CNV restringe el uso de cheques en el mercado de capitales y prende alarmas en el agro
La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG N° 1166 que limita el uso de cheques electrónicos y establece la transferencia como única modalidad válida para la recepción y entrega de fondos en el mercado de capitales.
La medida fue justificada por la CNV como una forma de dotar de mayor certeza a los procedimientos y reducir rechazos en cobros, además de reforzar controles para prevenir conductas disvaliosas.
Qué cambia la norma y por qué importa
Con la entrada en vigencia de la resolución, entidades y agentes del mercado deberán canalizar todas las operaciones de fondos vinculadas a clientes exclusivamente mediante transferencias bancarias.
El cambio impacta de manera directa en sectores que usan el cheque como herramienta de gestión del capital de trabajo, especialmente la agroindustria y las PyMEs, que dependen del instrumento para cumplir plazos de pago y cobro.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su disconformidad y pidió al Gobierno que revise la medida frente al “encarecimiento del financiamiento” y la falta de previsibilidad en las reglas.
Desde el sector rural señalan que la norma, si bien persigue transparencia, puede trasladar costos adicionales a productores y empresas productivas, y dificultar la gestión de liquidez en campañas agrícolas.
El debate fiscal: más recaudación o más costos
Empresarios y analistas interpretaron la decisión como una política que potencia la recaudación del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como “Impuesto al Cheque”, por la mayor traza de las transferencias.
La preocupación es que cada transferencia atraviese el sistema bancario, aumentando la visibilidad de movimientos que pueden quedar alcanzados por gravámenes y, en consecuencia, elevar el costo efectivo de las operaciones financieras.
El reclamo de CARBAP también apunta a la rápida sucesión de cambios regulatorios, ya que meses atrás la misma CNV había autorizado el uso de cheques para las mismas transacciones.
Ese vaivén regulatorio alimenta la sensación de incertidumbre para quienes planifican financiamiento estacional, compras de insumos y programas de inversión en campo.
Qué piden productores y posibles salidas
CARBAP solicitó formalmente una revisión de la medida y convocó al Gobierno a una instancia de diálogo para evaluar el impacto sobre el financiamiento del sector productivo.
Especialistas consultados proponen alternativas como una implementación gradual, mecanismos compensatorios temporales para productores y PyMEs, o instrumentos de transferencia que minimicen el efecto fiscal sobre operaciones de capital de trabajo.
Otra opción técnica sería incorporar trazabilidad digital que preserve la transparencia buscada por la CNV sin reemplazar de forma inmediata los mecanismos de crédito tradicionales utilizados en el agro.
El objetivo de ese enfoque sería equilibrar controles y costos, evitando que restricciones financieras afecten la logística de siembra, cosecha y comercialización de granos y productos industriales.
Por qué esta norma interesa a la economía real
El agro representa un motor de exportaciones, empleo y demanda de insumos, por lo que cambios en su acceso al financiamiento tienen efecto en cadenas productivas y en las cuentas públicas.
Si las empresas rurales y las PyMEs enfrentan mayores costos financieros, puede haber menor inversión, retrasos en pagos a proveedores y tensiones en la continuidad de la producción.
La CNV sostiene que la resolución busca seguridad jurídica y control frente a prácticas problemáticas, enfatizando la necesidad de operaciones con fondos con trazabilidad.
Ahora resta ver si el Gobierno abre la mesa de diálogo solicitada por CARBAP y otros actores para ajustar la norma, o si se imponen reglas estrictas que reconfiguren la financiación de la actividad productiva.
