Productores cuestionan que VISEC sea obligatorio para vender carne a la Unión Europea

Desde enero próximo entra en vigor el Reglamento 1115 de la UE, que exige que la soja y la carne importadas provengan de campos “libres de deforestación” desde diciembre de 2020 en adelante. Esta norma cambia las reglas del juego para las cadenas agroexportadoras y pone en tensión la relación entre productores y frigoríficos.

En la última semana la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) intensificó su rechazo a que los frigoríficos impongan la inscripción obligatoria en la plataforma VISEC como condición para comprar novillos con destino a Europa. La controversia se agudizó cuando varios productores recibieron comunicaciones de empresas que advierten descuentos de hasta 10 % para quienes no estén registrados en esa herramienta.

Qué exige la UE y por qué importa

El Reglamento 1115 demanda trazabilidad y evidencia de que los productos no provienen de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. El objetivo europeo es filtrar su cadena de suministro global para cumplir metas ambientales, lo que puede repercutir en el acceso de las carnes argentinas al mayor mercado mundial.

Para los productores argentinos la aplicación práctica de esa norma significa demostrar el origen de cada lote, lo que obliga a combinar registros rurales, datos satelitales y certificados sanitarios. La forma en que se valide esa información definirá si el costo recae en los productores, los frigoríficos o se reparte entre ambos actores.

Controversia por VISEC y la postura de CRA

El sector privado agroexportador desarrolló VISEC como una herramienta de trazabilidad para acreditar cumplimiento frente a compradores internacionales. Sin embargo, CRA sostiene que no corresponde que un único sistema privado se convierta en requisito excluyente, cuando existen otras vías de certificación y el Estado, a través del Senasa, dispone de información oficial.

En la Expo Rural de El Zapallar (Chaco) el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, advirtió que se está trasladando el costo al productor y que esa práctica puede entenderse como un castigo cuando se aplican descuentos. “Premiar es pagar un precio adicional por encima del precio de mercado, no hacer un descuento del 10 %“, resumió la entidad en su comunicado, subrayando la diferencia entre incentivo y penalización.

Impacto económico y comparaciones regionales

La imposición de sistemas obligatorios sin consenso puede reducir márgenes y desalentar inversiones en el sector ganadero, según advierten referentes rurales. CRA destaca que si países como Uruguay y Paraguay pudieron avanzar en certificación y acceso al mercado europeo, Argentina también dispone de la capacidad técnica y administrativa para hacerlo sin perjudicar al productor.

Además de la pérdida directa por descuentos, los productores enfrentan costos administrativos y logísticos adicionales para adaptarse a nuevos esquemas de trazabilidad. Esa suma puede ser especialmente gravosa para productores de menor escala, que concentran gran parte del tejido productivo argentino.

Qué opciones de certificación existen y el rol del Estado

Existen alternativas privadas a VISEC y mecanismos públicos, principalmente el registro y certificación a cargo del Senasa, que según CRA ya cuenta con datos suficientes para acreditar trazabilidad. La discusión se centra en si los frigoríficos pueden condicionar operaciones comerciales a una única plataforma privada o deben aceptar múltiples canales de certificación equivalentes.

Para evitar conflictos comerciales y riesgos de pérdida de mercado, especialistas proponen acuerdos tripartitos entre Estado, frigoríficos y productores que establezcan criterios de equivalencia y costos compartidos. Un marco de reglas claras reduciría la incertidumbre y limitaría prácticas discriminatorias en la cadena de pagos.

Qué piden los productores y los próximos pasos

CRA reclama condiciones justas, seguridad jurídica y herramientas propias para cumplir con las exigencias internacionales sin que el productor asuma la carga completa de adaptación. La entidad exige que gobiernos nacional y provinciales adecúen normas y coordinen con el sector privado para garantizar competitividad y continuidad de las exportaciones.

El plazo que impone la UE añade urgencia a la negociación, por lo que las resoluciones que se tomen en las próximas semanas definirán la rutina comercial de la campaña. Si no hay acuerdos claros, el riesgo es que la tensión se traslade a precios y acceso al mercado europeo, con impacto directo en la renta del productor argentino.

Para CRA la defensa de la producción y la generación de condiciones para invertir forman parte de una agenda federal y representativa que busca evitar impactos desproporcionados sobre productores de distintas escalas. La disputa por VISEC, más que técnica, es una pulseada por cómo se distribuyen costos y beneficios del nuevo mapa comercial ambientalmente regulado.