro, calibración de equipos, interpretación de etiquetas y medidas de mitigación de deriva.
– Equipos de protección personal (EPP): uso y mantenimiento de EPP adecuados por parte de los aplicadores.
– Calibración y mantenimiento de equipos: revisión periódica y ajuste de pulverizadores para minimizar la deriva y asegurar la dosis correcta.
– Zonas sensibles y buenas prácticas de buffer: establecer distancias o barreras de protección respecto a escuelas, centros poblados, cursos de agua y áreas de alto valor ambiental (el protocolo adapta criterios técnicos nacionales y locales).
– Registro y trazabilidad: llevar registros de compras, aplicaciones (dosis, equipo, condiciones climáticas), y gestión de envases vacíos.
– Prevención y gestión de derrames: protocolos de contingencia y disposición segura de residuos y envases.
– Integración de estrategias de manejo integrado de plagas (MIP): priorizar medidas preventivas y culturales antes del uso químico.
– Sistemas de monitoreo y control: auditorías, inspecciones y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento.
El Consejo Asesor Fitosanitario: composición y rol
El protocolo fue evaluado y aprobado por el Consejo Asesor Fitosanitario, organismo creado para asesorar a la autoridad de aplicación y a los poderes públicos sobre el cumplimiento de la ley y su reglamentación. El Consejo, presidido por el ministro de Desarrollo Económico, incluye representantes de ámbitos públicos y privados con el objetivo de garantizar pluralidad y diálogo. Entre sus miembros figuran:
– Representantes del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Ambiente.
– Voces del Consejo General de Educación (CGE) y de la Secretaría de Gobiernos Locales.
– Dos representantes de las facultades de Ciencias Agropecuarias de la provincia y uno del INTA.
– Representantes de organizaciones de productores, del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer) y de aplicadores de productos fitosanitarios.
– Representantes de sindicatos (trabajadores rurales y docentes), registradores o expendedores de fitosanitarios y organizaciones ambientales no gubernamentales.
Esta composición busca acercar posiciones entre productores, técnicos, autoridades sanitarias, ambientalistas y actores locales para que el protocolo refleje criterios técnicos y sociales diversos.
Qué cambia para productores, aplicadores y municipios
– Obligación de cumplimiento: a partir de la resolución, las prácticas establecidas pasan a ser exigibles. Productores y aplicadores deberán adaptar sus rutinas según el protocolo.
– Capacitación y habilitación: es probable que el protocolo exija o recomiende certificaciones y formación continua para aplicadores y responsables técnicos.
– Registro y documentación: se espera mayor énfasis en la llevanza de registros de aplicación, trazabilidad y manejo de envases, lo que facilita auditorías y controles.
– Coordinación con municipios y comunidades: en zonas periurbanas y localidades, las medidas de notificación y coordinación previas a aplicaciones pueden ser parte de la operatoria para evitar conflictos y proteger zonas sensibles.
– Fiscalización y sanciones: el cumplimiento será fiscalizado por las autoridades provinciales correspondientes y puede acompañarse de sanciones ante infracciones, conforme a lo previsto en la Ley Provincial No 11.178 y sus reglamentaciones.
Contexto: polémicas y diálogo público
La puesta en vigor del protocolo se produce en el marco de controversias públicas por la aplicación de fitosanitarios en Entre Ríos, donde se han sucedido fallos judiciales y reclamos de diversos sectores. El protocolo pretende dar una respuesta técnica y normativa a esas tensiones, equilibrando la producción agropecuaria con la protección de la salud y el ambiente en zonas rurales y periurbanas.
Cómo actuar y dónde informarse
– Consultar el texto oficial: para conocer las obligaciones concretas y los requisitos técnicos, es recomendable descargar y leer el texto del Protocolo de Buenas Prácticas y la Resolución No 34/2026 disponible en la web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos.
– Actualizar prácticas: productores y aplicadores deben revisar sus procedimientos, capacitar personal, calibrar equipos y llevar registros detallados.
– Coordinar a nivel local: intendencias y municipios pueden establecer canales de comunicación con productores para aplicar medidas preventivas en zonas periurbanas y áreas sensibles.
– Buscar asesoramiento técnico: técnicos del INTA, profesionales agrónomos y organismos provinciales ofrecen apoyo para implementar MIP y optimizar el uso de fitosanitarios.
Conclusión
Con la Resolución No 34/2026, Entre Ríos formaliza y hace exigible un Protocolo de Buenas Prácticas para el manejo de fitosanitarios, basado en normas y manuales nacionales y elaborado con la participación de un amplio espectro de actores. Su implementación apunta a estandarizar procedimientos, reducir riesgos para la salud y el ambiente, y ordenar la aplicación en un contexto de crecientes demandas sociales y judiciales. Para cumplirlo, productores, aplicadores y autoridades locales deberán adaptar prácticas, capacitar personal y fortalecer la trazabilidad y el control.
