El INASE y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunciaron la prórroga del convenio marco que sostiene el funcionamiento del sistema de muestreo varietal conocido como Bolsatech.
La medida busca mantener activo un mecanismo que comenzó a aplicarse en la campaña 2015/16 y que nació en respuesta a los conflictos por el uso de semillas mejoradas sin el pago de regalías.
De izq. a der.: representantes de la SAGYP, el INASE y la Bolsa de Cereales durante la firma del acuerdo.
Qué es y cómo opera Bolsatech
El sistema Bolsatech realiza muestreos y análisis de identidad varietal en el primer punto de entrega de granos, integrándose al flujo logístico habitual de comercialización.
Su objetivo es verificar si las toneladas entregadas coinciden con la semilla declarada y, en caso contrario, activar mecanismos de cobro de regalías o auditoría por parte del Estado.
El procedimiento incluye toma de muestras en acopios, cooperativas, industrias o terminales portuarias cada vez que ingresa un camión con granos.
Esas muestras se envían a laboratorios autorizados por las Bolsas para detectar la presencia de eventos biotecnológicos patentados y trazar el origen de la semilla.
En la práctica, el sistema distingue entre volúmenes amparados por un “crédito en toneladas” —cuando la semilla fue comprada legalmente— y excedentes no declarados que generan la notificación a los obtentores.
Además, todos los datos del muestreo quedan a disposición del INASE para auditoría, según la Resolución Conjunta INASE‐SAGyP N°3/2026.
Un debate abierto sobre derechos y regalías
La prórroga del convenio se firmó entre el presidente del INASE, Martín Famulari, y el titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, en un contexto de fuerte discusión pública sobre el control de semillas.
La controversia enfrenta el reclamo de los obtentores por el pago de regalías y la defensa del uso propio que esgrimen los productores, con propuestas intermedias de la Mesa de Enlace.
En los últimos días ese debate se trasladó a La Rural, donde coincidieron actores del campo, la industria y el Gobierno para discutir posibles cambios regulatorios.
Una pieza central de la mesa es si la normativa debería actualizarse con la adhesión o no al protocolo UPOV‐91, que define estándares internacionales de protección de obtenciones vegetales.
Mientras tanto, surgió un mecanismo impulsado por el Ejecutivo que permite contratos entre privados para regular ventas y reconocimiento de propiedad intelectual, lo que generó rechazo en parte del sector.
La crítica principal a ese esquema es que puede privatizar controles y obligar a productores a aceptar condiciones contractuales incluso sobre semillas obtenidas en sus propios lotes.
Sembrá Evolución y la presión sobre el acceso a tecnologías
En paralelo a la discusión legal se consolidó la iniciativa comercial Sembrá Evolución, impulsada por empresas semilleras que agrupa nuevas biotecnologías bajo un mismo paraguas.
La consecuencia para muchos productores es que, para acceder a las variedades de punta, deben adherir a ese sistema y sus condiciones comerciales.
Según el esquema de las compañías, Sembrá Evolución incorpora las tecnologías más recientes y obliga a los usuarios a reconocer la propiedad intelectual asociada para comercializar o usar las semillas.
Eso tensiona aún más la negociación por el uso propio y el alcance de las exenciones que plantean los distintos actores del campo.
Qué cambia con la prórroga y qué viene para la Ley de Semillas
La renovación del convenio deja en vigencia el esquema de muestreo de forma continua y su operativa, sin necesidad de renovaciones periódicas, lo que aporta previsibilidad en el corto plazo.
Sin embargo, la prórroga no zanja el debate de fondo sobre el marco legal que rige las semillas en Argentina desde hace casi 50 años.
La expectativa de parte del sector es que en 2026 se debata una nueva ley que modernice la normativa, aunque la cercanía del calendario electoral 2027 complica su aprobación.
Si no se trata este año, las posibilidades de consenso se reducen por la dinámica política y la prioridad que las cámaras legislativas suelen dar en años preelectorales.
Para los productores, la pregunta clave es cómo equilibrar el acceso a tecnologías de alto rendimiento con el derecho tradicional al uso propio que sostiene buena parte del sector.
Para los obtentores, la prioridad es asegurar mecanismos que garanticen el cobro de inversiones en investigación y desarrollo de variedades mejoradas.
Impacto práctico para productores y la cadena comercial
En términos operativos, la continuidad de Bolsatech implica que cada entrega de granos puede estar sujeta a verificación analítica y a cruces de datos fiscales del SISA para direccionar controles.
Eso reduce el margen para ventas “a ciegas” y busca optimizar recursos mediante algoritmos de riesgo en lugar de testeos masivos.
Para el productor, la herramienta puede significar mayor seguridad jurídica si tiene la semilla comprada, o mayores obligaciones administrativas y costos en caso de excedentes sin crédito.
Para la cadena, supone transparencia adicional en el flujo comercial y un canal formalizado para la gestión de créditos, facturación de cánones y auditorías.
En definitiva, la prórroga del convenio mantiene vigente un mecanismo técnico que influye en la distribución de costos y responsabilidades entre productores, empresas y el Estado.
El verdadero cambio estructural, sin embargo, dependerá de la sanción de una nueva Ley de Semillas que resuelva tópicos centrales como el alcance del uso propio y la incorporación de estándares internacionales.
