El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley del Presupuesto General 2027, un documento de casi 3.500 páginas que detalla ingresos, gastos y la perspectiva tributaria del año próximo. Este plan se convierte en la hoja de ruta fiscal que impactará decisiones de inversión y precio en el campo.
El texto incorpora proyecciones macroeconómicas y modelos de sensibilidad que afectan directamente a la agroindustria y la producción de alimentos. Por eso conviene leer sus cifras clave con atención antes de definir estrategia productiva o comercial.
EL PRESUPUESTO 2027 Y EL AGRO
En el corazón del informe aparece una proyección ambiciosa: una campaña agrícola histórica de 170 millones de toneladas, por encima del récord previo de 146 millones de 2018/19. Ese salto implica efectos directos sobre la oferta doméstica, los volúmenes exportables y la presión sobre la infraestructura logística.
El Gobierno estima además un récord en cultivos: 71,7 millones de maíz, 27,9 millones de trigo y 7,5 millones de girasol. Estas cifras condicionan el flujo de divisas y la demanda de servicios vinculados al comercio exterior.
Impuestos y riesgos clave para el agro
1) Cosecha y exportaciones récord: el aporte a la macro
Tras un 2025 en el que el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” creció 7,1 % y aportó al aumento del 4,5 % del PIB, el Gobierno espera que la actividad siga siendo un motor en 2027. Ese rol se vincula a mayores exportaciones y al dinamismo de la demanda internacional.
El Presupuesto también subraya el fuerte impulso de las exportaciones de carne, en especial por el acuerdo comercial con Estados Unidos, que amplía accesos y oportunidades. Según el Ejecutivo, ese proceso colaborará a consolidar una tendencia superavitaria del sector externo.
2) Las retenciones y otros impuestos y gastos tributarios
El documento remarca la política de reducción gradual de aranceles y derechos de exportación como parte de una devolución de recursos al sector privado. En este marco el Gobierno proyecta que el agro cierre el año con un crecimiento del 5,5 % y que en 2027 la expansión continúe pero a una tasa menor: 0,9 %.
La recaudación prevista por retenciones subiría un 41,3 % nominal hasta $12,06 billones, pasando de representar el 0,75 % del PIB en 2026 a 0,85 % en 2027. Ese aumento refleja tanto mayores volúmenes proyectados como ajustes en las alícuotas efectivas.
El Presupuesto también incluye beneficios tributarios como una alícuota reducida de IVA con un impacto estimado de $4,74 billones ( 0,33 % del PIB) para carnes, frutas, miel, legumbres y hortalizas frescas. Además se contempla un gasto tributario por el cómputo como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias del 45 % del impuesto sobre compras de gasoil por $1,03 billones ( 0,07 % del PIB) y una reducción por la incorporación de biocombustibles.
3) ¿Qué pasa si sucede un “shock” agrícola?
Como en ejercicios previos, el Presupuesto incorpora un modelo de equilibrio general para simular el impacto de crisis en la producción y en precios internacionales. Ese marco permite medir cómo variaciones en el agro afectan el crecimiento y las cuentas públicas.
Una caída del precio internacional de la soja a U$S 356,7 la tonelada (escenario moderado) o a U$S 289,3 (escenario extremo) reduciría el crecimiento del PIB en 0,4 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. Esos escenarios aceleran la erosión de ingresos fiscales y pueden presionar ajustes en el presupuesto.
En casos más severos, una sequía que reduzca la cosecha un 40 % implicaría un golpe al PIB de 3,1 % y un efecto en el balance financiero del 0,4 % del PIB. El informe también señala que una caída de la producción del 20 % afectaría al crecimiento del PIB en 1,5 puntos y deterioraría el balance público en 0,2 % del PIB.
Inversión pública y organismos técnicos
4) Los gastos en la Secretaría
La función “Agricultura, Ganadería y Pesca” tiene asignados $472.393,7 millones para 2027, lo que representa un incremento del 18,5 % respecto a los $398.482,7 millones de 2026. Ese aumento busca sostener programas de gestión productiva y medidas de apoyo para el sector.
5) Los gastos de los organismos descentralizados
El total presupuestado para el sector se divide en $129.865 millones para la administración central y $342.529 millones para organismos descentralizados. Esa composición refleja la apuesta por fortalecer capacidad técnica y servicios territoriales.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recibirá $315.538 millones, con $238.027 millones para Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia y Extensión, y $51.856 millones para Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas. Estas partidas son clave para modernizar prácticas y mejorar productividad en predios de todo el país.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuenta con $288.666 millones, incluidos $66.705 millones para inocuidad, $46.184 millones para sanidad animal y $37.191 millones para protección vegetal. El mantenimiento de esos recursos es central para sostener mercados externos y prevenir brotes sanitarios.
Otros organismos reciben montos asignados: INASE $27.250 millones, INV $20.394 millones e INIDEP $29.226 millones. En tanto, programas del Ministerio de Economía incluyen $106.010 millones para aumento de producción sostenible, $9.644 millones para gestión del riesgo agropecuario, $7.227 millones para control comercial y $2.067 millones para bonificaciones de tasas.
En síntesis, el Presupuesto 2027 coloca al agro en el centro de las expectativas macro y del diseño de políticas públicas, con recursos dirigidos a investigación, sanidad y medidas de mitigación de riesgos. Para productores, empresas y gobiernos provinciales, las cifras definen prioridades de corto y mediano plazo y condicionan decisiones de inversión.
Seguir la ejecución de estas partidas y la evolución de variables climáticas y de precios será clave para anticipar efectos sobre ingresos y costos en el campo. La lectura detallada del Presupuesto permite entender dónde habrá apoyo público y dónde aumentará la vulnerabilidad ante shocks externos.
