El Senado dio anoche media sanción al nuevo marco de la Ley de Biocombustibles, con un resultado de 41 votos afirmativos, 25 negativos y ninguna abstención, según informó la Fundación Barbechando.
Este proyecto reemplaza la ley vigente 27.640 y llega tras una sesión extensa marcada por propuestas de mayoría y de minoría.
La aprobación en la Cámara Alta abre el camino para que el debate continúe en Diputados, donde el texto deberá recorrer comisiones antes de llegar al recinto.
Para el sector agroindustrial, la iniciativa es clave porque otorga un marco jurídico que puede destrabar inversiones y consolidar cadenas productivas en el interior del país.
Qué cambia en el marco de los biocombustibles
El nuevo régimen eleva los cortes obligatorios en los combustibles: pasa el biodiésel de 7,5 % a 10 % y el bioetanol de 12 % a 15 % al año de sancionada la ley.
Dentro del bioetanol se mantienen 6 % para caña y 6 % para maíz, y se destina el restante 3 % al mercado de libre negociación.
La fijación de precios cambia la discrecionalidad por una referencia vinculada a la paridad de importación, reemplazando la fórmula de costos que usaba la Secretaría de Energía.
El objetivo declarado es dar señales más predecibles para inversiones y para la formación de precios en un mercado competitivo.
Se elimina la restricción que impedía a las grandes aceiteras “integradas” participar en la provisión al mercado interno, aunque se incorpora un tope de 20 % del volumen anual por empresa.
Esa limitación busca equilibrar la entrada de players con la protección de plantas regionales y pymes que históricamente cubrieron el corte obligatorio.
La ley incorpora regionalización del suministro y establece un diferencial del 20 % por distancia para compensar costos logísticos de plantas más alejadas.
Además, el cumplimiento del corte obligatorio se canalizará a través de subastas en un mercado electrónico único, público y operado por un organismo independiente.
Se habilita el co-procesamiento: refinadores que mezclen materia no fósil podrán incorporar ese volumen sin que compute para el corte obligatorio, pero accediendo a beneficios impositivos hasta un tope del 5 % de la mezcla.
También se permite que provincias y la Ciudad de Buenos Aires promuevan regímenes de bocas de expendio con cortes superiores y se autoriza la incorporación de vehículos flex fuel.
Biocombustibles: la nueva “tabla” y las peleas del biodiésel
El eje del conflicto fue la interna entre las empresas no integradas (pymes regionales) y las aceiteras integradas, que presionaban por acceso al mercado interno.
La negociación dejó a las pymes con un piso transitorio en la reserva del corte, que se reduce gradualmente hasta dejarles un 4 % en el periodo 2031–2036.
El texto establece una transición escalonada donde la porción reservada a no integradas cae mientras crece la participación del mercado total abierto a todos los actores.
Esa transición fue el punto central de la disputa política y técnica que marcó la votación en el Senado.
| Segmento / Año | Hoy | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 a 2036 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas no integradas | 7,5 % | 6,5 % | 5,5 % | 5 % | 4 % |
| Total mercado (integradas + no integradas) | 0 % | 3,5 % | 4,5 % | 5 % | 6 % |
| Corte obligatorio total | 7,5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Inversiones y proyecciones económicas
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebraron la media sanción y vincularon el nuevo marco con un horizonte de inversión.
Según estimaciones del sector, la plena implementación podría movilizar más de U$S 1.000 millones en ampliación de capacidad, tecnología e infraestructura.
Las entidades destacan que mayor previsibilidad normativa impulsaría la cadena de soya, maíz y caña de azúcar y favorecería la creación de empleos directos e indirectos.
También señalan un potencial ahorro de divisas por sustitución de importaciones de combustibles fósiles y mejora en la inserción exportadora a mediano plazo.
Sin embargo, la letra fina que defina el acceso al mercado, los precios de referencia y los mecanismos de subasta será clave para traducir esas estimaciones en proyectos concretos.
La siguiente estación legislativa es la Cámara de Diputados, donde el texto enfrentará un nuevo debate y eventuales ajustes antes de su sanción definitiva.
Mientras tanto, productores y plantas regionales siguen atentos a plazos y condiciones, porque de eso dependerá si deciden invertir o mantener proyectos en stand-by.
Si la ley se sanciona y entra en plena operatividad en 2027, como proyectan los sectores que avalan el texto, comenzaría una nueva etapa para la energía renovable en la matriz argentina.
