En menos de una semana la crisis en Pauny escaló a un nuevo pico con 168 cheques rechazados por un total de $ 1.237,9 millones, según la central de deudores del Banco Central. Esta cifra expone un deterioro financiero que afecta directamente a la planta, a sus más de 450 empleados y a la economía local.
La situación se agravó cuando la fábrica dejó de cumplir el cronograma de suspensiones acordado y falló en el pago de salarios, lo que derivó en la decisión de los trabajadores de presentarse y tomar la planta en señal de protesta. El conflicto evidencia no solo un problema empresarial sino una emergencia social en Las Varillas y la región.
Pauny, históricamente líder en maquinaria agrícola en Argentina, venía operando bajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que establecía trabajo tres días por semana y el pago del 75 % del salario. Ese esquema ya mostraba tensiones y ahora queda en entredicho tras las últimas faltas de cumplimiento de la patronal.
Ante la falta de respuestas concretas, ya se realizaron dos audiencias en la delegación de la Secretaría de Trabajo de Córdoba sin que la empresa presentara un plan creíble de pago. La ausencia de definiciones precipitó la protesta que llegó hasta el edificio municipal y derivó en la ocupación temporal de la fábrica.
Situación salarial y alcance social
Los operarios llevan acumuladas 3 quincenas sin cobrar —la segunda de septiembre y las dos de octubre— y, según fuentes gremiales, la quincena promedio ronda los $ 700.000. Ese atraso salarial implica, por lo menos, una obligación superior a $ 1.000 millones solo en sueldos, sin contar aportes y contribuciones patronales adeudadas.
El impacto es inmediato en la vida de las familias: desalojos, dificultades para alimentar a los hijos y creciente desprotección social, según relataron delegados sindicales. La UOM advirtió que la situación es “insostenible” y pidió medidas urgentes ante la Secretaría de Trabajo.
Además del pasivo salarial, la empresa enfrenta obligaciones previsionales y fiscales que agravan la magnitud del problema y complican cualquier plan de continuidad sin un aporte de capital. La falta de pago también erosiona la confianza de proveedores y clientes, lo que puede multiplicar el efecto de la crisis sobre la cadena de maquinaria agrícola.
Búsqueda de soluciones y escenarios posibles
La UOM solicitó dejar sin efecto el acuerdo del PPC y exigió que, si la empresa efectúa pagos, se retribuya el 100 % de los salarios pendientes en lugar del 75 %. El reclamo incluye la convocatoria a los trabajadores para que se presenten y una exigencia de un plan de pago claro antes de cualquier normalización.
La esperanza de evitar el cierre recae en la aparición de un inversor o accionista externo capaz de inyectar capital y cubrir el pasivo salarial, opción que fuentes cercanas califican como todavía “verde”. En la negociación también interviene el gobierno provincial, que sigue el caso por la relevancia de Pauny en la industria local y nacional.
Representantes del sector sostienen que la empresa llegó a esta situación pese a tener cartera de contratos, porque no aplicó a tiempo ajustes comerciales que habrían permitido reducir costos y adaptar producción. Ese retraso en la reestructuración dificulta hoy la atracción de una solución financiera que garantice viabilidad y empleo.
Entre los actores de peso en las gestiones aparece Manuel Calvo, jefe de Gabinete de la provincia y oriundo de Las Varillas, y la alternativa intermedia que se evalúa es un adelanto provincial bajo la forma de subsidio o préstamo blando. La próxima audiencia, prevista para el jueves, será clave para conocer si hay una vía de salvataje o se profundiza la parálisis productiva.
El desenlace no solo definirá el futuro de una marca emblemática de la maquinaria agrícola, sino que influirá en proveedores, comercios locales y en la oferta de repuestos y servicios en todo el país. Resolver la situación a tiempo es crucial para evitar la pérdida de capacidad productiva y profundizar un impacto social que ya es palpable en Las Varillas.
