La discusión por la Ley de Semillas sigue siendo una deuda pendiente en la agenda del agro argentino, porque la normativa vigente data de 1973 y choca con las necesidades actuales de innovación y seguridad jurídica. El debate se aceleró en 2026 pero aún no hay consenso para una actualización que garantice inversión y previsibilidad.
Debate en AGROMGMT
El tema fue uno de los ejes en la 3a edición de AGROMGMT, el encuentro organizado por Infocampo que reunió a obtentores, productores y autoridades para discutir el futuro de la cadena semillera. El panel «Ley de Semillas y Propiedad Intelectual: ¿Quién paga la innovación?» puso en escena a representantes del INASE, la Sociedad Rural Argentina y la industria privada.
Entre los participantes estuvieron Martín Famulari, presidente del INASE, Nicolás Pino por la SRA y Lucas Amadeo por la industria semillera, lo que permitió un cruce directo entre posiciones históricamente alejadas. Los invitados coincidieron en la necesidad de una norma actualizada que aporte reglas claras para todos los actores y genere confianza para invertir en mejoramiento genético.
Diagnóstico: más diálogo, pero la ley no avanza
La industria valoró que en 2026 se dio «un debate serio y profundo» que acercó posiciones, aunque el proceso legislativo todavía no cerró la brecha entre obtentores y productores. Según Amadeo, «en tres o cuatro meses hablamos más que en tres o cuatro años», una síntesis que refleja mayor actividad pero no una solución definitiva.
Un dato alarmante que se destacó es que apenas 2 de cada 10 hectáreas en Argentina se siembran con semilla fiscalizada, cuando el país debería aspirar a estar en el top five mundial por calidad de su agricultura. La falta de reconocimiento efectivo de la propiedad intelectual frena el desarrollo de un mercado de semillas dinámico y competitivo.
Lo que Argentina está perdiendo
La comparación con Brasil fue recurrente durante el panel, tanto por el número de programas de mejoramiento como por los resultados productivos. Allí funcionan cerca de 15 programas de mejora para soja, mientras que en Argentina los productores acceden a apenas dos impulsados por empresas privadas, una brecha que impacta directamente en rendimientos.
Ese impacto se traduce en diferencias de 250 y 300 kilos por hectárea en algunos casos, según la industria, y en una pérdida económica estimada en USD 3.000 millones por estancamiento en el reconocimiento de la propiedad intelectual. Para Amadeo, la adopción de herramientas como la edición génica y nuevos esquemas de breeding multiplicaría las oportunidades si existiera un marco previsible.
Reclamos y puntos de convergencia
Productores y obtentores coincidieron en la necesidad de reglas claras, justas y duraderas que ofrezcan seguridad jurídica y promuevan la innovación sin sacrificar el acceso a la semilla. Nicolás Pino subrayó que la previsibilidad es clave porque el desarrollo de una variedad autógama, como soja o trigo, demanda entre 10 y 15 años.
La industria también planteó que el impuesto a las exportaciones —las conocidas retenciones— afecta la rentabilidad del productor y, por extensión, la posibilidad de que aumente la demanda de semilla mejorada. En ese sentido, Amadeo advirtió que medidas fiscales mal calibradas reducen el incentivo para invertir y limitan el mercado interno.
Qué esperar y por qué importa
Si el Congreso avanza con una ley que reconozca derechos y establezca criterios claros, la industria sostiene que la inversión en desarrollo de variedades podría activarse antes de los plazos electorales. La aprobación de una normativa moderna se presenta como un factor decisivo para impulsar la competitividad argentina en el largo plazo.
Mientras tanto, la discusión seguirá condicionando decisiones de inversión y la capacidad del país para cerrar brechas tecnológicas con competidores regionales. El signo de 2026 es claro: hubo diálogo y reconocimiento de la problemática, pero la transformación normativa todavía depende de acuerdos políticos y técnicos.
AGROMGMT y la agenda pendiente
La atención puesta en AGROMGMT deja en evidencia que la ley de semillas es un tema central para la próxima etapa de la agroindustria argentina y para la seguridad alimentaria nacional. En los próximos días se difundirá la cobertura completa de los paneles del evento con propuestas concretas y voces de los distintos eslabones del sector.
Para productores, obtentores y legisladores, la pregunta es si la discusión registrada en 2026 se traducirá en una norma que combine protección, acceso y previsibilidad. De eso dependerá la capacidad de Argentina para atraer inversión, mejorar rindes y transformar una deuda histórica en una oportunidad productiva.
