El Senado avanzó este miércoles en la discusión de una nueva Ley de Biocombustibles, en una sesión de comisiones marcada por tensiones políticas y divergencias técnicas entre bloques.
La discusión tiene impacto directo en la mezcla de combustibles del país, la rentabilidad de las economías regionales y la distribución del mercado interno entre grandes exportadoras y pymes.
Un plenario con tensión procedural y política
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunieron con vocación de dictamen, pero la sesión sufrió cruces por el tratamiento de otros proyectos en simultáneo.
El vicepresidente de Presupuesto, Fernando Aldo Salino, pidió resolver si habría o no cuarto intermedio antes de entrar al fondo, en un clima que incluyó reclamos por la falta de autoridades estables en la mesa.
Hubo quórum parcial en Minería y la presencia de referentes como Flavia Royón, recientemente ascendida a la titularidad de esa comisión y autora de un proyecto propio sobre biocombustibles.
Representantes del NOA presionaron por certidumbre para las economías azucareras, mientras que otros senadores reclamaron rapidez porque “muchas provincias están esperando este nuevo marco regulatorio”.
El núcleo del conflicto: grandes exportadoras vs. pymes
En el centro del debate aparece la posibilidad de que las grandes agroexportadoras y fabricantes participen del mercado interno del biodiésel, algo que la ley vigente prohíbe y que las pymes resisten con fuerza.
Ese choque sectorial es clave para entender por qué la discusión se empantana: la apertura del mercado interno modifica cuotas, precios y dinámicas de abastecimiento que afectan a regiones como La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires.
El proyecto en consideración mantiene un corte obligatorio de 10 % de biodiésel en gasoil y propone un mecanismo para sumar hasta 5 % adicional vía coprocesamiento por parte de petroleras, lo que elevaría el uso efectivo al 15 %.
Además, el texto plantea que las empresas no integradas conserven el esquema vigente hasta 2030 y contempla un piso del 3 % para ese segmento hasta 2031, con ajustes en las pautas de comercialización.
Otro eje controvertido es la formación de precios: se propone reemplazar precios máximos por precios de referencia atados a la paridad de importación, con un mecanismo de intervención si el mercado supera ese techo.
Propuestas oficiales y alternativas en debate
El proyecto impulsado por Patricia Bullrich y La Libertad Avanza plantea tratar conjuntamente bioetanol y biodiésel, una estrategia que, según sus promotores, facilitaría la reconversión del sector.
Bullrich y aliados comparan la situación con Brasil y aseguran que Argentina podría subir el corte de bioetanol hasta el 18 %, cambiando el foco de “si” a “cuánto aumentar”.
En paralelo, el bloque que encabeza Jorge Capitanich presentó una alternativa con cinco ejes clave, que incluyen esquemas impositivos vía RIGI ampliado, bonos de crédito fiscal y financiamiento del Banco Nación.
Esa propuesta contempla además subastas para la comercialización, ampliación de operadores en el mercado electrónico y una excepción para el Combustible Sostenible de Aviación para no contradecir normativas internacionales.
Puntos clave del proyecto y sus alternativas
- Corte obligatorio biodiésel: 10 % con hasta 5 % adicional por coprocesamiento, uso efectivo 15 %.
- Protección a no integradas: vigencia del esquema hasta 2030 y piso del 3 % hasta 2031.
- Formación de precios: referencia atada a paridad de importación y mecanismo de intervención.
- Propuestas alternativas: cortes escalonados, reserva del 30 % para pymes y subastas para comercializar volúmenes.
- Objetivo en bioetanol: llegar al 18 % de corte de manera gradual según algunos proyectos.
Senadores como Carolina Moisés propondrán desdoblar el tratamiento de biodiésel y bioetanol para destrabar negociaciones, y enfatizaron incentivos para agregado de valor en origen.
Las propuestas buscan fomentar subproductos del maíz como DDGS y WDGS, y articular políticas provinciales para radicación industrial y absorción de producción local.
Qué está en juego y próximos pasos
La discusión no es solo técnica sino geopolítica y económica: la nueva ley definirá quién abastece el mercado interno, cómo se fijan los precios y qué regiones reciben mayor demanda industrial.
La aprobación o el rechazo modelará inversiones en plantas, el valor del aceite y del etanol, y la capacidad de las provincias para retener valor agregado en origen.
El próximo plenario será clave: Bullrich avisó que la sesión de la semana siguiente será “determinante” para forzar una resolución entre intereses contrapuestos.
Si no hay acuerdo, el estancamiento podría prolongar la incertidumbre para las economías regionales y mantener la tensión entre grandes jugadores y pymes proveedoras de las petroleras.
En ese contexto, expertos consultados por este medio advierten que una ley equilibrada debería garantizar abastecimiento, previsibilidad de precios y un piso de demanda para las pymes que hoy sostienen parte esencial de la cadena.
La definición legislativa impactará también en la estrategia de integración regional dentro del Mercosur y en la posibilidad de ampliar cortes sin generar distorsiones comerciales.
En resumen, la reforma de la Ley de Biocombustibles pone en tensión intereses productivos, fiscales y ambientales y exigirá acuerdos políticos para evitar que la discusión vuelva a trabarse.
La paradoja legislativa es clara: hay consenso en objetivos amplios pero desacuerdo en repartos y mecanismos, y el resultado condicionará la agenda energética y agroindustrial de la próxima década.
