La crisis de la fábrica de tractores Pauny se profundizó en pocos días, con la cantidad de cheques rechazados que pasó a 168 y un pasivo registrado de $ 1.237,9 millones en la central de deudores del Banco Central.
Ese salto confirma un escenario financiero que, según gremios y fuentes judiciales, se está “desangrando” y pone en riesgo no solo a la planta sino a cientos de familias vinculadas a la maquinaria agrícola.
PAUNY: una deuda salarial que se acumula
La empresa viene operando bajo un esquema de suspensiones que la obliga a trabajar solo tres días por semana y pagar el salario al 75 % según el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) aprobado por la UOM.
Ese arreglo afecta a 450 empleados y se combinó con la acumulación de atrasos: los operarios llevan tres quincenas sin cobrar, lo que, a un promedio de $ 700.000 por quincena, representa más de $ 1.000 millones solo en salarios impagos.
Además de los sueldos acumulados, la empresa adeuda cargas sociales y contribuciones patronales que profundizan el pasivo laboral y financiero.
La tensión social escaló cuando la firma pidió a los trabajadores que no concurrieran a la planta por falta de actividad, una medida que el gremio rechazó y que derivó en la presentación masiva de empleados.
Hubo dos asambleas en la delegación Las Varillas de la Secretaría de Trabajo de Córdoba sin respuestas concretas de la empresa sobre cómo piensa cancelar la deuda.
Fuentes sindicales señalaron que la patronal no presentó un plan para pagar ni para garantizar la continuidad, y el malestar derivó en protestas frente al municipio local.
¿Quién puede salvar a Pauny?
Frente a los incumplimientos, la UOM pidió dejar sin efecto el acuerdo del PPC y exigió que si se cumplen pagos estos sean por el 100 % de los salarios, no por el porcentaje reducido vigente.
Los líderes gremiales advirtieron sobre casos de familias al borde del desalojo y la imposibilidad de cubrir necesidades básicas tras semanas sin ingresos.
El gobierno provincial interviene en las negociaciones por tratarse de una empresa emblemática de la maquinaria agrícola cordobesa, y el jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, es uno de los funcionarios que busca alternativas.
La única salida concreta sobre la mesa es la entrada de un inversor o socio con capital suficiente, aunque los nombres y condiciones se mantienen en estricta reserva.
La próxima audiencia, prevista para el jueves, fue marcada como la fecha clave para definir si aparece un salvataje financiero o si la Provincia acuerda un adelanto parcial mediante subsidio o préstamo blando.
Si ninguna de esas vías prospera, el riesgo se extiende a la continuidad del empleo y al posicionamiento de Pauny como líder en el mercado de tractores argentino.
Para el sector agroindustrial, la quiebra o reestructuración abrupta de Pauny tendría un impacto en la cadena de valor, desde proveedores hasta distribuidores y usuarios rurales.
Los próximos pasos a seguir por lectores y productores son claros: monitorear la audiencia del jueves, la aparición de posibles inversores y las decisiones de la Provincia sobre apoyo financiero.
