La negociación por la reapertura de la planta La China, de la avícola Granja Tres Arroyos (GTA), volvió a quedar en punto muerto tras las audiencias celebradas en Paraná entre la empresa, los sindicatos y el gobierno provincial. Pese a la convocatoria a diálogo, las partes no lograron acercar posiciones y acordaron un cuarto intermedio; mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) convocó a una reunión urgente en Buenos Aires para intentar un nuevo avance “en defensa de salarios y preservación de puestos de trabajo”. El pulso se libra entre una propuesta empresarial que exige financiamiento inmediato y un entramado productivo y laboral que cuestiona la viabilidad y las condiciones anunciadas.
Audiencias sin acuerdos: medidas paliativas y reclamos sindicales
La audiencia realizada en Paraná concluyó sin resoluciones que despejen la incertidumbre. Según relatan dirigentes sindicales, la empresa presentó un plan de reactivación parcial condicionado a la obtención de fondos —US$8 millones— y a un plazo aproximado de 60 días para retomar faenas reducidas (80.000 pollos diarios), con una meta posterior de ampliar la operativa a 160.000–170.000 pollos, lo que requeriría montos adicionales. En el intercambio, el sindicato acusó a la empresa de presentar “una propuesta inviable” y de no ofrecer un esquema concreto de cancelación de las deudas salariales.
Como medidas de corto plazo, las partes acordaron asistencia alimentaria temporal, la implementación de subsidios personales de $25.000 semanales para los empleados afectados y acceso a una tarifa social de energía eléctrica. La línea de ayuda es limitada y no satisface las demandas de los trabajadores, que denuncian mora en el pago de salarios y condiciones de vulnerabilidad. Julio Chamorro, secretario general de STIA Concepción del Uruguay, calificó el ofrecimiento como insuficiente y advirtió sobre la incertidumbre que genera depender de la concreción de financiamiento externo para reabrir la planta.
El escenario laboral se tensiona además por la falta de plazos firmes: la empresa estimó en la reunión que recién a comienzos de 2027 podría recuperarse una “normalidad” operativa, con un desarrollo gradual de las reincorporaciones. Esa proyección alimenta la preocupación entre empleados que requieren certezas inmediatas para sostener sus ingresos y entre familias que dependen de esos salarios.
Reestructuración de deuda y la dificultad de reconstruir la cadena de producción
Paralelamente a las negociaciones laborales, GTA está inmersa en un proceso de reestructuración financiera de pasivos por aproximadamente US$350 millones, llevado adelante junto con la consultora Valo Columbus. Fuentes acreedoras citadas por la prensa indican que la oferta contempla quitas de hasta el 75% del capital y plazos de pago que podrían extenderse hasta siete años. Es un esquema típico de reperfilamiento que, de aprobarse, implicaría pérdidas significativas para proveedores y acreedores y afectaría la confianza en las relaciones comerciales.
La posibilidad de reabrir La China enfrenta, además del frente financiero, un problema logístico y de confianza: la planta operaba apoyada en una red de productores integrados que abastecían los ciclos de crianza y suministro de aves. Ricardo Unrein, de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (CAPIP), señaló que la evacuación masiva de granjas integradas en los meses previos deja hoy un mapa productivo muy deteriorado. Según su estimación, para sostener una faena de 80.000 pollos diarios sería necesario disponer de casi cuatro millones de aves en crianza y alrededor de 70 granjas activas. En ausencia de esa red, la reapertura plena resulta extremadamente compleja.
Implicancias para la cadena de valor avícola
La crisis de una planta con la escala de La China tiene efectos en cascada sobre la cadena avícola: desde la provisión de alimento balanceado y servicios veterinarios hasta la logística de procesamiento y la distribución de carne fresca y productos elaborados. El modelo de integración vertical —en el que la empresa coordina granjas, insumos y faena— depende en gran medida de la confianza entre las partes; una ruptura prolongada erosiona esa confianza y fomenta la dispersión de productores hacia otras cámaras o mercados alternativos.
Productores que permanecerían vinculados denuncian problemas operativos severos: falta de insumos, cheques rechazados, cuentas embargadas y episodios de desabastecimiento de alimento en granja. Un testimonio anónimo reprodujo la situación dramática de haber estado seis días sin suministro de alimento en la granja, con una mortandad masiva que redujo significativamente el volumen de animales aptos para faena. Ese tipo de daño productivo tiene efectos acumulativos: la pérdida de lotes y la caída en la densidad de aves en crianza implican meses hasta restituir la capacidad productiva, aun si la planta pudiera volver a operar en plazos cortos.
Desde la perspectiva sanitaria y regulatoria, cualquier plan de reapertura tendría que articularse con los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y con las obligaciones para garantizar bienestar animal y trazabilidad. Las exigencias sanitarias se combinan con la necesidad de restaurar cadenas de pago y contratos con proveedores de insumos —un factor clave para reestablecer la logística de crianza y faena sin generar nuevos desajustes.
Impacto económico y reputacional
Más allá de la empresa y los empleados, la situación repercute en la dinámica local y regional: empleos directos e indirectos, recaudación tributaria provincial y flujos de comercialización. El cierre o la parcialidad en la operación de una planta de gran envergadura puede presionar precios locales y generar cuellos de botella en la oferta de pollo fresco, uno de los alimentos proteicos de mayor consumo interno en Argentina.
Los productores integrados también señalan que las medidas de fuerza sindicales previas tuvieron un impacto directo en la operatoria diaria y agravaron la situación financiera de la planta. Cuestiones como demoras en la faena o falta de comunicación sobre cargas de camiones derivaron, según testimonios, en pérdidas por animales muertos en transporte o por procesos incompletos, lo que aumentó la tensión entre gremios y empresarios.
Próximos pasos y escenarios posibles
En las próximas jornadas el eje estará puesto en la reunión urgente convocada por STIA en Buenos Aires, donde los representantes sindicales buscarán consolidar una postura unificada y explorar alternativas para proteger salarios y empleos. Por su parte, la empresa continuará la negociación con acreedores para intentar cerrar un acuerdo de reestructuración que le permita obtener el financiamiento necesario para una reactivación parcial.
Los credores y proveedores deberán decidir si aceptan quitas significativas y plazos prolongados a cambio de mantener alguna expectativa de cobro, o si, por el contrario, optan por otras rutas legales o comerciales. En paralelo, los productores integrados evaluarán su disposición a reincorporarse a un esquema que garantice pago y condiciones técnicas; sin esa decisión, la planta no podrá alcanzar los volúmenes necesarios para operar con rentabilidad.
Las autoridades provinciales, que participaron en las audiencias, podrían tener un rol de facilitación —por ejemplo, intermediando líneas de crédito, subsidios temporales o programas de empleo—, aunque esas iniciativas suelen requerir sustentabilidad técnica y financiera para evitar transferir problemas privados al erario público.
Mientras tanto, la discusión pública se centra en la sostenibilidad de modelos de integración en la agricultura y la necesidad de marcos que protejan tanto a los trabajadores como a los proveedores ante crisis empresariales de gran magnitud. La combinación de una reestructuración de deuda ambiciosa, la pérdida de confianza entre actores productivos y una base laboral afectada plantea un desafío complejo que requerirá decisiones rápidas y coordinadas si la intención es evitar un cierre definitivo y minimizar el daño social y productivo en la región.
