La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) reclamó a la Legislatura de Córdoba que avance en el tratamiento de los proyectos presentados por los legisladores Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich. La petición apunta a poner fin al cobro que aplican numerosos municipios y comunas por el visado y conformado de las guías para el traslado de hacienda.
El tema ganó protagonismo porque, según la entidad, esas tasas se cobran pese a que la gestión de las autorizaciones está centralizada en SENASA. El reclamo plantea un conflicto entre la normativa local y la realidad operativa del servicio sanitario nacional.
Una tasa sin contraprestación clara
CARTEZ sostiene que muchos productores pagan por una prestación que no reciben, y califica la situación como una carga injusta sobre quienes crían y engordan animales. La organización denuncia que, en la práctica, “cobran, pero no prestan servicio alguno”.
En varios distritos, la gestión de las guías migró a plataformas electrónicas gestionadas por SENASA, lo que dejó sin fundamento técnico el visado municipal. Aun así, persisten tasas que los gobiernos locales justifican por diversos motivos, generando confusión y diferencias según la zona.
En algunos casos, la recaudación se comparte con sociedades rurales, lo que añade otra capa de complejidad en la ecuación. Esa dispersión de prácticas provoca que el costo recaiga sobre un conjunto reducido de vecinos de menor ingreso, según la entidad.
Reclamo por equidad y por el costo que soportan los productores
La crítica central de CARTEZ es un argumento de equidad: la tasa no afecta por igual a todo el sector agropecuario, sino que pesa sobre quienes mueven hacienda. La organización advierte que esta desigualdad desalienta la actividad productiva y genera distorsiones competitivas entre productores.
Además, CARTEZ subraya el aporte de la ganadería al tejido rural y pide no cargar con esos costos a quienes sostienen el arraigo, la producción y el empleo rural. Para la entidad, la solución pasa por una norma provincial que evite que cada municipio decida de forma aislada.
El argumento fiscal de algunos intendentes —destinar fondos a renovar el parque automotor o compensar menores recursos por coparticipación— no convence a los productores. CARTEZ considera que esos fines legítimos no justifican trasladar el costo a un sector concreto sin una contraprestación efectiva.
Qué pide CARTEZ a la Legislatura provincial
La entidad solicitó a la Comisión de Agricultura que analice los proyectos de Agost Carreño y Gvozdenovich y convocó al presidente de la comisión, Mariano Ceballos, a garantizar la participación de los productores en el debate. CARTEZ busca que la discusión se centre en las normas que habilitan a municipios y comunas a intervenir en el visado y conformado de las guías.
El planteo reclama establecer un criterio general para toda la provincia que elimine las diferencias territoriales en materia de cobros por guías. Para la organización, una solución normativa evitaría arbitrariedades y aliviaría la carga administrativa y económica sobre los productores ganaderos.
Si la Legislatura avanza, la medida podría homogeneizar prácticas y reducir costos operativos para quienes trasladan animales dentro de la provincia. En el corto plazo, la falta de definición mantiene la incertidumbre y la percepción de inequidad entre municipios y productores.
